FdI (Fratelli de Italia), FI (Forza Italia), La Liga e IV (Italia Viva) al ataque contra Melillo y de Raho tras el escándalo de los accesos a las bases de datos de ministros y personalidades, hechas por un financista de la PNA

"Al alterar la realidad, como se desprende claramente de los documentos de la investigación, los miembros de la mayoría intentan hacer pasar a la opinión pública, como en un juego fraudulento de tres cartas, desviaciones de individuos como desviaciones de la Fiscalía Nacional Antimafia (PNA) y de su jefe. La PNA y su dirección son víctimas de la traición de dos funcionarios públicos". Se trata de la denuncia -hecha en una nota- por el senador del M5S (Movimiento Cinco Estrellas), Roberto Scarpinato, contra el intento de muchos miembros de la mayoría, empezando por la primera ministra Giorgia Meloni, de aprovecharse de la investigación de Perugia sobre el control abusivo de los archivos informáticos confidenciales de casi mil personas para atacar instituciones y personalidades antimafia.

La investigación se está convirtiendo en un hecho político y la centroderecha intenta llevar agua a su propio molino para poner fin al uso de las escuchas telefónicas, lo que provoca que el conflicto con el poder judicial vuelva a estallar.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el ministro de Defensa, Guido Crosetto, ante la fiscalía de Roma a raíz de un artículo publicado en Il Domani sobre las compensaciones recibidas por los asesoramientos realizados en el pasado para la empresa Leonardo. Por razones de competencia investigan el caso los magistrados de Perugia, encabezados por el fiscal Raffaele Cantone, que refiere a un funcionario de la División Financiera, Pasquale Striano, de la Fiscalía Nacional Antimafia, investigado por revelaciones ilícitas, quien supuestamente habría realizado al menos 800 accesos no autorizados a bases de datos de figuras políticas (incluidos los ministros Guido Crosetto, Francesco Lollobrigida, Marina Elvira Calderone, Gilberto Pichetto Fratin, Adolfo Urso y el ex primer ministro Giuseppe Conte), más otras personalidades importantes, futbolistas y músicos.

Aún no está del todo claro por qué el financista realizó cientos de accesos no autorizados (algunos días incluso más de 40), aunque por ahora parece que no se han iniciado verdaderos expedientes. En algunos casos estaban destinados -según los magistrados- a actividades periodísticas (entre los 15 sospechosos se encuentran también tres periodistas del periódico Il Domani) y en otros a fines que aún no están claros. Mientras tanto, sin embargo, las investigaciones revelaron que Striano no recibió dinero por el presunto acceso ilícito a la base de datos.

Por lo tanto, la fiscalía de Perugia pretende aclarar, en forma precisa, los motivos del acceso no autorizado. En cuatro o cinco casos los resultados habrían convergido -según surge de la investigación- en actividades judiciales. Parte de la investigación en la que también está involucrado el magistrado de la Fiscalía Antimafia, Antonio Laudati, en el pasado responsable del servicio SOS (Denuncia de Operaciones Sospechosas), quien sin embargo reivindicóó la corrección de su comportamiento.

El caso ahora termina en el banquillo de las comisiones parlamentarias de investigación y del Consejo Superior de la Magistratura (CSM).

Los mismos fiscales de Perugia, Raffaele Cantone, y Antimafia, Giovanni Melillo, en los últimos días, pidieron declarar ante el Comité Presidencial del Palazzo dei Marescialli, por el presidente de la Comisión Antimafia Colosimo y por el de Copasir. Mientras, el fiscal adjunto de Roma, Giuseppe Cascini y la fiscal Maria Sabina Calabretta continúan las investigaciones, con la colaboración de la Unidad Monetaria de la Guardia de Finanzas, a partir de hoy ambos fiscales serán escuchados en las dos comisiones y Copasir decidirá en las próximas horas.

Mientras tanto, continúan los ataques de la centroderecha a la magistratura.

El líder de la bancada de Forza Italia en el Senado, Maurizio Gasparri, evocando el silencio sobre el "escándalo" por parte del presidente de la República, Sergio Mattarella, es quien, más que otros, lidera esta batalla a las togas. Se trata de un asunto "de mayor gravedad que el de los escándalos que también han marcado la vida de la República, como la P2, la P3, la P4 o la logia llamada Piazza Unità", afirmó en la sala. "De lo que se está hablando es de la fiscalía nacional Antimafia y Antiterrorismo, una institución importante por las funciones que desempeña y por cómo nació, creada en los años dramáticos de Falcone, que todos citamos a menudo como un acto de homenaje, uno de los iconos de la historia de la República". Gasparri también habría pensado en la hipótesis de una "administración extraordinaria" de la fiscalía nacional Antimafia. Lo siguió el profesor emérito Sabino Cassese, que llegó incluso a preguntarse "si esta estructura debe seguir viva o si con las herramientas ordinarias es suficiente".

Duras palabras -en el caso del financista de la PNA- también de Giorgia Meloni que habló de "métodos del régimen" y de Davide Faraone, líder de la bancada de Italia Viva en la Cámara, que en una entrevista al Secolo d'Italia pidió que "el Estado ponga fin a esta peligrosa deriva sudamericana, que no son más que bromas". Italia Viva, apoyado por la centro-derecha, también quiere llamar a Federico Cafiero de Raho, ex fiscal nacional antimafia hasta febrero del 2022, y hoy diputado del M5S, a declarar ante la comisión Antimafia, de la que es vicepresidente, para cuestionar su compatibilidad con el cargo.

A continuación, el senador Scarpinato defendió al exfiscal Antimafia y a los de Melillo, recordando que ambos son las primeras víctimas de este escándalo por la "traición" de dos funcionarios de la PNA.

"Se trata de un siniestro juego de masacre de las instituciones para cálculos políticos miserables por parte de personas que, incluso cuestionando al presidente de la República, intentan aprovechar cada oportunidad para llevar a cabo su plan de desmantelar la credibilidad del poder judicial, preparando el terreno para las reformas que lo sometan al control de la política".

El responsable del área legalidad del Partido Demócrata (PD), Enza Rando, comparte también la misma idea: "La fiscalía antimafia es la parte perjudicada de esta historia y no debe ser deslegitimada. La Fiscalía de Perugia ya ha tomado medidas sobre la cuestión del expediente y el poder judicial reaccionó rápidamente iniciando una investigación sobre los responsables del presunto acceso abusivo al sistema. Pero es inaceptable escuchar ataques contra una institución nacida de una idea de Giovanni Falcone para luchar contra la mafia y garantizar la seguridad y la legalidad".

Foto de portada: © Paolo Bassani

Fotos restantes: © Imagoeconomica

Foto 2: Guido Crosetto, ministro de Defensa

Foto 3: Sabino Cassese, jurista

Foto 4: el ex fiscal nacional antimafia y hoy diputado del M5S, Federico Cafiero de Raho