Aún es temprano para medir el impacto de las consecuencias económicas de la crisis pandémica en la evolución de los fenómenos delictivos que caracterizan a nuestro distrito judicial y en la capacidad de respuesta de las oficinas del Ministerio Público que se encuentran a la vanguardia en la aplicación de la ley en las provincias de Palermo, Trapani y Agrigento.
Los datos estadísticos relativos al pasado año judicial son poco elocuentes porque se detienen en el 30 de junio del 2020, cuando la crisis estaba en su fase inicial y aún no había estabilizado sus efectos negativos, proyectándose a largo plazo.
El número total de nuevos procedimientos registrados contra personas conocidas en el período que va de 1º de julio de 2019 al 30 de junio del 2020 (47.201) no presenta una diferencia porcentual significativa con respecto al año anterior (48.497). Son solo 1296 registros menos.
La disminución en este período de delitos predatorios en la calle como robos en departamentos -38,19% y robos- 8,54%, fue compensada por el aumento porcentual de otros tipos de delitos como, por ejemplo, delitos informáticos contra la propiedad + 30,46%, los delitos de usura + 57,55, delitos de corrupción + 31,58%.
Además, hay que tener en cuenta que, a finales de junio del 2020, inmediatamente después de la larga pausa del primer encierro, se reanudaron a toda velocidad diversas actividades delictivas, entre ellas las acciones extorsivas de Cosa Nostra con incendios iniciados en pocas horas en varias obras de construcción, que provocaron daños en maquinarias por cientos de miles de euros.
Dicho esto en cuanto a los datos estadísticos, diversas señales provenientes del análisis de la realidad de los territorios, alimentan las preocupaciones sobre el peligro de posibles evoluciones negativas.
El primer dato que se puede extrapolar es que subsisten las condiciones para un crecimiento significativo en las áreas de la llamada ilegalidad de subsistencia e ilegalidad generalizada.
Los datos económicos y la opinión unánime de todos los observadores sociales atestiguan que el Covid ha ampliado las desigualdades económicas existentes y está cavando profundas líneas de fractura social entre quienes tienen la garantía de un ingreso y el número creciente de los que carecen de él, especialmente en los territorios del sur, caracterizadas por un subdesarrollo crónico, inseguridad económica y contextos laborales frágiles.
Frente a unas cien mil personas que en Palermo flotan en los límites de la supervivencia gracias a la provisión de ingresos de ciudadanía y otras formas de subsidios temporales, quedan decenas de miles más sin medios de subsistencia, incluidos muchos que viven de trabajos irregulares típicos de la llamada economía informal.
En ausencia de fuentes alternativas de ingresos, existe un riesgo concreto de un deslizamiento progresivo de partes significativas de esta masa de la población hacia la llamada subsistencia ilegal que se divide en una amplia y variada tipología de delitos que ya hoy, sumados, constituyen una parte muy relevante de las estadísticas judiciales de los delitos a cargo de los fiscales de distrito: desde hurtos en perjuicio de las empresas proveedoras de energía eléctrica, gas, agua, hurtos en supermercados y muchos otros.
En cuanto al peligro del crecimiento de la ilegalidad generalizada, es alto el riesgo de que un número no despreciable de operadores económicos, ante la reducción de sus ingresos y pérdidas sufridas, sucumban a la tentación de recortar los costos de la legalidad, mediante la creciente evasión fiscal y de la seguridad social, eliminación ilegal de residuos, violación de normas de higiene y seguridad, y otras conductas ilegales.
La crisis pandémica ciertamente no ha producido estos fenómenos que son propios de una economía criminal del subdesarrollo, pero los ha agravado significativamente, haciendo que todos los límites de la llamada "ilusión represiva", es decir, la ilusión de poder utilizar la respuesta penal para manejar problemas socioeconómicos complejos, cuya solución se busca en cambio en la planificación e implementación de políticas de rehabilitación y desarrollo social que eliminen o reduzcan las causas sociales que alimentan la reproducción incesante de determinadas formas de ilegalidad.
Una ilusión represiva que sigue comprometiendo aún hoy importantes cantidades de energía y recursos del Poder Judicial para producir un producto final cuyo resultado social es en gran medida evanescente en términos de disuasión y recuperación de los condenados a la cultura de la legalidad.
Las sentencias que condenan al pago de sanciones económicas son de hecho inaplicables en un número importante de casos debido a la indigencia y consecuente insolvencia de los condenados.
Las penas de prisión y las medidas alternativas no pueden desempeñar ninguna función real de reeducación porque -como año a año vuelve a repetir en sus informes el presidente del Tribunal de Vigilancia- debido a los recortes de recursos a la administración penitenciaria, las propuestas de formación relativas a cursos escolares y cursos profesionales son escasas, cada vez hay menos ofertas laborales, el número de educadores es insuficiente y "los contactos de presos individuales con operadores de esta categoría profesional son raros y las numerosas necesidades personales de los distintos presos siguen sin cubrirse".
Por tanto, luego de la conclusión de los juicios, los condenados son en la mayoría de los casos devueltos a las mismas condiciones de degradación económica y ambiental que constituyen el hábitat ideal para la reproducción de una ilegalidad de subsistencia que también alimenta una reserva inagotable de consenso social y laboral para el crimen organizado mafioso.
Las investigaciones realizadas por la Dirección Distrital Antimafia continúan destacando la notable tasa de consenso popular recolectado por familias mafiosas en muchos barrios de la ciudad caracterizados por altos índices de pobreza como Zen, Borgo Vecchio, Kalsa, Arenella, Vergine Maria y otros.
Por citar un ejemplo emblemático entre muchos, basta con considerar que -como se desprende de la investigación realizada por la DDA de Palermo- cuando fue excarcelado Gaetano Scotto, un importante jefe de la familia mafiosa de Arenella, se encontró con que todo un barrio lo estaba esperando con "devoción".
La misma devoción también se documentó durante la fiesta de Sant'Antonio di Padova, patrón del pueblo costero de Arenella, cuando Scotto y su novia fueron invitados a abordar el barco de pesca donde se colocó la estatua del Santo para ser transportada por mar, y donde, según las reglas de la procesión, está categóricamente prohibido el ingreso de personas distintas al sacerdote que ofició la función y la banda musical.
Estos no son episodios aislados. Las investigaciones de la DDA de Palermo documentan que hechos similares ocurren en otras zonas de la ciudad y en la provincia.
¿Cuáles son las razones de la permanencia de un consenso social que todavía está tan extendido en grandes segmentos populares hacia los miembros de la mafia?
En los barrios donde no llega el Estado, llega el Estado de Bienestar Mafioso, que a cambio de consentimiento y lealtad ofrece respuestas inmediatas a necesidades elementales de subsistencia que de otra manera quedarían insatisfechas.
Respuestas que consisten en buscar trabajo en empresas y establecimientos comerciales de sujetos extorsionados o coludidos, o en la inserción de sujetos necesitados en las cadenas productivas de la economía criminal como simples traficantes o simpatizantes, o, nuevamente, en la distribución de alimentos durante la fase aguda del encierro, como se revela en investigaciones recientes de la DDA de Palermo.
En este sentido, creo que merecen atención las múltiples señales de alarma lanzadas por asociaciones acreditadas que llevan mucho tiempo comprometidas en los territorios en el frente de la antimafia social.
Me refiero, por ejemplo, a un comunicado de prensa del 10 de enero del 2021 en el que la Asociación Addio Pizzo, que trabaja en la primera línea de apoyo a comerciantes y empresarios que denuncian extorsiones, al tiempo que aplaude la incesante actividad represiva que realizan el Poder Judicial y la Policía, destaca el riesgo de que tanto su esfuerzo como el de la autoridad judicial se tornen inútiles porque las brechas creadas por la acción represiva se agrandan y no hay respuestas políticas, concluyendo: "Si la emergencia habitacional crece, el empleo está en su punto mínimo histórico, el abandono escolar prematuro aumenta y el derecho a la salud disminuye, los fenómenos delictivos [...] están destinados a perpetuarse, convirtiéndose en la única red de seguridad social capaz de garantizar la supervivencia".
Como mencioné anteriormente, el Covid ha acelerado y dramatizado una crisis económica en el sur cuyas causas estructurales se remontan en el tiempo y se pueden atribuir a una pluralidad convergente de factores complejos.
Factores que ponen en tela de juicio no solo la responsabilidad política, sino también la ilegalidad rapaz y depredadora que practican segmentos importantes de las clases dirigentes que, con el propósito de enriquecimiento personal, han robado sistemáticamente miles de millones de euros destinados al desarrollo económico de la isla, comprometiendo así la redención social y la emancipación económica de las masas populares.
Las estadísticas judiciales del último año judicial atestiguan que si la paralización forzada impuesta por el Covid condujo a una disminución de los delitos predatorios callejeros (hurtos y robos), no tuvo el mismo efecto para los delitos de cuello blanco.
Los delitos contra la administración pública registraron un aumento de alrededor del 8% en el distrito, alcanzando un pico de alrededor del 32% para los delitos de corrupción.
Los informes de los Fiscales de la República sobre esta tipología de delitos ofrecen una muestra escalofriante de latrocinio ininterrumpido -practicado por sujetos que ocupan posiciones estratégicas dentro de diversos sistemas institucionales- de ingentes cantidades de fondos públicos destinados a la formación profesional, inversiones en sectores estratégicos, desarrollo industrial y otros servicios esenciales.
La salud se ve particularmente afectada, incluso en esta fase de emergencia, como también se desprende de una reciente investigación dela Fiscalía de Palermo que derivó en la detención, entre otros, del Coordinador de la estructura regional para la emergencia Covid-19, por corrupción e incentivos indebidos para otorgar o prometer beneficios.
En el informe del Fiscal de Palermo leemos: "El panorama general que surgió es alarmante, por decir poco, ya que el sector de contratación pública de la Salud siciliana parece estar afectado por una corrupción sistémica que permite la obtención de enormes ganancias, en detrimento de toda la comunidad y en beneficio de administradores públicos infieles, reparadores, empresas, empresarios, gerentes y sus colaboradores, destinatarios de prisión preventiva efectiva".
A la proliferación de los fenómenos de corrupción en el país ha contribuido un largo período legislativo que, durante casi dos décadas, ha debilitado de diversas formas la fuerza disuasoria y la eficacia represiva de la respuesta penal, temporada a la que la política legislativa más reciente ha puesto fin a través de una amplia gama de innovaciones legislativas: desde la reforma de la prescripción, hasta la exclusión de las medidas alternativas para los condenados por los delitos más graves contra la administración pública, desde el aumento de las penas a la extensión de la regulación de las intercepciones previstas para los delitos del crimen organizado y a los procesos por los delitos de los funcionarios contra la administración pública, que se castigarán con penas de prisión de al menos cinco años.
Sin embargo, el cambio de política legislativa en este sector crucial corre el riesgo de verse comprometido en gran medida por otras leyes de signo contrario.
La necesidad de afrontar la crisis económica provocada por la pandemia agilizando y organizando al máximo los trámites de otorgamiento de subvenciones, préstamos y medidas de acceso al crédito, ha dado lugar a una legislación de emergencia que ha privilegiado la urgencia y ampliación de la discrecionalidad en detrimento de los controles, abriendo así espacios amplios y peligrosos a maniobras corruptas y fraudulentas, así como a la infiltración mafiosa.
A este respecto, hay que tener en cuenta el peligroso desgaste en el sistema de prevención y de represión creado por la reforma del delito de abuso de poder (art. 323 CP) introducida por el D.L. 16.7.2020 n. 76, en vigor desde el 17.7.2020, que ha reducido aún más el ámbito de los abusos de poder delictivos, ya significativamente reducido en el pasado por la ley de reforma del 16 de julio de 1997,Nº 234, que había despenalizado el abuso del cargo no patrimonial.
El D.L., de hecho, ha restringido la sanción únicamente a los abusos cometidos por la violación de normas de conducta expresamente previstas en la ley o por actos con fuerza de ley en los que no queda margen de discrecionalidad, con exclusión de fuentes primarias sin estas características como así también de todos los reglamentos de ejecución que forman una parte importante de los reglamentos sobre contratación y provisión de gasto público.
Se trata de una liberalización del uso de la discreción administrativa que aumenta el riesgo de degeneración incontrolada.
Además, el mismo Decreto Ley Nº 76 de 16 de julio del 2020 limitó la actuación de los Fiscales contables hasta el 31 de diciembre de 2021 únicamente a los supuestos en los que la producción del daño resultante de la conducta del agente sea intencionalmente deseada por éste, excluyendo así -según la primera de las interpretaciones- una serie de conductas como la asignación arbitraria de tareas, la conducta de quienes contraen deudas fuera de balance y de quienes hacen mal uso de las contribuciones públicas.
Estas estrías se suman a muchas otras ya abiertas anteriormente -siempre para desbloquear los fondos que se destinarán a la recuperación económica- primero con el Decreto para el Desbloqueo de Obras y luego con el Decreto de Simplificación.
Por citar solo un ejemplo, considérese que para la adjudicación directa -un contrato público que puede ser otorgado sin licitación y sin que el órgano de contratación tenga que dar cuenta de su eleccióN- losumbrales mínimos se han elevado a 150 mil euros para obras y 75 mil euros para los servicios.
En muchas investigaciones se ha constatado que el uso de este tipo de contrato constituye una de las herramientas más frecuentes para llevar a cabo maniobras de favoritismo y corrupción, muchas veces también a través dela división artificial de contratos de considerable valor en varios contratos de menor monto, con el fin de permanecer por debajo del umbral que permite evitar la realización de licitaciones públicas, justificando el uso de procedimientos de adjudicación directa. El año que viene es un año decisivo.
Los 222 mil millones de euros del Plan de Recuperación representan una oportunidad única e ineludible para relanzar al país y encaminarlo hacia el futuro, a través de la planificación y ejecución concreta de un plan estratégico articulado de inversiones de amplio alcance y largo plazo.
Estamos ante una encrucijada de la historia y un desafío que cuestiona la responsabilidad de toda la clase dirigente en sus diversas articulaciones.
Si este desafío se perdiera a causa del predominio de intereses particulares personales y corporativos sobre los intereses generales, y la perpetuación de la depredación de porciones sustanciales de los recursos destinados a la recuperación, implementada en las más variadas formas aprovechando el debilitamiento de los controles impuestos desde la emergencia, nos encontraríamos ante un fracaso colectivo en lugar de una mera suma aritmética de responsabilidades individuales.
En este caso, la estadística judicial del futuro podría leerse como la metáfora y el espejo fiel de un país inmóvil que flota en el presente, prisionero de los vicios del pasado y de sus límites.
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(*) Fiscal General de Palermo
*Foto de portada: www.antimafiaduemila.com / Roberto Scarpinato