Nuestros 007 podrán formar bandas armadas, orquestar ataques terroristas, gestionar redes de narcotráfico y comercio ilegal de armas, infiltrarse en organizaciones criminales hasta tomar el control y mucho más.

No es una serie de Netflix, es la realidad.

En el centro del debate político actual se encuentra el proyecto de ley de seguridad (aprobado en la Cámara y ahora bajo consideración en el Senado), con un artículo que atribuye poderes sospechosos y peligrosos a los servicios secretos, que van mucho más allá de la infiltración de organizaciones criminales con el objetivo de obtener información. De hecho, nuestros 007 ya no se limitarán a estar al margen, jugando al "chico malo" encubierto. Ahora pueden dirigir bandas enteras de terroristas y criminales.

Además, la magistratura no podrá hacer absolutamente nada, ya que el artículo 31 proporcionará un escudo de impunidad prácticamente impenetrable.

En el pasado ya hemos visto a los servicios secretos desempeñar un papel activo en la masacre de Piazza Fontana, en Brescia, en la jefatura de policía de Milán, en Bolonia, etc.

¿Quién nos garantiza que no habrá más masacres del Estado?

La única certeza es que nuestra democracia se transformará en una gigantesca OVRA (el viejo servicio secreto fascista): de hecho, toda la administración pública (incluidas las universidades) estará obligada a proporcionar la información que soliciten los 007.

Se podría decir que es una nueva afición nacional.

Otro punto crítico es el poder que tendrá el primer ministro: será él quien conceda las autorizaciones necesarias a los servicios secretos para llevar a cabo sus oscuras operaciones. Podrá sellar todo con el secreto de Estado para impedir que el poder judicial investigue y tendrá acceso ilimitado a la información de los ciudadanos.

Es fácil entender que con la reforma del cargo de primer ministro la figura del primer ministro se transformará en una especie de 'jefe supremo' que tendrá control sobre el parlamento y las actividades cubiertas.

Y luego: ¿cuál será el fin de la oposición (incluso de la extraparlamentaria)?

El gobierno podrá infiltrarse en los movimientos sociales y hacerlos pasar por terroristas para justificar operaciones represivas.

Esto se aplicará a marchas estudiantiles, formaciones políticas y asociaciones que no estén en línea con el pensamiento mayoritario.

En conclusión, ¿es realmente esta reforma la respuesta al pedido de un país más seguro u otra excusa para oscurecer la verdad? Si pensamos en los riesgos de abusos de poder, podemos preguntarnos: ¿quién está realmente a cargo y a quién le damos realmente nuestro consentimiento?

El criminólogo forense Federico Carbone, en una nota enviada a nuestra redacción, explicó que "los recientes cambios introducidos por el artículo 31 del decreto ley, con el pretexto de fortalecer la lucha contra el terrorismo, parecen ocultar un potencial abismo de ambigüedad y peligro. La ampliación de los poderes otorgados a los servicios de inteligencia para la seguridad, con autorizaciones que desdibujan la distinción entre lo legal y lo ilegal, evoca sombras del pasado. No se trata sólo de legislación, sino de un sutil juego de poder, donde los límites entre lo que es correcto y lo apropiado se desdibujan".

Y agrega: "Esta nueva posibilidad para los agentes de llevar a cabo acciones (como actos terroristas, creación de bandas armadas, etc.) que normalmente serían consideradas delitos se traduce en una peligrosa apertura a formas de desviación institucional. No es un riesgo teórico: la historia italiana enseña que la ausencia de controles adecuados puede transformar al garante de seguridad en instrumento de violaciones profundas. Un poder liberado de todo control no sólo se presta al abuso, sino que lo legitima, con la coartada de la necesidad".

Se podría decir: buena suerte, Italia.

*Foto de Portada: Antimafia Duemila