El senador comenta el rechazo de la enmienda al proyecto de ley de ciberseguridad que permitía el control de las bases de datos sólo después de que concluyeran las investigaciones

Una vez más, el senador Roberto Scarpinato es uno de los pocos en el Senado que intenta frenar la deriva autoritaria ultra garantista e inconstitucional de las medidas propuestas por el gobierno Meloni. La última batalla es la librada contra el proyecto de ley de ciberseguridad, aprobado ayer en el Senado, que prevé, entre otras cosas, el control del trabajo de los magistrados, por parte de un inspector enviado por el Ministerio de Justicia, en las actividades de consulta bancaria de datos sobre sujetos investigados. Se trata de una disposición que comprometerá el trabajo de los fiscales y podría favorecer la impunidad de los funcionarios de cuello blanco, dada la evidente violación del secreto de investigación. Esta es sólo la última intervención legislativa producida por la mayoría para romper la investigación. Una medida fascista que recuerda a las de los generales sanguinarios de la dictadura argentina (1976-1983) como Videla y Massera que impidieron la autonomía del poder judicial controlando y obstaculizando su trabajo. Scarpinato, junto con algunos senadores más, se ha opuesto a esta disposición desde el primer momento en que se sentó en el Palacio Madama y en un vídeo publicado en sus redes sociales explicó la gravedad de lo aprobado ayer por la mayoría.

"Durante las investigaciones, los magistrados a menudo necesitan acceder a bases de datos para adquirir información importante para determinar los delitos", comienza diciendo Scarpinato en el vídeo. "Todas estas consultas a las bases de datos están amparadas por el secreto hasta que concluya la investigación. La mayoría gubernamental aprobó una norma que permite al ministro de Justicia, que es una autoridad política, tomar conocimiento del secreto de las investigaciones porque los inspectores del Ministerio de Justicia tienen el poder, incluso si las investigaciones están en curso, de controlar los accesos a las bases de datos que han realizado los magistrados".

Está claro -según el ex fiscal general de Palermo- "que el control sobre la regularidad de estos accesos no puede realizarse simplemente verificando el número de consultas a las bases de datos que los magistrados han realizado. El número cambia dependiendo de la importancia y complejidad de las investigaciones. El inspector, para comprobar que el acceso a las bases de datos es regular, debe en primer lugar averiguar quiénes son los sujetos sobre los que los magistrados han realizado consultas en las bases de datos informáticas". Y aquí, según el senador, se produce la primera violación del secreto de investigación. Pero no es suficiente. "Porque para verificar si el interrogatorio se hace por motivos relacionados con la investigación o si hay abuso, el inspector debe verificar si esa persona está inscrita en el registro de sospechosos. Y aquí tenemos la segunda violación del secreto de la investigación". Pero tras la ley Cartabia, recordó el exfiscal, "una persona no puede ser inscrita en el registro de sospechosos inmediatamente, se necesitan pistas suficientes y puede ser que el inspector intervenga cuando esas pistas suficientes aún no están ahí. Y luego el poder judicial tendrá que explicar por qué realizó este acceso a las bases de datos. Como veremos, se convierte en una herramienta para eludir el secreto de investigación". Luego Scarpinato ilustra sobre la enmienda al proyecto de ley propuesta por el Movimiento que luego fue rechazada en la Cámara.

"Para evitar este peligro dijimos que está bien, el inspector podrá realizar sus controles, pero sólo con la condición de que las investigaciones estén completas y no estén cubiertas por el secreto. Bueno, la mayoría rechazó esta enmienda". Y no solo eso. El control de acceso a las bases de datos "querían incluirlo sólo para los magistrados", precisó Scarpinato. "No querían incluirlo para los servicios secretos, no querían incluirlo para las fuerzas policiales ni para todas las administraciones públicas". "Me parece -afirmó el senador- una llamada de atención sobre las verdaderas intenciones de esta mayoría gubernamental".

Y por eso, concluyó, "tiene un candado en la mano que permite al ministerio de Justicia violar el secreto de las investigaciones y descubrir información secreta".

*Foto de Portada: Antimafia Duemila