Viernes 21 Junio 2024

Carabineros absueltos por "no haber cometido el delito"

La acusación de "tentativa de amenaza" para los jefes mafiosos prescripta

Absolución definitiva para de Dell'Utri

La sentencia de apelación del juicio sobre la Tratativa Estado-mafia fue anulada, sin reenvío, por la Corte de Casación.

Absueltos por prescripción del delito, recalificado como como tentativa de amenaza, los dos jefes mafiosos, Leoluca Bagarella (cuñado de Totò Riina) y Antonino Cinà (el médico del jefe de jefes que había actuado como "cartero" del papello, es decir, la lista de peticiones de la mafia al Estado para detener las bombas).

Absueltos los altos oficiales del ROS de Carabineros, Mario Mori, Giuseppe De Donno y Antonio Subranni (que a diferencia de los otros dos no había presentado recurso) "por no haber cometido el hecho". Una decisión de no culpabilidad más amplia respecto a la de segunda instancia, donde fueron absueltos con la fórmula porque "el hecho no constituye delito".

Absuelto en forma definitiva el ex senador Marcello Dell'Utri, ya condenado por concurso externo en asociación mafiosa.

Los jueces de Casación de la Sexta Sección Penal (presidida por Giorgio Fidelbo) rechazaron en todas sus partes el recurso de la Fiscalía de Palermo. Un auténtico borrón y cuenta nueva sobre hechos y reconstrucciones posibles en estos más de diez años de investigaciones y juicios.

Para entender la interpretación que se le da al diálogo entre los Carabineros del ROS y el alcalde mafioso de Palermo, Vito Ciancimino, habrá que esperar a conocer los fundamentos de la sentencia. Mientras tanto, lo cierto es que, según los armiños, los Carabineros no cometieron el delito del que se los acusa, es decir, de haber transmitido la amenaza de Cosa Nostra (la de seguir con las masacres si no había una mejora de las condiciones carcelarias) a los gobiernos de Giuliano Amato y Carlo Azeglio Ciampi.

La nueva calificación del delito para los jefes bajó la prescripción de las penas –a 27 y 12 años respectivamente– de los mafiosos.

Sin embargo, en lo que respecta a Dell'Utri, la Corte se limitó a confirmar la absolución por no haber cometido el delito, tal como se había decidido en segunda instancia, decisión que el mismo fiscal general pidió confirmar.

La historia del juicio refiere a la llamada Tratativa entre piezas del Estado y Cosa Nostra, en la época de las masacres de 1992 y 1993, en la que fueron acusados los entonces jefes del ROS de Carabineros junto con los jefes mafiosos por violencia y amenazas al cuerpo político del Estado. La acusación era que había transmitido la amenaza de Cosa Nostra al corazón mismo de las instituciones: un aligeramiento de la política criminal del gobierno a cambio del cese de las bombas que ensangrentaban a Italia. La sexta sección penal examinó la sentencia de 2.791 páginas dictada por la Cámara de Apelaciones de Palermo, que el 23 de septiembre del 2021 revocó la decisión de primera instancia al absolver "por no haber cometido el delito" al exsenador Dell'Utri y "porque el hecho no constituye un delito" a los exgenerales del ROS de los Carabineros Mori y Subranni, y al entonces capitán De Donno. Respecto al primer grado, sólo se confirmaron las sentencias del jefe corleonés Bagarella (rebajada de 28 a 27 años) y la del doctor Cinà, que ahora fueron declaradas prescritas.

La posición de la Corte de Casación

En las conclusiones de la acusación de los fiscales generales Fimiani, Molino y Epidendio, se solicitó "la nulidad con postergación de la sentencia impugnada, limitada a la amenaza contra los gobiernos de Amato y Ciampi". Para la fiscalía, la sentencia de segunda instancia describió a "la tratativa a lo largo de los años, pero no hizo una reconstrucción precisa de la amenaza y de cómo fue dirigida al gobierno", llevándola a cabo solo de manera "conjetural".

Además, se destacó que, en la sentencia de Apelación no se demostraron los hechos históricos más allá de una duda razonable. Según los fiscales, "se describe a la tratativa a lo largo de los años pero no se hace una reconstrucción precisa de la amenaza y cómo fue dirigida al gobierno, lo hace solo de manera conjetural". Según la acusación, la sentencia de segunda instancia no indica "el contenido preciso de las solicitudes" realizadas por Cosa Nostra a Giovanni Conso, ministro de Justicia en los gobiernos de Amato y Ciampi: solo conociendo ese contenido, argumentan los magistrados, podrían hacerse "valoraciones de mérito indispensables para sustentar lógicamente las conclusiones sobre la integración del delito", valoraciones "que no se hacen en la sentencia impugnada".

Para el fiscal general, por tanto, "es decisivo establecer precisamente qué se le dijo al ministro (Giovanni Conso, ndr) y cómo se lo representó: dado que una cosa es haber sido informado de una escisión una dentro de Cosa Nostra que determinó al ministro a asumir de manera autónoma tal iniciativa (que no constituye en sí misma la amenaza calificada en los términos que en gran medida se han reconstruido en la memoria) con la esperanza de interrumpir la temporada de masacres, y otra es decirle al propio ministro que Cosa Nostra se había mostrado dispuesta a interrumpir las masacres y agresiones contra destacados exponentes de la política y el poder judicial italianos en caso de que hubiera 'señales de relajación' como la falta de prórroga de un gran número de medidas en virtud del artículo 41bis adoptado contra miembros de la mafia".

En las más de tres mil páginas de motivación, los jueces de la Corte de Apelaciones de Palermo habían rechazado desde el principio "la hipótesis de una connivencia de los carabineros con los círculos criminales de la mafia y refutado la hipótesis de que actuaron para preservar la seguridad de tal o cual exponente político".

Por ello se reiteró "que, al hacer todo lo posible por abrir un canal de comunicación con Cosa Nostra, que creara las premisas para iniciar un posible diálogo encaminado al cese de las masacres, y al solicitar dicho diálogo, eran movidos, más bien, por fines solidarios (salvaguardar la seguridad de la comunidad nacional) y la protección de un interés general -y fundamental– del Estado".

A la luz de esta nueva sentencia de la Corte de Casación, sólo cabe reconocer que las interlocuciones entre mafiosos y aparatos de Estado no sólo existen, sino que son legítimas. A esta idea distorsionada que lo justifica todo, tal vez incluso la fallida búsqueda del escondite de Riina en calle Bernini o el fallido operativo para la captura de Bernardo Provenzano en la campiña de Mezzojuso, seguiremos oponiendo nuestro firme 'No'. Porque ciertos hechos pertenecen a la historia, la cual está más allá de las sentencias.

Fotos: Imagoeconomica

Foto 2: los abogados Basilio Milio y Vittorio Manes, junto al general de Carabineros Mario Mori (en el centro)