El historiador Enzo Ciconte en Domani explica la sumisión de los fiscales impuesta por la mayoría
En los últimos meses, una serie de acontecimientos han reavivado el debate sobre la relación entre la política y la magistratura, planteando preguntas inquietantes sobre el estado de la democracia en Italia. Hechos que de alguna manera parecen seguir el choque entre política y magistratura que caracterizó la era de Mani Pulite (Manos Limpias) o el período de Berlusconi. El intento de superponer el poder político al poder judicial es cada vez más evidente.
Enzo Ciconte habla de ello en profundidad en las columnas del diario Domani. De hecho, en un artículo publicado ayer, el historiador examina tres casos recientes que ofrecen una visión significativa de esta tendencia.
El primero se refiere a la detención del presidente de la región de Liguria, Giovanni Toti. Nada más circular la noticia hubo una furiosa reacción de la derecha, convencida de que Toti era inocente y que la detención era un abuso. Un poco como si el poder judicial estuviera dando un golpe de Estado. Esta posición ha generado "una cantidad verdaderamente abrumadora de artículos contra la fiscalía y el juez que mantuvo prisionero a un inocente. En el fondo de todos los comentarios de la derecha en el gobierno, de parlamentarios y periodistas, surge una idea loca: son ellos y no los jueces quienes definen los presuntos delitos". Sin embargo, al final Toti aceptó un acuerdo de culpabilidad, pero entonces "ninguno de ellos se disculpó ante el fiscal y el juez, ni reflexionó sobre el hecho de que Toti era un mártir de papel, porque un mártir que se respeta se sacrifica a sí mismo, no llega a un acuerdo de culpabilidad".
Ciconte examina a continuación un caso periodístico que ha sacudido a la opinión pública: una empresaria que, tras ser asaltada, persigue al agresor, lo atropella con el auto y luego regresa a su casa sin prestarle ayuda, dejándolo morir. Ante la posibilidad de una acusación de homicidio voluntario, una parte de la política inmediatamente gritó, afirmando que no se trataba de un homicidio. También en este caso observamos que algunos parlamentarios parecen querer reemplazar a los magistrados en la definición de crímenes y castigos.
Finalmente, el tercer hecho se refiere al juicio de Matteo Salvini por el caso del barco Open Arms, donde se lo acusa de secuestro. En los últimos días, la fiscalía de Palermo ha pedido seis años de prisión para el líder de la Liga, que en el momento de los hechos era Ministro del Interior (Gobierno "amarillo-verde"), pero muchas figuras destacadas de la derecha, incluida la primera ministra, Giorgia Meloni, se apresuraron a declarar su inocencia, ignorando por completo el curso del proceso, las investigaciones realizadas e incluso la opinión y el contenido de la acusación. También en este caso Ciconte destaca que la derecha ya ha emitido su veredicto, reemplazando simbólicamente el papel del poder judicial por su propio juicio político.
A los tres episodios analizados por el historiador podríamos añadir un último caso, no menos importante, que causó mucha controversia el año pasado: el "caso La Russa". Es decir, la hipótesis de violación de la que se acusa a Leonardo Apache La Russa, hijo del presidente del Senado Ignazio La Russa. Los hechos son diferentes, pero la influencia política es similar. Reconstruyamos los hechos. La Russa hijo fue acusado por una excompañera de secundaria de violarla mientras estaba inconsciente. Los hechos se remontan al 18 de mayo de 2023. Sin embargo, más que la presunta violación, escandalizó mucho más la intervención del presidente del Senado. En efecto, en un abrir y cerrar de ojos, Ignazio La Russa "interrogó extensamente a su hijo", tuvo la "certeza" de su inocencia a nivel penal y presionó a la Fiscalía de la República, en quien, en su larga actividad profesional, "siempre confió para aclarar las cosas lo más rápido posible para disipar cualquier duda". Y como joya final, descalificó la denuncia de la joven porque, según el segundo funcionario del Estado, "una denuncia presentada después de cuarenta días por el abogado redactor que aprovecha este tiempo para reunir los hechos ciertamente deja muchas dudas". Muchos se preguntarán cuál sería el problema si un padre, al enterarse de que su hijo está siendo investigado por sospecha de agresión sexual, comentara la noticia y lo defendiera. El problema es que Ignazio La Russa no es un padre cualquiera, sino que desempeña el segundo cargo más alto del Estado.
Volviendo a Ciconte, el historiador subraya que estos casos demuestran que no se trata de un choque entre política y magistratura. Está surgiendo un intento sistemático de deslegitimar la autonomía del poder judicial y reemplazarla con un poder político que pretende establecer no sólo la culpabilidad o la inocencia, sino incluso la naturaleza de los crímenes. En este contexto, los jueces son relegados a meros ejecutores de órdenes, negándoles su independencia garantizada constitucionalmente.
La derecha italiana tiene una larga tradición de hostilidad hacia la independencia judicial. Ya en el siglo XIX, como recuerda el caso del fiscal general Diego Tajani, el poder político intervino directamente en las decisiones judiciales, ordenando a los magistrados suspender las órdenes de arresto cuando apuntaban a figuras cercanas al poder. Durante el fascismo, la magistratura estaba abiertamente al servicio del régimen, como lo demuestran los discursos de los principales fiscales de la época, que elogiaron la acción del gobierno en la reducción de la delincuencia, subordinando la justicia a los intereses del régimen.
Hoy es cada vez más evidente que una parte de la derecha en este país aspira al regreso de ese modelo. Las declaraciones de los políticos y las continuas presiones para la separación de las carreras de los magistrados, con el fiscal bajo control del ministro de Justicia, evocan escenarios ya vistos en el pasado. El poder judicial autónomo e independiente, logrado con la República y sancionado por la Constitución, está en peligro por una visión autoritaria de la relación entre política y justicia, donde el poder judicial está subordinado al político.
Este intento de subordinar la magistratura a la política, deslegitimando su papel, representa una amenaza al equilibrio democrático y al Estado de derecho en Italia. Un objetivo que, por si fuera poco, evoca el fantasma del "plan de renacimiento democrático" nacido de la Logia P2 de Licio Gelli.
*Foto de Portada: © Imagoeconomica