La presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia, Chiara Colosimo, filtró a la prensa que va a considerar abrir una nueva línea de investigación sobre la infiltración mafiosa en la política, declarándose dispuesta a escuchar propuestas de todos los miembros de la Comisión. Diversas circunstancias sugieren que el objetivo es salvar las apariencias de su fundadora, Giorgia Meloni, una vez que el daño ya está hecho, generando controversia con falsas apariencias de actividad. En realidad, la mejor solución sería la auto disolución de la Comisión, reconociendo la absoluta incapacidad de su mayoría para abordar un tema tan neurálgico.
¿Qué credibilidad se le puede atribuir a una Comisión Antimafia integrada por un presidente y una mayoría de miembros que participaron personalmente en la reciente campaña del referéndum para la aprobación de una reforma constitucional destinada a restablecer el control político sobre el poder judicial, tal como lo declararon muchos miembros influyentes de la coalición de gobierno y los líderes de los partidos gobernantes, incapaces de guardar silencio? Una política -nótese bien- encarnada por una interminable lista de figuras que simbolizan la colusión y la corrupción político-mafiosa, condenados con sentencias definitivas y, sin embargo, presentados como víctimas de un abuso político de la justicia por parte del poder judicial y gozando de gran prestigio entre muchos miembros de la mayoría, sus allegados y amigos. ¿Qué credibilidad puede tener una Comisión Antimafia cuya mayoría, desde su creación, se ha opuesto obstinadamente a cualquier investigación sobre los graves encubrimientos que persistieron hasta hace poco, comprometiendo el resultado de las investigaciones sobre los instigadores y cómplices del encubrimiento de las masacres de 1992 y 1993? ¿Una que se opone a cualquier investigación sobre la participación comprobada de terceros en las fases de ejecución de las masacres? ¿Una que ensalza como víctimas de un abuso político de la justicia a individuos que aún son investigados por la Fiscalía de Florencia por dichas masacres? ¿Y todo esto con el objetivo de explotar el actual equilibrio de poder para erradicar la verdad histórica de que la campaña de masacres de principios de los 90 fue la precursora del orden político actual, del cual los partidos mayoritarios son los beneficiarios finales? ¿Para encubrir, como si nada, la idea de que se tratara simplemente de masacres perpetradas por mafiosos con gorras torcidas, los sospechosos habituales, "feos, sucios y malos", para encubrir viejas historias sobre contratación pública de la Primera República, un período ahora olvidado por la historia? ¿Qué credibilidad puede tener una Comisión Antimafia, que representa a la misma mayoría que, desde los inicios del poder judicial, ha trabajado incansablemente para desactivar los principales mecanismos de defensa del sistema legal contra la proliferación descontrolada de comités empresariales y de alianzas de conveniencia entre profesionales y aristocracias mafiosas burguesas? ¿Una Comisión que abrió un camino sin cuartel a la corrupción mafiosa, a las mafias masivas y a una política perniciosa que se perpetúa gracias a un consenso alimentado por el tráfico de votos, en el que las mafias son expertas?
He aquí un breve resumen:
1) Se elevó el umbral financiero para los contratos directos adjudicados sin licitación pública y para aquellos con un número limitado de operadores económicos seleccionados, lo que resultó en que el 93% de los contratos públicos se adjudicaran sin licitación pública en el 2024, un aumento anómalo que la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) calificó como una fuga de la competencia y un riesgo para el sistema económico del país;
2) Liberalización de la subcontratación en cascada, una vía notoria para la infiltración mafiosa;
3) Derogación del delito de abuso de poder, instrumento clave de la gestión clientelista y mafiosa del poder público, y la consiguiente normalización de los conflictos de intereses;
4) Desvitalización del delito de tráfico de influencias ilícitas, un recurso esencial para los lobistas y mafiosos de cuello blanco;
5) Limitación de las facultades de interceptación telefónica del poder judicial;
6) Neutralización de las facultades de supervisión del Tribunal de Cuentas en la mala gestión de los fondos públicos por parte de políticos y administradores públicos;
7) Reducción de la autonomía e independencia de los fiscales públicos en la judicatura contable al subordinarlos a un super fiscal favorecido por los líderes políticos (el mismo plan seguido, mutatis mutandis, para la magistratura ordinaria en caso de un voto afirmativo), y mucho más. Un activismo frenético que, no por casualidad, se combina con la inercia catatónica de esta mayoría frente a los repetidos pedidos para aprobar leyes indispensables, como las que regulan las actividades de cabildeo y los conflictos de intereses, que, sin embargo, permanecen guardadas en profundos cajones.
Señora presidenta, la mejor contribución que usted y su mayoría pueden hacer es mantenerse quietos e inactivos desde ahora hasta el final de la legislatura, evitando así que se agraven aún más los enormes daños ya causados a la credibilidad de la política y del Estado al presentar como lucha contra la mafia un mero espectáculo de discursos y placas, una demostración de ferocidad dirigida únicamente a mafiosos con gorras torcidas, mientras se camina del brazo de los mandos superiores.
*Tomado de: Il Fatto Quotidiano
*Foto de portada: © Paolo Bassani