Entrevista al Fiscal Adjunto de Catania en Dojo Crime

"En los últimos treinta años no ha habido ninguna reforma de la justicia". Lo dice Sebastiano Ardita, Fiscal Adjunto de Catania, quien no se anda con rodeos al describir el estado de un sistema que, según él, ha preferido "reformas paliativas, inspiradas por la propaganda e impulsadas por la incompetencia de quienes asesoraron a los órganos legislativos en la redacción de los textos". Estas duras palabras, pronunciadas en una entrevista exclusiva con Dojo Crime, pintan un panorama desolador: "En lugar de agilizar los procesos, prefirieron introducir nuevos delitos. En vez de centrarse en la eficiencia, a menudo se detuvieron en regulaciones complejas que terminaron privando a la función de inmediatez y, por lo tanto, de sentido". ¿El resultado? Un sistema judicial que, en lugar de volverse más eficiente, se ha sobrecargado: "Se optó por introducir nuevos delitos en lugar de agilizar los juicios".

Según el magistrado, esta decisión ha acabado por "restarle inmediatez y, por ende, significado a la propia función" de la justicia. Pero la verdadera preocupación de Ardita reside en el crimen organizado. "El crimen organizado cambia de forma, pero en esencia permanece intacto como herramienta para acumular poder, dinero e influencia sobre los ciudadanos", explica. ¿Su receta para combatirlo? "La única estrategia posible es no dejarle espacio a esta realidad". Una estrategia que, sin embargo, no se basa únicamente en la represión: "Es una estrategia fundamentada en una buena administración pública, cultura y compromiso social; y solo en menor medida en la acción militar". El problema más acuciante, sin embargo, es la gestión penitenciaria. Ardita denuncia una "confusión total", donde "la retórica de los derechos humanos, dirigida a los jefes de la mafia, ha permitido que la mafia controle la prisión, aniquilando literalmente los derechos de los demás reclusos". El magistrado no tiene dudas: "Los derechos de todos deben ser protegidos y respetados dentro del marco de la legalidad. Quienes han roto el pacto social y continúan violando ese marco mientras están detenidos no pueden ser tratados como los demás".

Su análisis es implacable: "Las normas penitenciarias que atañen a la seguridad y, por lo tanto, a los derechos de todos, funcionarios y reclusos más vulnerables, no pueden ser anuladas en nombre de falsas referencias a los derechos humanos". Según Ardita, "los derechos humanos consisten en el respeto obligatorio a la dignidad y la libertad residual de cada recluso. Pero nunca pueden dar lugar a una inversión del propósito de la prisión, creando espacios de impunidad para quienes ya han violado el pacto social". El fiscal adjunto ni siquiera perdona el régimen especial de detención: "El propio artículo 41 bis, que debería impedir todo esto y de hecho aún lo hace, se ve socavado y corre el riesgo de ser vulnerado". ¿De quién es la culpa? Este malentendido, si es que podemos llamarlo así, reconociendo la buena fe de quienes lo originaron, ha llevado al abandono de la gestión de los reclusos mafiosos, permitiéndoles seguir gobernando desde prisión y transformarla en un centro de narcotráfico y un lugar de control criminal.

Para Ardita, la solución es clara: "Bajo control estatal, los reclusos que buscan rehabilitarse deben tener derecho a más espacio; quienes perciben la prisión como un lugar de dominación deben ser vigilados y se les debe impedir cometer delitos". El fiscal adjunto concluye con una reflexión que va más allá de la represión: "La mafia se combate con cultura, compromiso social y buena administración. Solo en menor medida con intervención militar".

*Fuente: Dojo Crime
*Foto de Portada: © Paolo Bassani