Absolución. No para algunos, sino para todos los acusados ​​institucionales. Los oficiales del Arma de Carabineros Mario Mori, Giuseppe De Donno y Antonio Subranni "porque el hecho no constituye delito", el exsenador Marcello Dell'Utri "por no haber cometido el delito". Por otra parte, revocando en forma parcial la sentencia de los jueces de primera instancia, se declaró "no proceder" respecto de Leoluca Bagarella, "limitado a la conducta cometida en perjuicio del Gobierno presidido por Silvio Berlusconi, sujeto a la recalificación del hecho, de conformidad con el artículo 56 del Código Penal italiano, como un intento de amenaza plural agravada al cuerpo político del Estado". Con este nuevo cargo, dice la sentencia, "el delito se extingue debido al plazo de prescripción; y a sus efectos fija la sentencia de Bagarella en 27 años".

Al mismo tiempo, se confirmó la sentencia de Giovanni Brusca, cuyo delito ya había sido declarado prescrito en primera instancia, y para el jefe Antonino Cinà.

Esta fue la decisión de la Corte d'Assise de Apelación de Palermo, presidido por Angelo Pellino (juez a latere Vittorio Anania). Luego de tres días en la Sala del Consejo del aula bunker de Pagliarelli en Palermo, en un ambiente surrealista, con la presencia de todos los medios de información posibles (nunca tan presentes durante todo el proceso de segunda instancia que comenzó el 29 de abril del 2019), se leyó la parte dispositiva de la sentencia que, de hecho, anula la de primera instancia.

El 20 de abril del 2018, los exjefes del ROS de Carabineros, Mario Mori y Antonio Subranni, fueron condenados a doce años de prisión. La misma pena se aplicó al ex senador de Forza Italia, Marcello DellUtri, y a Antonino Cinà, el muy leal médico de Totò Riina. Se habían impuesto ocho años de cárcel al excapitán de Carabineros, Giuseppe De Donno y veintiocho al jefe Leoluca Bagarella.

A la luz del nuevo veredicto, es fácil pensar que mañana la plétora habitual de periodistas, completada con comentarios de profesores, justificadores y negacionistas de la Tratativa, caerá sobre el pool antimafia de Palermo (de Antonio Ingroia a Nino Di Matteo, pasando por Vittorio Teresi, Francesco Del Bene y Roberto Tartaglia) quienes tuvieron el coraje de investigar, llevar a juicio y obtener sentencias de primera instancia para los jefes mafiosos, oficiales del Arma y políticos.

Estarán dispuestos a gritar que la Tratativa nunca existió y que el encono de los magistrados contra sus clientes fue un escándalo.

La verdad es que no se puede poner en duda la existencia de la Tratativa en sí. Tanto es así que, leyendo la parte dispositiva del fallo, explica que la Tratativa entre funcionarios estatales y exponentes de Cosa Nostra existió, pero no constituye delito.

Después de todo, los propios Carabineros habían "admitido" esos contactos, hablando de ellos en el juicio de Florencia sobre las masacres del '93, justificando la operación de contacto con Vito Ciancimino como un intento de detener los atentados tras el asesinato de Salvo Lima y la matanza de Capaci, para superar el "muro contra muro" que se levantó entre el Estado y Cosa Nostra. Y De Donno también habló de "tratativa": "Le propusimos a Ciancimino que haga contacto, en nuestro nombre, con los exponentes de Cosa Nostra, con el fin de encontrar un punto de encuentro, de diálogo, encaminado al cese inmediato de los atentados mafiosos contra el Estado, y Ciancimino aceptó bajo ciertas condiciones".

Además, conviene recordar que el supuesto delito no fue el de tratativa en sí mismo, sino de amenaza al órgano político o administrativo del Estado, previsto en el artículo 338 del Código Penal. Por lo tanto, la cuestión no era si primero los carabineros y luego Dell'Utri habían pactado con la mafia, sino si perturbaron la acción del Estado, de 1992 a 1994, vehiculizando la amenaza de Cosa Nostra implementada con las masacres y atentados del período 1992-1994.

Seguramente debe haber tenido su peso la absolución definitiva del ex ministro de la Democracia Cristiana, Calogero Mannino.

Cuando llegó la sentencia del juez Montalto (juez a latere Stefania Brambille) en 2018, ya se había producido la absolución de primera instancia, en el 2015, de Mannino.

En las motivaciones de la Corte dAssise, la cuestión, que tocaba en particular la posición de los Carabineros, fue de alguna manera desestimada: "A Subranni, en efecto, debe reconducirse la ideación de la negociación con los vértices mafiosos de la que surgió la amenaza que éstos dirigieron al gobierno de la República. Subranni, de hecho, reconoció (también) las preocupaciones externas de manera cada vez más apremiante, ya al día siguiente del asesinato de Salvo Lima, de parte de Calogero Mannino, el cual temía -debe decirse, por otra parte, con fundamento- ser una de las posibles víctimas de la venganza (...) en tal contexto, nace la iniciativa del ROS mandado por Subranni dirigida a emprender los contactos con Vito Ciancimino con el fin principal de llegar -a través de la intermediación del citado, que se sabía que estaba particularmente cerca de los corleoneses de Cosa Nostra- directamente a los vértices de la asociación mafiosa".

A partir de hoy, han comenzado los 90 días dentro de los cuales la Corte deberá motivar la sentencia y entonces se entenderá por qué, y sobre todo con qué valoraciones, se revocó una sentencia que, con más de cinco mil páginas de fundamentos, había confirmado el nefasto valor de esa interlocución entre los carabineros y el ex alcalde mafioso de Palermo.

Porque la historia enseña que incluso en las absoluciones puede haber consideraciones importantes.

Y es necesario comprender el papel reconocido por el médico de confianza de Totò Riina, Antonino Cinà, condenado a 12 años de prisión, precisamente, por el delito de violencia o amenaza a un cuerpo político. Conforme al escrito acusatorio, que consta en la memoria del Ministerio Público de Palermo, interpuesto en noviembre del 2012 como parte de la investigación sobre la tratativa, los jefes mafiosos Riina, Provenzano, Brusca, Bagarella y el 'cartero del papello' Antonino Cinà, son "los autores inmediatos del delito principal, ya que han cometido, en distintos momentos, la conducta típica de amenaza a un Cuerpo Político del Estado, en este caso el Gobierno, con comportamientos diversos pero ligados por el mismo diseño criminal, comenzando por el homicidio de Lima". 

El 'papello', según la reconstrucción de la fiscalía, habría sido entregado por Cinà al hijo de Vito Cincimino, el alcalde mafioso de Palermo con el que interactuaban los hombres del ROS. Pero del 'papello' y de Cinà también hablaron Pino Lipari, Totò Cancemi, Giovanni Brusca y Nino Giuffré, al tiempo que ofrecían distintas indicaciones. Y también el propio Vito Ciancimino, en los primeros interrogatorios a los fiscales en 1993, lo definió como un interlocutor al que le había contado la entrevista con los carabineros.

Leeremos atentamente los motivos de la sentencia cuando se publiquen. Porque los hechos y la cantidad de pruebas aportadas en estos años de investigaciones y juicios son múltiples.

Pocos recuerdan que Mannino fue absuelto "por no haber cometido el delito", pero el hecho nunca fue considerado inexistente.

También habrá que entender por qué la Corte absolvió a Marcello Dell'Utri (ya condenado definitivamente por concurso externo en asociación mafiosa), declarado culpable en primera instancia por su papel de 'mediador' en el período posterior a la victoria de Forza Italia en 1994.

Los jueces de la Corte d'Assise reconstruyeron la historia de las reuniones que el ex senador habría tenido con Vittorio Mangano en 1994 para hablar de los cambios legislativos a las normas sobre detenciones de jefes que Cosa Nostra le solicitó al gobierno de Berlusconi, a partir de la historia del colaborador de justicia Salvatore Cucuzza (en ese tiempo fallecido).

Pero en el juicio por concurso externo el colaborador no fue considerado confiable, tanto que los jueces condenaron a Dell'Utri solo por los hechos consumados hasta 1992. También en este caso la Corte Penal de primera instancia superó esa sentencia evaluando nuevos elementos, insertados en un contexto general más amplio.

Evidentemente esta Corte ha realizado otras valoraciones.

Lo cierto es que sin las investigaciones y los juicios nunca hubiéramos sabido de la existencia de documentos importantes como las agendas del ex jefe de Estado Carlo Azeglio Ciampi.

En esos trabajos se revela el fuerte debate institucional sobre el 41bis y sobre la línea a adoptar. Un pasaje en el que estuvo particularmente involucrado el entonces presidente de la República Oscar Luigi Scalfaro.

Y en el juicio es evidente que Scalfaro, cuando declaró ante los magistrados el 15 de diciembre del 2010, no dijo la verdad cuando aseguró que no sabía nada del cambio en la cúpula del DAP (Dirección de Administración Penitenciaria).

Luego están las declaraciones del exministro de Justicia Claudio Martelli, quien habló abiertamente de una "dialéctica bomba-concesiones" que había llevado a una "rendición unilateral del Estado".

Y cómo olvidar las palabras del ex presidente de la República, Giorgio Napolitano. Al declarar en una audiencia extraordinaria en el Quirinal el 28 de octubre del 2014, dijo que las bombas del '92 y '93 fueron un "todo o nada" al Estado, un "chantaje con el objetivo de desestabilizar todo el sistema".

El mismo Napolitano que había contribuido a elevar el tono de la polémica en torno al juicio al iniciar un conflicto de atribución contra la Fiscalía de Palermo por la conocida historia de las escuchas telefónicas entre él y el entonces acusado, Nicola Mancino. Llamadas telefónicas que los fiscales siempre han definido como irrelevantes y que luego fueron destruidas tras la decisión de la Consulta.

Mancino salió del proceso después de la primera instancia, con una sentencia absolutoria por falso testimonio que resultó definitiva tras la falta de apelación por parte de la Fiscalía.

Es un hecho que durante más de veinte años excelentes testigos guardaron silencio sobre lo que sabían de esos trágicos años. Y el río de "no recuerdo" y "no lo sé" corrió en las audiencias.

Por eso hay aún más honor en el enorme trabajo de los magistrados del pool de Palermo. En cualquier caso, el país está en deuda con ellos. Porque han seguido adelante a pesar de las agresiones verbales que sufrieron, de las campañas mediáticas hostiles y a pesar del silencio de los jefes de las instituciones que se fue transformando en auténtica obstrucción.

Sin su compromiso, nunca se hubiera encendido un faro sobre el Estado-mafia, sobre los sistemas criminales que se movieron detrás de las masacres y sobre las operaciones, cuanto menos opacas, que se llevaban a cabo mientras el país era destrozado por las bombas. Una historia que los italianos honestos nunca olvidarán.

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*Foto de portada: ACFB