Suavizar la justicia y volverla inofensiva para la clase dirigente

Desde hace dos años, la Reforma Cartabia viene cumpliendo muy bien su propósito: a través de una serie de 'correctivos', algunos inútiles y otros claramente perjudiciales, ha conseguido su objetivo de hacer desaparecer las noticias de los periódicos y subordinar el sistema judicial a la clase dirigente.

Se fue haciendo lentamente, en pequeñas dosis, precisamente para que nadie se diera cuenta. Toda duda desapareció cuando el sucesor de Cartabia, Nordio, asumió el cargo para continuar el trabajo.

El primer punto es, naturalmente, el CSM (el Consejo Superior de la Magistratura): la reforma de Cartabia aumentó el número de miembros profesionales y laicos pero, alterando el sistema electoral, ha transformado literalmente al CSM en un holding de las corrientes internas, empeorando la situación de estancamiento que el sistema Palamara de había provocado. Esto indirectamente aumentó (y legalizó) el peso de la política dentro del organismo de autogobierno.

La reforma logró entonces sustancialmente implementar uno de los puntos del Plan de Renacimiento Democrático de Licio Gelli: la separación de carreras, con una transferencia única de funciones del fiscal al juez, posible sólo 10 años después de su ingreso al poder judicial.

Ahora el gobierno de los "patriotas" desea una separación efectiva de las carreras, completada con una enmienda constitucional. Pero sería sólo una mera formalidad. Una bandera política. Además, se introdujo una novedad que permie a ladrones, salteadores, secuestradores, delincuentes comunes y camorristas cometer delitos sin temor a la justicia: de hecho, algunos delitos contra la persona (como, por ejemplo, el delito de lesiones personales graves o gravísimas, en el caso no agravado, o el delito de lesiones personales, incluso leve), algunos delitos contra el patrimonio (como, por ejemplo, la estafa agravada por daños materiales sensiblemente graves), así como otros delitos por los que estaba previsto el procesamiento de oficio, ahora sólo se castigan si la persona ofendida presenta una denuncia.

Basta recordar el artículo del diario La Stampa que hablaba de ciertos "ladrones de autos que no pueden ser detenidos aunque los pillen con las manos en la masa porque el propietario no está en la ciudad y no puede firmar el informe. Carteristas seriales que podrían salirse con la suya porque son imposibles de rastrear que acabarán saliendo de prisión ya que las víctimas son turistas extranjeros que regresaron a casa después de las vacaciones".

Y también está el caso de "secuestradores que no irán juicio si el secuestrado no los denuncia. Al décimo día de aplicación de la reforma Cartabia, desde los palacios de Justicia empezaron a llegar muchos informes y protestas. Toda la maquinaria judicial cruje bajo el peso de la novedad. Incluso hay problemas con los sistemas informáticos".

Y los tribunales y los fiscales saben algo al respecto.

Y luego el acuerdo de culpabilidad: una herramienta muy útil para mafiosos y corruptos. ¿Quieren un ejemplo?

En Palermo, el 28 de junio del 2023, el Consejo de Justicia Administrativa, equivalente siciliano del Consejo de Estado, suspendió una interdicción antimafia contra un empresario de Partinico que, en el 2020, había negociado una pena de un año y diez meses por asociación mafiosa (416 bis). Según el Código Antimafia, esta sentencia debería haberle prohibido automáticamente trabajar, acceder a financiación pública y participar en licitaciones. Sin embargo, con la reforma de justicia de Marta Cartabia, las reglas han cambiado. El nuevo artículo 445 del Código de Procedimiento Penal establece que la negociación de culpabilidad ya no puede tener consecuencias fuera del ámbito penal. En la práctica, si al final de un juicio se declara al acusado culpable de cargos de mafia, la inhabilitación antimafia se activa automáticamente. Pero si se opta por un acuerdo de culpabilidad, este tipo de medida no se aplica, porque la ley considera que la negociación de culpabilidad es diferente a una condena definitiva.

Dado que las disposiciones del Código Antimafia no se consideran leyes penales, sino herramientas de prevención, el empresario de Partinico, a pesar de tener vínculos con los clanes, podrá seguir trabajando. Lo mismo se aplica a quienes han estado involucrados en casos de corrupción: antes de la reforma, un político que había aceptado una sentencia superior a dos años no podía presentarse a las elecciones según la ley Severino. Ahora, sin embargo, es posible, porque la ley Severino también ha sido interpretada como una norma preventiva y no punitiva. La misma lógica se aplica también al Código de Adquisiciones Públicas, lo que hace que el sistema sea aún más vulnerable a la infiltración.

Bajando por este círculo dantesco nos encontramos el "no proceder".

Aquellos que tenga la posibilidad de alargar los tiempos del proceso pueden contar con este mecanismo para ver cómo el odiado proceso literalmente se esfuma. Sin condena ni absolución; sin prescripción.

Después de dos años en la Corte de Apelación y uno en la Corte de Casación, el proceso se descarta con una hoja de papel.

Además, a partir del 30 de diciembre del 2022, cualquier persona que haya sido absuelta en algún juicio podrá solicitar que su nombre sea eliminado de los buscadores.

Un verdadero olvido estatal, una desertificación de la información: en un Estado democrático se debe garantizar la libertad de información y de informar, como establece el artículo 21 de la Constitución pero, por el contrario, aquí se obstaculiza la difusión de noticias, levantando un muro en relaciones entre reporteros y fuentes institucionales de la policía judicial y fiscalías que bloquean información sobre investigaciones, asesinatos, hechos sangrientos y violentos. Una mordaza. Un ataque al derecho a informar y a ser informado. Y el comunicado de Bérgamo es sólo la punta de un iceberg formado por cientos de casos.

En pocas palabras, ya no será posible hablar de algunos delitos, especialmente los vinculados a las investigaciones que afectan a los llamados funcionarios de "cuello blanco", estatales, políticos y empresarios.

La historia de la investigación permanecerá en línea, pero el absuelto ya no podrá ser encontrado en los sitios que lo han citado a lo largo del tiempo.

Bérgamo es un caso emblemático. El surrealista comunicado de prensa con el que la Fiscalía de Bérgamo anunció el cierre de la maxi investigación sobre la gestión de la emergencia del Covid aún está presente en la memoria: 21 líneas, sin un nombre, sin aclaraciones sobre cargos e imputaciones, sin información útil para una reconstrucción periodística digna, una investigación de enorme interés público que involucró al entonces gobierno, al actual presidente de la Región de Lombardía y a importantes directivos del Ministerio de Salud.

Los nombres de los sospechosos fueron descubiertos sólo gracias a periodistas que fueron más allá de las noticias oficiales.

Pero quienes hacen las leyes tal vez no entiendan que se aplican a todos, tanto a los de arriba como a los de abajo.

*Foto de Portada: Antimafia Duemila