"Numerosas asociaciones de familiares de víctimas de la mafia y del terrorismo y familiares individuales de víctimas manifiestan su profunda preocupación, e incluso su indignación, por lo que se propone en el artículo 31 del proyecto de ley de seguridad que se debate actualmente en el Parlamento". En un comunicado de prensa, la Coordinadora de Asociaciones de Familiares de Víctimas de las Masacres subraya que "en un país que aún no ha superado las cicatrices causadas por masacres, asesinatos, atentados, encubrimientos, desvíos de las investigaciones, intentos de golpes de Estado, proyectos subversivos y otros fenómenos criminales del mismo tipo, que invariablemente han ido acompañadas de responsabilidades no sólo morales y a menudo procesales demostradas por los miembros del aparato de seguridad, la mera idea de otorgar aún más poderes a dicho personal, incluido el poder de cometer delitos, parece no sólo una ofensa a la Constitución republicana sino también subversiva. La historia, incluida la historia judicial, nos señala la presencia de hombres de la policía o de los aparatos de seguridad en casi todas las masacres que han ensangrentado a Italia (o en los desvíos que siguieron), comenzando desde Portella della Ginestra y siguiendo por todas las demás, Peteano, Brescia piazza della Loggia, Milán piazza Fontana, Estación Central de Bolonia, Italicus, Expreso 904, Capaci, Palermo vía d'Amelio, Bolonia Pilastro, Florencia vía dei Georgofili, Basílica Romana de San Giovanni, Basílica de San Giorgio al Velabro y Milán vía Palestro.

"Y luego asesinatos, muchos, demasiados, desde Peppino Impastato a Nino Agostino, desde Umberto Mormile a Attilio Manca, desde Antonino Scopelliti a Bruno Caccia, desde Carlo Alberto dalla Chiesa a Mauro Rostagno, y una página no bastaría para seguir recordando a todos ellos. En todas estas acciones, en todas estas fechorías y en sus consecuencias, aparecen, casi siempre, hombres de los servicios secretos. Para borrar la evidencia, contaminarla, manipularla, engañarla, oscurecerla y enmascarar la verdad. ¡Siempre! Es evidente que, ante semejante conducta criminal, nacida de hombres del Estado que deberían tener la tarea de velar por nuestra seguridad y supervisar la democracia, sería imperativo intervenir con medidas de contención de poderes y de fortalecimiento de los controles sobre las operaciones de los servicios de inteligencia. Es muy obvio para todos, pero no para el gobierno. La licencia criminal para los servicios prevista en el artículo 31 del proyecto de ley de seguridad destruye todo principio democrático elemental". El aparato, subrayan las asociaciones, "está esencialmente provisto, por ley, del poder de cometer delitos (¿incluso con derecho a la vida y la muerte de todo ciudadano?), con la única limitación de que el jefe de gobierno sea informado. Si a todo este poder temerario e inconstitucional que otorga el artículo 31, le sumamos la posibilidad de espiar a cada ciudadano sin ninguna limitación mediante escuchas telefónicas preventivas, entonces entendemos que no se trata de un artículo escrito a la ligera, sino de un plan preciso para pasar decisivamente de un Estado de Derecho a un Estado de seguridad inconstitucional.

"De hecho, al mismo tiempo, se eliminan o esterilizan herramientas importantes y fundamentales para las investigaciones y la lucha contra las mafias, como sucede con la limitación del uso de las escuchas telefónicas en los procesos judiciales o con la despenalización de delitos importantes, como el abuso de poder; o se introducen nuevas trampas en el ya complicado funcionamiento de la jurisdicción para determinar la verdad y en la represión de los delitos, como la prescripción y la inadmisibilidad. Un Estado democrático -continúa la nota- se basa y se sustenta en principios inviolables e innegociables de civilización y justicia. Si un Estado democrático otorga y permite licencias criminales a entidades institucionales con cobertura gubernamental, no habrá diferencia entre quienes deben operar para proteger la ley y la seguridad de los ciudadanos y quienes cometen delitos atentando contra la seguridad nacional". Por todas estas razones, la Coordinadora de Asociaciones de Familiares de Víctimas de las Masacres "pide anular el artículo 31 del Proyecto de Ley de Seguridad, iniciando en su lugar una mesa técnica para evaluar las medidas adecuadas y oportunas para verificar que la actuación de los miembros del aparato de Seguridad no exceda las tareas y los poderes actualmente otorgados".

*Foto de Portada: © Imagoeconomica