En las páginas de Il Fatto la entrevista exclusiva con el fiscal adjunto de Catania
La cuestión penitenciaria "es un embrollo que cualquiera que se involucre corre el riesgo de complicarlo aún más". Así habló Sebastiano Ardita, fiscal adjunto de Catania, al diario Il Fatto Quotidiano, comentando el decreto para las cárceles y el proyecto de ley sobre la libertad anticipada especial que han llegado al Parlamento. "Hay un problema de calidad de vida en prisión, de precariedad de las estructuras, de un tercio de seguridad y de usabilidad del personal -añadió el fiscal que durante años dirigió la oficina de presos en el DAP (Departamento de Administración Penitenciaria)-. Cualquiera que piense en abordarlos por separado o de manera ideológica no resuelve el problema y pone en riesgo la seguridad de la sociedad. Terminaría siendo indirectamente responsable de las muertes en el interior -producidas por la incivilidad de las cárceles- o de las muertes en el exterior, resultado de liberaciones apresuradas de personajes peligrosos para solucionar su problema de hacinamiento".
Sobre la propuesta especial de liberación anticipada del diputado de Italia Viva, Roberto Giachetti, "el texto que examiné no prevé la exclusión del beneficio para los mafiosos -afirmó Ardita-. Y sería la primera vez en la historia de la República. Pero también serían liberados otros presos peligrosos, sin ninguna evaluación de su peligrosidad real. Asistimos a un crecimiento exponencial de las penas legales, por un lado, y, por otro, a una demolición sistemática de los efectos concretos de la libertad anticipada. Se ha transformado en una reducción automática de la pena, que ignora el cambio real de la persona.
Las protestas de los presos dentro de algunas cárceles han devuelto la invisibilidad de muchas instituciones penitenciarias al centro del debate político. Condiciones críticas que también han provocado algunos episodios de suicidio. Según el fiscal, hubo dos factores desencadenantes. Por un lado "haber abandonado la prisión a la autogestión de los internos, o mejor dicho, a la gestión de los jefes con bastón, a la apertura de las celdas, y a la renuncia del Estado a cuidar de los internos. La gestión ha producido sufrimiento en los propios reclusos, además de delitos. Las estadísticas nos dicen que los casos de autolesiones y suicidios se han multiplicado y los delitos de todo tipo se han intensificado. En el pasado, las penitenciarías eran lugares de control de drogadictos y trataban de curarlos con proyectos ad hoc, ahora, gracias a la autogestión de los espacios, se han convertido en plazas de narcomenudeo. Los grupos mafiosos se reparten el mercado y potencialmente venden la sustancia estupefaciente a cualquier persona en prisión. Es evidente que de esta forma se nos va de las manos el tema del suicidio".
Para solucionar el problema, el magistrado sugiere "un análisis en profundidad de cómo se pudo producir este desastre de falta de control y asistencia penitenciaria". Por el contrario, el gobierno "renuncia al análisis y se ve sometido a presiones políticas de quienes quisieran resolver el problema con indultos encubiertos que, como se ha dicho, liberarían también a personas peligrosas. La seguridad se ve comprometida por el malestar de la población detenida, que no depende sólo del hacinamiento, sino de una falta de equilibrio entre asistencia individual, tratamiento y seguridad, que sólo puede producirse respetando la ley".
*Foto de Portada: © Imagoeconomica