El Fiscal Nacional Adjunto Antimafia en conversación con Alessandro Di Battista en Palermo
"Entierren la arrogancia del poder que busca protegerse bajo una avalancha de NO". Este fue el mensaje que el Fiscal Nacional Adjunto Antimafia, Nino Di Matteo, transmitió a un público numeroso en el cine Lux de Palermo, que acudió a presenciar el debate organizado por "Schierarsi" (transmitido en directo por ANTIMAFIADuemila) entre el magistrado y el representante de la asociación, Alessandro Di Battista. Más de 400 personas se encontraban en la sala y unas 300 afuera, esperando la segunda ronda del debate, a pesar de la lluvia. Se abordaron numerosos temas durante la velada. Desde las crisis internacionales hasta el poder excesivo de los oligarcas, pasando por la reacción política contra el poder judicial y el resurgimiento del autoritarismo. Todos son problemas distintos, pero entrelazados en una única y cada vez más preocupante cuestión de actualidad: el dominio del más fuerte que busca imponerse sobre la ley. Esta dura realidad caracteriza a Italia, como al resto del mundo, y debe ser contrarrestada con un rotundo "¡NO!". Un NO que debe comenzar con la reforma de la separación de carreras profesionales, tema que se debatió ampliamente durante el evento y sobre el cual los italianos votarán el domingo y el lunes.
Sobre este punto, Di Matteo arremete: "Esto no es una reforma del sistema judicial", sino "una reforma del poder judicial que atenta contra la autonomía e independencia", denunciando lo que él llama "un gran engaño" en detrimento de la ciudadanía. El magistrado insiste en que "la autonomía e independencia del poder judicial no es un privilegio de una casta en particular, sino una garantía para la ciudadanía", especialmente para los más vulnerables, y refuta la idea de que la separación sirva para evitar que los jueces se asocien cada vez más con los fiscales: "Los hechos son muy distintos". El riesgo, explica, es transformar al fiscal en "un abogado de la acusación", perdiendo la cultura compartida de jurisdicción que actualmente garantiza el equilibrio. De ahí la acusación de índole política: la reforma serviría para "proteger al gobierno, al poder ejecutivo de turno, de posibles iniciativas judiciales", alterando "el equilibrio de los poderes". Por ello, concluye, lo que está en juego es mucho y afecta a la propia estabilidad del Estado de derecho: "Quieren crear un sistema judicial de dos niveles", mientras que a los ciudadanos solo les queda una opción clara e informada.
"No es una reforma judicial"
Di Matteo también critica duramente el proceso de aprobación de la reforma: "Nuestros padres fundadores nos enseñaron la necesidad de ir más allá de los límites", mientras que hoy se interviene "con un proyecto de ley del gobierno, sin la debida consideración en el Parlamento". La califica de reforma "sellada", que "ni siquiera los parlamentarios pudieron debatir eficazmente" y que ahora se entrega directamente a los ciudadanos, a quienes se les pide que "la ratifiquen o la rechacen". El magistrado amplía entonces su argumentación para incluir la relación entre la política y la Constitución: "Necesitamos urgentemente comprometernos no a enmendar la Constitución, sino a implementarla". Según Di Matteo, el problema no radica en cambiar las reglas, sino en que "vivimos en un sistema que traiciona constantemente la Constitución", llegando incluso a denunciar la violación del artículo 11: "Italia no repudia la guerra, sino que se convierte en cómplice de guerras y agresiones". De ahí la crítica a una reforma que aborda los "7 artículos" sin tratar los verdaderos problemas del sistema judicial italiano. Di Matteo, al analizar el fondo del asunto, desmantela el discurso del gobierno: "No se trata de la lentitud de los juicios, ni de la certeza de las penas, ni de los derechos de la defensa". Y añade: "No se trata de las expectativas de las víctimas, ni del derecho a la verdad sobre los hechos y las masacres que han marcado nuestra historia".
Por eso, califica abiertamente de "burla" que la reforma se vincule a errores judiciales: "Nos llenan la cabeza", acusa, denunciando una comunicación que considera engañosa. El meollo de la disputa sigue siendo la separación de funciones. Para Di Matteo, un fiscal separado del juez "se transforma en un abogado de la acusación, un acusador a toda costa". Esta transformación socava la cultura de la jurisdicción compartida y la imparcialidad del sistema. De ahí la advertencia: "El daño de la separación es un daño para ustedes, los ciudadanos", porque reduce las garantías y altera el equilibrio interno del poder judicial.
Distorsionan la Constitución para "proteger" al poder
Según el magistrado, el verdadero propósito se desprende de las propias palabras de los políticos: cuando admiten que la reforma "también podría serles útil cuando asuman el cargo", se trata de una "confesión involuntaria". El objetivo sería "proteger al gobierno de turno y alterar el equilibrio de poderes", impactando uno de los pilares de la democracia constitucional. Di Matteo vincula la reforma a un plan más amplio e histórico: "No sucederá de la noche a la mañana", pero recuerda "aspectos ya contemplados en el plan de la Logia P2 para el renacimiento democrático".
Una referencia significativa, que evoca la figura de Licio Gelli y sus responsabilidades comprobadas, incluyendo su relación con la masacre de Bolonia de 1980. "Esta reforma constitucional es la culminación de un intento por proteger a los poderosos, tanto políticos como de otros ámbitos, y para crear definitivamente un sistema de justicia de dos niveles que quizás sea eficiente, riguroso y, a veces, injustamente implacable con las manifestaciones criminales típicas de la disidencia o de los marginados sociales, mientras que es completamente implacable con los delitos de cuello blanco. “De eso se trata”, explica el magistrado. Y quienes juraron lealtad a la Constitución no pueden aceptar seguir vistiendo la toga cuando ya ni siquiera sienten la posibilidad, la aspiración, de que la justicia sea verdaderamente igualitaria para todos. Hay mucho en juego. El juego en juego concierne a un escenario en el que, en Italia como en otros lugares, la ley del más fuerte se impone cada vez más sobre el Estado de derecho, en el que se concentra cada vez más poder en las llamadas autocracias, en detrimento de los poderes legislativo y judicial. En la conclusión, Di Matteo recuerda las palabras de Piero Calamandrei: "El fiscal no es el abogado de la acusación", sino un órgano que "tiene la obligación de buscar la verdad" dentro de una cultura de jurisdicción compartida. Y dirigiéndose en particular a los jóvenes, les recuerda que "detrás de cada artículo de la Constitución hay personas que han dado su vida". De ahí el llamamiento final, que retoma el punto de partida y lo refuerza: "Entierren la arrogancia del poder que busca protegerse bajo una avalancha de NO".
Lorenzo Baldo: "Defendamos a la Constitución de una peligrosa deriva"
Lorenzo Baldo, subdirector de ANTIMAFIADuemila, lanza una clara advertencia: "En dos días, se nos pedirá que elijamos en qué país queremos vivir", situando a los votantes en una encrucijada "entre quienes pretenden salvar a la democracia y quienes se preparan para violar la Constitución". Baldo habla de una reforma que "se nutre de mentiras" y denuncia un clima destinado a "silenciar a los magistrados que buscan la verdad" y a "deshacerse del poder judicial", citando además las controvertidas declaraciones de Giusi Bartolozzi como muestra de las verdaderas intenciones del gobierno. En su discurso, el periodista advierte de los riesgos de deslegitimar al poder judicial, lo que podría incluso favorecer los intereses del crimen organizado, evocando el peligro de un "sistema judicial debilitado" justo cuando se investigan momentos cruciales de la historia italiana. De ahí el llamamiento a la "resistencia constitucional", en la misma línea que defiende Nino Di Matteo, y la referencia a la novela Fahrenheit 451: "No tiene sentido quemar libros si la sociedad deja de leerlos". Un paralelismo que Baldo utiliza para invitar a los ciudadanos a "convertirse en la propia Constitución" y defenderla activamente, rechazando cualquier intento de doblegar las reglas democráticas e influir en el voto.
Di Battista: "Corrupción mental y el riesgo para la democracia"
Alessandro Di Battista también interviene con un tono severo, profundizando en el tema: "El verdadero peligro no es solo la corrupción material, sino la corrupción mental", que lleva a quienes ostentan el poder a "transigir con su conciencia" hasta el punto de volver inaceptable lo que antes era inapropiado. Según Di Battista, la cuestión no se limita a la reforma judicial, sino que abarca la relación entre el poder, la Constitución y la democracia: "La gente renuncia a partes cada vez mayores de su conciencia política con tal de mantenerse en el poder", transformando progresivamente a las instituciones. En este contexto, el poder se describe como un mecanismo que "aleja de la realidad" y puede contaminar a quienes carecen de "raíces sólidas" o no se rodean de personas capaces de decirles: "están equivocados".
De ahí la insistencia en la necesidad de una vigilancia cívica y moral constante: "Nunca hagan lo que les conviene, sino intenteb hacer siempre lo correcto". Un llamado directo a la responsabilidad individual, porque -subraya- la defensa de la democracia proviene ante todo de la defensa de la propia conciencia y de la capacidad de resistir la lenta adaptación que normaliza el abuso de poder. Al explorar los méritos de la reforma, Di Battista advierte que el riesgo es el de socavar el equilibrio de poder dentro del Estado: "La política siempre busca protegerse", afirma, señalando esto como la "razón principal" de la intervención. El objetivo, según él, sería "dificultar la labor del poder judicial para enjuiciar los delitos económicos", un proceso que, añade, "lleva años gestándose, no solo desde la derecha, sino también desde la izquierda". Esta continuidad refuerza la sospecha de un plan más amplio destinado a limitar la legalidad del poder.
Di Battista rechaza categóricamente la idea de que los fiscales sean "defensores de la acusación": "Deben determinar la verdad, no fabricar condenas a cualquier precio". Desde esta perspectiva, defiende también la unidad del poder judicial, argumentando que la posibilidad de pasar de fiscal a juez "no es algo negativo", sino que permite el desarrollo de "una cultura de la jurisdicción más amplia" y, por lo tanto, mayores garantías para la ciudadanía. El punto, reitera, es que el Estado de derecho se basa en un poder judicial autónomo e independiente, no subordinado a la política. La conclusión remite a la Constitución, vista no como un límite a la gobernabilidad, sino como una salvaguarda contra las tendencias autoritarias: "Es el límite que impide que el poder se vuelva arbitrario". Defenderla significa defender una democracia sustantiva, en la que ningún gobierno pueda "silenciar los controles, subvertir la justicia ni convertir a los ciudadanos en meros espectadores pasivos". De ahí el llamamiento final, simple pero claro: "Digamos NO".
*Fotos: © Paolo Bassani/Emanuele Di Stefano