La mayoría trabaja en una norma que elude el principio de obligatoriedad de la acción penal, indicando a los magistrados qué investigaciones priorizar
El gobierno Meloni intenta un nuevo asalto al sistema de justicia en Italia. De hecho, el ejecutivo quiere imponer a los magistrados qué investigaciones realizar y cuáles no, superando el principio constitucional de acción penal obligatoria. La mayoría había intentado incluir una disposición sobre este punto en el proyecto de ley sobre la separación de carreras, pero la idea fue archivada, como informa Il Fatto Quotidiano. Ahora, sin embargo, el mismo proyecto, pero en otras formas, será reelaborado por separado y repensado con una estratagema precisa: la obligación de investigar quedará en el papel, pero de hecho será abolida mediante un orden de precedencia establecido por la política. Y para ello la mayoría aprovechará una ayuda proporcionada hace tres años por la reforma penal de la ex ministra de Justicia, Marta Cartabia. El actual ministro, Carlo Nordio, insinuó el plan en declaraciones a Il Messaggero: la acción penal, afirmó, "seguirá siendo obligatoria", pero "con criterios de prioridad que ya han sido parcialmente definidos por Cartabia". La reforma lanzada por el gobierno Draghi, en vigor a partir de 2021, exige que el Parlamento indique "criterios generales" para la prioridad de la acción penal: la mayoría de turno, por lo tanto, ahora puede contribuir a "seleccionar las denuncias de delitos que deben tratarse con prioridad", diseñando un "marco" al que los fiscales jefes deben adaptarse en sus proyectos organizativos. Esa ley, sin embargo, quedó en letra muerta: nadie entre Cartabia y Nordio ha propuesto jamás un proyecto de ley con indicación de prioridades. Los senadores Pierantonio Zanettin (Forza Italia) y la ex ministra de la Liga Norte, Erika Stefani, habían pensado en avanzar en la elaboración de un primer borrador en este sentido. A principios de año su texto fue abordado en la Comisión de Justicia. Pero luego no pasó nada más. Las palabras de Nordio sugieren que el mismo proyecto resucitará y que podría acelerarse en las próximas semanas. Es probable que el propio gobierno pueda intervenir con sus propias enmiendas. O el Guardián de los Sellos podría presentar su propio texto, que sin embargo tendría que pasar por el Consejo de ministros y comenzar de nuevo el proceso parlamentario. Analizando el proyecto de ley de los dos senadores, se identifican tres criterios que los fiscales deben tener en cuenta: el primero es la "gravedad de los hechos, también en relación con la realidad criminal específica del territorio y las necesidades de protección de la población". Es decir: se debe dar prioridad a las investigaciones sobre la delincuencia organizada, los hurtos, las violaciones y los robos, seguidas de las investigaciones sobre la corrupción, el tráfico de influencias y la malversación de fondos, casos que no pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Los delitos contra las Administraciones públicas ni siquiera entran dentro de la segunda prioridad, que se refiere a la "protección de la persona ofendida en situaciones de violencia doméstica o de género y deterioro de la defensa". Un signo loable de atención hacia los llamados "grupos más débiles", que sin embargo olvida a todas las demás víctimas de la delincuencia.
El tercer criterio es el más interpretable y, por tanto, el más incomprensible de todos: "la agresividad concreta del delito, que debe evaluarse también en relación con la conducta de la persona ofendida y el daño que se le ha causado". Tampoco en este caso hay motivos para que un magistrado desee dar un espacio especial a las investigaciones sobre corrupción: por lo tanto, en abstracto, el CSM, informa Il Fatto Quotidiano, podría rechazar un proyecto organizativo de este tipo por incompatibilidad con la "ley marco". Se dirá: si los crímenes de los políticos no pueden ser "prioritarios", eso no significa que no deban ser perseguidos. Pero se trata de una "estafa de etiquetas", como explicó a la Comisión el senador del M5S, Roberto Scarpinato: "En una situación de grave escasez de personal, con un exceso de capacidad que alcanza al 80%, los 'criterios de prioridad' se transformarán en criterios de archivo garantizados por el legislador. Una especie de amnistía progresiva que viola la Constitución".
*Foto de Portada: © Imagoeconomica