Se hablaba entonces de una "estrategia de masacres por parte del ala más agresiva de la mafia, en particular de los Corleoneses. Y en realidad esos atentados que luego afectaron a edificios de particular valor religioso, artístico, etc., se sucedieron según una lógica que parecía única y apremiante para someter a las autoridades públicas a un ultimátum. Si este ultimátum era para tener como resultado una petición de flexibilización de las medidas, en particular las de régimen de detención de los mafiosos en prisión, o perseguían la desestabilización político-institucional del país, era y es una cuestión de opinión".

Las palabras del ex jefe de Estado, Giorgio Napolitano, dejan poco espacio a la duda.

El 28 de octubre del 2014, ante el Tribunal Penal de Palermo (presidido por Alfredo Montalto) en el marco del proceso por la Tratativa Estado-mafia, se confirmó en parte la hipótesis de la Fiscalía: la mafia, a través de la campaña de masacres, había puesto al Estado ante un ultimátum, es decir, lo había obligado a hacer algo.

¿Qué en particular?

La hipótesis de la acusación es que el objetico era obligar a las autoridades públicas a realizar cambios normativos, luego resumidos en el famosísimo 'papello' de Salvatore Riina, en las medidas carcelarias.

La historia, como sabemos, es diferente de la verdad procesal; y la historia nos cuenta que ocurrió una cosa: el ministro de Justicia, Giovanni Conso, dejó vencer más de 300 disposiciones del artículo 41 bis para el mismo número de presos de la mafia, incluso después de la publicación de un informe de la DIA (Dirección de Investigaciones Antimafia) que planteaba la hipótesis de la existencia de una "tratativa en curso".

Tomé la decisión "en absoluta soledad", dijo el ex ministro de Justicia a los magistrados.

La declaración de Napolitano pinta un panorama inequívoco que, sin embargo, no agradó a los jueces de la Corte de Casación.

En las razones de la sentencia de tercer grado con la que fueron absueltos todos los imputados institucionales y se declararon prescritos los delitos contra los mafiosos, no tomaron en consideración, en absoluto, las palabras del ex jefe de Estado.

De hecho, fueron removidas quirúrgicamente de la estructura de la sentencia porque ésta argumenta que los mafiosos intentaron llegar a una tratativa con el Estado pero éste, según los jueces supremos, no lo aceptó.

Una contradicción en los términos, ya que el mensaje intimidante sí que llegó.

Napolitano -quien era presidente de la Cámara en el momento de las masacres- informó claramente en la audiencia que esta estrategia tenía un fin "desestabilizador" y chantajista.

"Las coincidencias realmente no existen", comenta Aaron Pettinari en el podcast.

Y en realidad la concomitancia de acontecimientos es mucha, demasiada, como para que una sentencia "tuitera", como la definió el ex procurador general de Palermo, Roberto Scarpinato, la deje en el olvido.