En directo en Il Fatto: la presentación del libro Manos Atadas y el debate sobre la reforma de Nordio y los riesgos para la ciudadanía y la magistratura

"No hablamos de una reforma que mejore la vida de los ciudadanos ni agilice la justicia: abordamos los anticuerpos democráticos necesarios para evitar que el poder político se apodere de la justicia". Con esta clara advertencia, Piergiorgio Morosini inauguró la presentación en línea del libro Manos Atadas (Editorial Paper First), transmitida por el canal de YouTube de Il Fatto Quotidiano, convirtiendo la reunión en un intenso debate político y civil. En el diálogo con el director Peter Gomez y los demás autores, el debate dejó claro de inmediato que la reforma constitucional de Nordio no es una cuestión técnica ni una disputa entre personas de adentro. Lo que está en juego no es solo la separación de las carreras de jueces y fiscales, sino también un profundo cambio en el equilibrio de poder del Estado, con consecuencias directas para la ciudadanía y la propia estabilidad de la democracia.

Piergiorgio Morosini aclaró inmediatamente que la esencia de la reforma reside en su "combustible ideológico". En su opinión, las palabras del subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alfredo Mantovano, fueron reveladoras: la idea de que el poder judicial elude la voluntad popular, que "crea reglas que el Parlamento no ha hecho", que se niega a implementar medidas gubernamentales -como en el caso del decreto de Países Seguros- e incluso que "selecciona judicialmente a quién debe gobernar" mediante investigaciones y juicios a quienes ocupan cargos públicos. Esta, según Morosini, es la tesis política que allanó el camino para la reforma y explica las soluciones adoptadas.

Respondiendo a la insistencia de Gómez, Morosini desmintió la idea de que la autonomía de los fiscales se mantendría intacta. El punto crucial, explicó, es la reescritura del órgano que garantiza la independencia del poder judicial: el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) se divide en dos, los miembros profesionales se eligen por sorteo, mientras que los miembros legos quedan efectivamente en manos de la mayoría política, que puede elegir la lista de la que seleccionarlos con una mayoría simple. Este mecanismo, en su opinión, permite a la política controlar los dos CSM "en bloque", lo que, además, los despoja de jurisdicción disciplinaria. Esto desmantela la estructura concebida por la Asamblea Constituyente de 1948 para proteger la autonomía de los magistrados, precisamente sobre aquellos mecanismos -nombramientos, traslados, carreras- que en la era preconstitucional se utilizaban para influir en juicios delicados.

Morosini también amplió el alcance más allá del derecho penal, recordando que la "alergia" hacia el poder judicial también se extiende a la justicia civil y las relaciones laborales. Citó la investigación de la Fiscalía de Milán que condujo a la regularización de 50 mil trabajadores precarios: un resultado logrado no por iniciativa política, sino mediante la acción judicial. Un ejemplo concreto de cómo la intervención judicial puede afectar a los derechos sociales que la política deja al descubierto.

Antonella Mascali situó el tema en el marco de la visión política del gobierno de Meloni, resumido, en sus palabras, en el principio de "no molestar al conductor". La seguridad, explicó, recae sobre magistrados acusados de "liberar presos" e incumplir las leyes gubernamentales, lo que alimenta la idea de que el poder judicial debe estar alineado con la política. Mascali insistió en que el verdadero peligro no reside tanto en lo que la reforma establece explícitamente, sino en lo que allana el camino: una vez reformada la Constitución, una ley ordinaria bastaría para eliminar el control del fiscal sobre la policía judicial. En ese punto, advirtió, "se acabó el juego": el fiscal se convertiría en un abogado del fiscal, un "sheriff", mientras que la policía respondería directamente a los ministros.

En respuesta a la objeción de Gómez sobre la corrientes internas del CSM y el poder de los magistrados sobre las carreras judiciales, Mascali respondió que el sorteo no elimina en absoluto las facciones y, de hecho, deslegitima el poder judicial. La comparación fue contundente: "Echemos a suerte incluso a los cirujanos que tienen que entrar al quirófano". Aún más grave, en su opinión, es el "falso sorteo" de miembros legos, que deja intacto el control político.

Morosini retomó el papel del CSM, recordando que no es un simple órgano administrativo, sino un organismo de importancia constitucional, presidido por el Presidente de la República, llamado a definir la dirección general de la organización de la justicia, a participar en contextos internacionales y a emitir opiniones al Parlamento y al gobierno. Estas funciones requieren visión, cultura jurídica y pluralismo. Las llamadas corrientes, subrayó, surgen de la libertad de asociación garantizada por la Constitución y reflejan diferentes concepciones del sistema judicial. Recordando el fallido nombramiento de Giovanni Falcone, Morosini señaló que no todo se reduce a cambios de poder: los grupos a menudo se han dividido internamente, y las conversaciones surgidas de la investigación de Perugia revelan una dialéctica compleja, no un bloque monolítico.

En el debate, Gómez destacó uno de los argumentos más sólidos contra la reforma: para los ciudadanos, incluso si ganara el "sí", poco o nada cambiaría los verdaderos problemas, empezando por la interminable duración de los juicios. Separar las carreras no acorta los procedimientos, no previene los errores judiciales -como lo demuestra el caso Tortora- y, de hecho, corre el riesgo de producir fiscales cada vez más parecidos a "super policías".

Sobre este punto, Mascali replicó que, si bien es cierto que la lentitud persistiría, la vida de los ciudadanos podría empeorar: la ley ya no sería igual para todos debido a la prevalencia de la política, y el equilibrio entre la fiscalía y el juez se erosionaría, dando paso a un fiscal cada vez más poderoso y políticamente influenciado.

Morosini, finalmente, cuestionó la idea de que "nada cambia". Es cierto, admitió, que la reforma no reduce la duración de los juicios ni un solo día, con graves consecuencias para los trabajadores despedidos injustamente o para las mujeres y menores víctimas de violencia. Pero también cambia la composición del fiscal, cada vez más separado del juez, de la formación compartida y de una organización de trabajo compartida. En este contexto, advirtió, el fiscal corre el riesgo de "distorsiones conductuales" y de un enfoque más centrado en los resultados de la investigación que en los derechos de las personas. Este es un riesgo nada abstracto, sobre todo considerando herramientas como las medidas cautelares de código rojo, que pueden tener un impacto devastador en la vida familiar.

No se trata de una simple reforma ni de una mera reestructuración del sistema judicial. Al contrario, por un lado, es un enfrentamiento con el poder judicial que tuvo la valentía de elevar el nivel de las investigaciones; y por otro, un paso crucial en la relación entre los poderes del Estado que perjudica gravemente a la ciudadanía y, por ende, a la democracia. Y es sobre esta base, mucho más allá de los eslóganes, que el referéndum llamará a los ciudadanos a decidir, probablemente el 22 y 23 de marzo.

*Foto de Portada: Antimafia Duemila