La entrevista de Il Fatto Quotidiano al fiscal adjunto de la DNA
"Creo que siempre es necesario tener una visión global de las reformas ya aprobadas y las que están en curso. El abuso de poder y el tráfico de influencias, las escuchas telefónicas con plazos determinados, la prohibición de que la prensa publique órdenes de prisión preventiva, las nuevas normas sobre contratos y subcontratos, por nombrar solo algunas, acaban creando un escudo, un sistema de protección para los poderosos. Es una justicia de dos velocidades: rigurosa y eficaz contra la delincuencia y los más desfavorecidos, con armas absolutamente descargadas contra los delitos de cuello blanco". Son palabras del fiscal nacional adjunto antimafia, exconsejero togado del CSM (Consejo Superior de la Magistratura), Nino Di Matteo, entrevistado por el diario Il Fatto Quotidiano.
La eliminación del delito de abuso de poder, subraya Di Matteo, representa un duro golpe a las investigaciones sobre la corrupción y los intereses mafiosos en los contratos. "Muchas de las investigaciones más importantes partieron precisamente de hipótesis iniciales de abuso de poder. Sin este tipo de delito, sería mucho más difícil descubrir situaciones similares. La nueva legislación sobre escuchas telefónicas también plantea inquietudes: el límite de 45 días para realizar escuchas telefónicas corre el riesgo de comprometer la eficacia de las investigaciones. Cualquiera con experiencia en el sistema judicial sabe que los primeros 45 días suelen ser solo para determinar si los teléfonos intervenidos son los correctos o si los micrófonos están colocados correctamente. Imponer este plazo compromete muchas investigaciones, incluso en delitos graves como asesinatos y secuestros".
Di Matteo expresa fuertes preocupaciones sobre el equilibrio de poder en el Estado, que se vería en riesgo por las recientes reformas del gobierno. Separación de carreras, revisión de la obligatoriedad de la persecución penal, introducción de nuevas infracciones disciplinarias para los magistrados que expresan su opinión: todo parece encaminado a desestructurar el sistema de equilibrio de poderes, fortaleciendo al poder ejecutivo en detrimento del judicial. El magistrado también denuncia un intento de silenciar al poder judicial: "No quieren que hablemos más, ni siquiera de justicia. Pero hemos jurado sobre la Constitución y, ante la no aplicación y la distorsión de los principios fundamentales de la Carta, no solo tenemos el derecho, sino también el deber de denunciar lo que está sucediendo".
*Foto de Portada: © Paolo Bassani