Entrevista con el fiscal adjunto de Catania en las columnas de Il Fatto

El presidente de Stellantis, John Elkann, pide poner a prueba las acusaciones de fraude contra el Estado presentadas por la Fiscalía de Turín. El núcleo del caso son los presuntos impuestos impagos y artificios relacionados con la residencia de su abuela, Marella Caracciolo Agnelli. Mientras tanto, Elkann estaría pagando a la Agencia Tributaria aproximadamente 183 millones de euros en impuestos y multas impagas.

Para el fiscal adjunto de Catania, Sebastiano Ardita, la operación puede interpretarse de diferentes maneras. "Si el único objetivo del Estado era recaudar fondos, podría tener algún lado positivo", declaró al diario Il Fatto Quotidiano. "Pero, por supuesto, siempre debemos comprender la relación entre la cantidad pagada y la cantidad evadida. Sin embargo, si analizamos la ortodoxia de un sistema de justicia penal, su nivel general de equidad e igualdad de trato a los ciudadanos, quizás estas herramientas susciten dudas".

La puesta a prueba se amplió con la reforma introducida por la exministra de Justicia Marta Cartabia. Esta institución suspende el juicio y pone al acusado a disposición de un organismo: si la persona demuestra haber reconocido su error y ha emprendido un proceso de cambio, el proceso se sobresee. Creada para reducir la carga judicial y ofrecer una oportunidad a grupos vulnerables -menores, jóvenes, adictos o personas en situación de marginación-, tradicionalmente se aplicaba a delitos de menor gravedad social. Sin embargo, su extensión a delitos con penas de hasta seis años de prisión, incluso los más graves, plantea dudas sobre la coherencia con sus propósitos originales.

Ardita critica en particular la aplicación de la medida a delitos fiscales, financieros y de corrupción, contextos que involucran a la clase dirigente y que requieren decisiones informadas y estructuradas. "Hay delitos para los que la puesta a prueba simplemente no tiene sentido", enfatiza. "Un drogadicto puede demostrar que ya no consume drogas, un alcohólico que ha dejado de beber, un motociclista imprudente que ha respetado el límite de velocidad. Pero ¿qué pruebas concretas puede aportar alguien que ha cometido delitos fiscales?", concluye.

*Foto de Portada: © Imagoeconomica