De la DIA al SCO, los documentos que "hablan"

Hay una razón por la vual la Comisión Parlamentaria Antimafia no desea intervenir en la búsqueda de la verdad sobre las llamadas tragedias del Continente.

De Florencia a Milán, pasando por Roma (vía Fauro, San Giovanni in Laterano y San Giorgio al Velabro), son muchos los elementos surgidos en años de investigaciones y procesos que obligaron a las instituciones a mirar más allá de Cosa Nostra, a buscar a los sujetos externos que, en ese preciso momento histórico, tenían interés en poner en jaque al Estado italiano. Un sistema criminal que se estaba "renovando" a la luz de un mundo que estaba cambiando tras la caída del muro de Berlín.

Y no solo eso. La Comisión Parlamentaria Antimafia, presidida por Chiara Colosimo, debería medirse con una larga serie de documentos que, gusten o no, se refieren directamente a las tratativas Estado-mafia que tuvieron lugar en aquellos años. Tratativa. Palabra urticante, molesta y engorrosa que incluso la Casación, con su sentencia absolutoria, quiso anular (la fórmula absolutoria respecto del delito de atentado al cuerpo político del Estado nunca fue que "el hecho no existió").

Al abordar ese terrible período no se pueden obviar los documentos -así como los testimonios- escritos en negro sobre blanco y olvidados durante décadas, que han desarrollado el tema.

Una parte de esa partida, al menos en la óptica de Cosa Nostra, se jugó en las cárceles y en ese régimen penitenciario especial del 41 bis, que impedía todo contacto con el exterior a los jefes.

Y las "bombas del diálogo" (así las definió Luciano Violante, presidente de la Comisión Antimafia en los años noventa) habría tenido ese efecto.

Es un hecho que en junio de 1993, entre la bomba de Florencia y las de Milán y Roma, hubo un repentino reemplazo en la cúpula de la administración penitenciaria.

El director general del DAP (Departamento de Administración Penitenciaria), Nicolò Amato, fue reemplazado de la noche a la mañana sin ningún grupo de explicaciones.

Pocos meses antes, Amato fue puesto en la mira en una carta amenazante dirigida por los supuestos padres de mafiosos detenidos en las cárceles de Pianosa y Asinara, enviada en febrero de 1993 y dirigida, entre otros, al presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro.

En esa misiva, se utilizaba un tono amenazante, solicitando la intervención del jefe de Estado para poner fin a la violencia ejercida en las cárceles contra los detenidos y acusando a Amato, el que era definido como un "dictador rencoroso". El proceso de la Tratativa Estado-mafia reconstruyó cada paso que condujo a la sustitución de Amato por Adalberto Capriotti, así como la implicación directa del jefe de Estado. ¿Fue esa la primera señal para el exterior?

Los vértices institucionales fueron siempre negativos. Amato, en el proceso, dijo: "Oigo hablar de tratativas, y no sé si alguien se sentó a la mesa con alguien más; pero sí sé que hubo una rendición objetiva del Estado ante el crimen organizado desde el momento en que, con mi remoción, se pasó de un régimen carcelario más duro a uno mucho más relajado".

Esto era cierto entonces y es aún más cierto hoy, cuando la cadena perpetua sin libertad condicional y el artículo 41 bis tienen cada vez menos restricciones y los jefes encarcelados (incluidos los asesinos en masa) obtienen lentamente beneficios a pesar de no cooperar con la justicia.

El proceso revisionista y de supresión de hechos que ciertos políticos, periódicos controlados por el régimen e instituciones están llevando a cabo para reconstruir las masacres de la década de 1990 omite ciertos hechos. Tampoco considera otros datos clave que vale la pena recordar.

La "tratativa" por primera vez en un informe de la DIA

El 10 de agosto de 1993, la DIA (Dirección de Investigaciones Antimafia) envió un informe de 24 páginas al ministro del Interior, Nicola Mancino, informándole de que "incluso una revocación parcial de los decretos que prevén la aplicación del artículo 41 bis podría representar la primera rendición concreta del Estado, intimidado por la temporada de bombas".

Una temporada que comenzó en 1992.

Según los analistas, estaba en curso un atentado contra el Estado que tuvo dos momentos separados por una fecha clave: el 19 de julio de 1992, o la masacre de via d'Amelio.

"La masacre de Capaci y el asesinato de Salvo Lima deben interpretarse como dos momentos significativos de una estrategia de defensa de Cosa Nostra -dice el informe- tras la masacre de via d'Amelio, Cosa Nostra se convirtió en socia de un proyecto diseñado y gestionado en colaboración con un poder criminal diferente y más articulado".

¿Qué se quiso decir con "proyecto diseñado y gestionado en colaboración con un poder criminal diverso y más articulado"? Entonces ¿Cosa Nostra no estuvo sola en la ejecución y planificación de las masacres?

¿Qué había sabido la DIA? ¿De quién?

El prefecto Gianni De Gennaro, al declarar en el proceso Estado-Mafia, confirmó que en su momento el jefe de la SCO (Servicio Central Operativo de la Policía de Estado de Italia) Antonio Manganelli le dijo "que tenía una fuente fiable".

Sin embargo, nunca fue posible determinar quién era esa "fuente fiable".

Es un hecho que, después de via d'Amelio, el plan subversivo puesto en marcha culminaría en los bombardeos en tierra firme, que también se cobraron la vida de civiles inocentes.

Masacres que "no nos pertenecen", como dijo Gaspare Spatuzza, colaborador de justicia.

En aquel momento, los analistas de la DIA destacaron que "la elección del momento (de las masacres de Roma, Florencia y Milán) parece estar vinculada a una posibilidad concreta de los medios de comunicación, y en particular de las cadenas de televisión, de intervenir con absoluta rapidez, amplificando y dramatizando los efectos de las explosiones con una cobertura en directo".

Ese documento de la DIA es excepcional porque utilizó el término "tratativa" por primera vez para describir lo que estaba sucediendo inmediatamente después de las masacres, es decir, pocos días después de las bombas de julio. En concreto, habla de una estrategia para "inculcar en la opinión pública la creencia de que una línea demasiado dura podría, en última instancia, ser más conveniente para buscar soluciones que lleven a la rendición de Cosa Nostra en términos que, de alguna manera, fueran más aceptables para ella". Además, los analistas de la DIA añadieron en la nota que: "El persistente deseo del gobierno de mantener un régimen penitenciario extremadamente severo para los jefes ha contribuido al resurgimiento de los ataques. Esto ha llevado a los jefes a sentir la necesidad de reafirmar su papel y sus habilidades de liderazgo, incluso mediante la planificación y ejecución de ataques capaces de inducir a las instituciones a negociar tácitamente".

Pero hay algo más: "Probablemente -sigue diciendo el informe- la situación de sufrimiento en la que se encuentra Cosa Nostra y su desesperada búsqueda de una solución política podría haberse unido a los intereses de otros centros de poder que eran objeto de una agresión similar de parte de las instituciones, y habiendo dado vida a un pacto criminal mediante la elaboración de un proyecto que tiende a intimidar y desviar la atención del Estado para garantizar una forma de impunidad o para integrarse al proceso de renovación política e institucional actualmente en curso en nuestro país para condicionarlo".

Una vez más, regresa la referencia a "otros centros de poder". Finalmente, la DIA advierte al Ministerio del Interior que no debe ceder en su empeño en el objetivo que ha desatado la violencia mafiosa, la cárcel dura. "Es evidente -dice- que la eventual revocación, incluso parcial, de los decretos que aplican el artículo 41 bis podría representar la primera concesión concreta del Estado, intimidado por la temporada de bombas".

Según la historia, en noviembre de ese año, apenas dos meses después, el ministro de Justicia Giovanni Conso (en sus propias palabras, en completa soledad), dejó expirar el régimen del 41 bis para 334 detenidos mafiosos para dar "una señal de distensión".

Una decisión un tanto singular, si se piensa que en esa lista también figuraban mafiosos de alto rango como Giuseppe Farinella, Andrea Di Carlo (hermano de Francesco, jefe de Altofonte, conocido por sus conexiones con los servicios secretos), Giovanni Prestifilippo (padre de Mario, asesino de los corleoneses) y Nené Geraci. Justo señal de debilidad que el Estado no debió dar en ese momento.

*Foto de portada: la masacre de via dei Georgofili/Antimafia Duemila

*Foto2. Nicolò Amato © Imagoeconomica

*Foto 3: Gianni De Gennaro © Imagoeconomica