Curcio, Nitti y Tescaroli en Il Fatto: Si cambia la relación con la Policía Judicial, también cambiarán las investigaciones
Este no es un cambio técnico en el sistema judicial, sino una decisión política que impacta directamente en la relación entre los distintos poderes del gobierno. La reforma judicial que introduce la separación de las carreras de jueces y fiscales lograría precisamente esto. Este es el tema central de la entrevista de Il Fatto Quotidiano con tres fiscales: Francesco Curcio, de la fiscalía de Catania (Sicilia), Renato Nitti, de la fiscalía de Trani (Apulia), y Luca Tescaroli, de la fiscalía de Prato (Toscana).
Curcio va directo al grano, explicando que esta reforma podría socavar la independencia del poder judicial: "Debemos elegir si nos arriesgamos a que el poder judicial sea aplastado por el poder político en el futuro o si, más allá de los errores individuales, queremos seguir teniendo un sistema en el que el fiscal pueda realizar investigaciones exhaustivas, como ha sucedido en los últimos años. No es casualidad que estos sean los años en los que la política ha puesto en la mira al poder judicial". En otras palabras, la reforma podría limitar la capacidad del fiscal para investigar libremente.
Tescaroli comparte esta opinión, temiendo que esta nueva estructura pueda afectar el delicado equilibrio de poderes consagrado en la Constitución italiana. "No dispongo de información para predecir los efectos de los acontecimientos internacionales. Sin embargo, tengo inquietudes concretas si prevalece el sí: el riesgo es una alteración del equilibrio de poderes consagrado en la Constitución, que se deriva principalmente de la Alta Corte Disciplinaria y su composición, con un desplazamiento del peso político. Pero el efecto final -enfatizó el fiscal jefe de Prato- es la erradicación de la cultura de la jurisdicción, con fiscales y jueces como partes integrales de un único mecanismo de evaluación. Esta fractura ya es evidente, en la que las garantías ciudadanas pagarán el precio, porque, -aclaró Tescaroli- se perdería un mecanismo de control mutuo que actualmente se considera una garantía de equilibrio".
El fiscal de Trani, Renato Nitti, utiliza una metáfora eficaz para explicar su temor. La reforma es como "un coche que va en una dirección determinada. El problema -añade Nitti- es entender en qué dirección va. Y la respuesta reside en las declaraciones de los mismos políticos que apoyan la reforma. El objetivo implícito parece ser precisamente reducir la autoridad del poder judicial cuando toma decisiones indeseables para el gobierno. No más decisiones indeseables para el gobierno, incluidas las de los magistrados contables, y por lo tanto, no más protección de los derechos de los débiles frente a los poderosos".
Otro punto central del debate se refiere a la policía judicial, es decir, los investigadores policiales que trabajan bajo la dirección de los fiscales durante las investigaciones. Es aquí donde el fiscal Curcio añade otra aclaración: el fiscal es "quien tiene las llaves del proceso". En la práctica, decide qué investigaciones llevar a cabo y sobre qué pruebas construir un caso penal. Pero para ello, debe poder dirigir a la policía judicial. Si esta dependencia se debilitara o eliminara, argumenta el fiscal, el fiscal ya no tendría las herramientas para recabar pruebas. Esto también plantea otra preocupación, quizás aún más acuciante: la reforma podría ser el primer paso hacia el control de las acciones de los fiscales. Y esto, explicó Curcio, conduciría a "un sistema judicial severo con los pobres e indulgente con la clase dirigente".
El riesgo existe, es alto, y también está vinculado a investigaciones que han marcado la historia judicial italiana. Tescaroli recordó las investigaciones sobre Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, hallado muerto en Londres en 1982, y las pesquisas sobre las masacres de la mafia, "en las que ciertos elementos sugieren que pudo haber una convergencia de intereses por parte de individuos externos a la mafia. Si esto cambiara -especificó Tescaroli- tendríamos una policía judicial que obedecería a la jerarquía política y, por lo tanto, a las instrucciones de la mayoría gobernante en ese momento". Así que el riesgo existe, y las investigaciones podrían estar sesgadas políticamente.
El asunto se vuelve aún más delicado cuando se trata de la mafia y los delitos de cuello blanco. Los tres magistrados coinciden en un punto: si la reforma entrara en vigor, podría resultar más difícil investigar las conexiones entre el crimen organizado, la política y la economía.
Curcio lo dice claro: las investigaciones sobre la mano de obra mafiosa, extorsión, narcotráfico y drogas probablemente continuarían sin problemas. "Pero será más difícil llegar a los niveles superiores, es decir, a los intercambios político-electorales de la mafia".
Esto es lo que Tescaroli denominó una "zona gris", donde mafiosos, empresarios, profesionales y políticos pueden entrar en contacto. Es precisamente ahí, argumenta, donde se necesita una fiscalía totalmente independiente. Sin esta independencia, la lucha contra el crimen organizado correría el riesgo de debilitarse. Nitti añade que cualquier restricción también podría surgir indirectamente, por ejemplo, a través de cambios en las normas sobre escuchas telefónicas o la adquisición de datos de teléfonos inteligentes, ahora herramientas esenciales en las investigaciones.
Finalmente, el debate también se extiende a la historia reciente del poder judicial italiano y a la posibilidad de que todo esto sea, de alguna manera, una especie de "enfrentamiento" entre la política y el poder judicial que comenzó en la década de 1990. Curcio lo ve como una auténtica maquinaria política y mediática contra los magistrados. El objetivo, según él, es evitar que se repita lo ocurrido durante la investigación de Mani Pulite (Manos Limpias). Tescaroli y Nitti coinciden plenamente con esta interpretación, y el fiscal de Trani aclara que ahora es evidente que la reforma no aborda el objetivo de mejorar la eficiencia de la justicia.
*Fuente: Il Fatto Quotidiano