En Chile pese al cambio de gobierno se sigue profundizando el conflicto

Por Andrés Volpe-17 de noviembre de 2022

El estado de excepción vigente que reina en el sur de chile desde el mes de mayo, parece no haber contribuido en nada para aplacar los conflictos, y más aún con la nueva intervención del actual gobierno.

¿Fueron acertadas las declaraciones del presidente chileno Gabriel Boric sobre los interminables disturbios en la región Araucana?

El pasado jueves hizo su primera visita desde que ocupa su cargo y calificó los recientes incendios en algunos edificios como ataques de “terroristas”.

Según citaron la agencia EFE y la radio BioBio, el primer mandatario, también utilizó una analogía muy particular para referirse a los atentados: “Son unos cobardes. Los vamos a perseguir con toda la ley. ¿A qué me recuerda la quema de la escuela y la iglesia? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban las sinagogas”, expresó Boric cuando le preguntaron.

Tras sus polémicas declaraciones Boric fue duramente criticado a lo que respondió: “Yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región ha habido actos de carácter terrorista”, dijo el presidente.

Boric flanqueado por sus ministros comunicó la idea de gestión que tienen para la zona más conflictiva de Chile y que la situación se resuelva en dirección a un dialogó de paz frente a los reclamos ancestrales de las comunidades mapuches.

El conflicto que arrastra varias décadas, tiene como origen la disputa territorial entre las mencionadas comunidades originarias, el estado y los intereses de empresas forestales.

“El problema es que la presión inmediata es aplicar la Ley Antiterrorista, que ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado”, dijo Boric.

El joven mandatario se dirigió directamente a los autores de los disturbios: “Les quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados que si creen que privando de educación a los niños de La Araucanía rural, o privando de un templo donde practican su fe a las personas de La Araucanía, o privándolos del acceso al agua, tal como lo hicieron en el atentado en Victoria, van a lograr intimidarme a mí o a este gobierno, están muy equivocados”, dijo, redoblando la apuesta en sus declaraciones cuando afirmó: “Los vamos a perseguir con todo el peso de la ley”.

Además, curiosamente, el representante manifestó que los gobiernos anteriores intentaron sin éxito, solucionar las diferencias con el pueblo mapuche y agregó que “la única forma de detener la escalada de violencia es reparando la deuda histórica que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche”.

Pero, ¿en qué medida fueron esos esfuerzos, los suficientes para solucionar el dramático conflicto que aqueja la región?

¿Están todos los actores de este conflicto, debidamente representados en la denuncia del presidente?

El negocio de vender tierras

Un informe del 18 de setiembre de El mostrador citado por Resumen Latinoamericano apunta directamente a los capitales de las empresas forestales como incentivo de los conflictos araucanos.

Y en esta línea aparece el grupo económico de la familia Angelini junto al grupo de la familia Matte, dos de los conglomerados empresariales más poderosos y millonarios de chile; ambos son los mayores acaparadores de tierras de la zona.

El informe hace hincapié en la titularidad de las hectáreas forestales que se encuentran en territorio mapuche. Estos predios cambiaron de manos los últimos dos años, con una venta millonaria promedio que roza las 80 mil hectáreas y que fueron adjudicadas a fondos de pensiones en estados unidos, El Líbano, Canadá, Holanda y el Líbano.

Dicha maniobra, afirman algunos expertos, cimenta su lógica en la evasión jurídica de posibles expropiaciones de tierras para ser repartidas a comunidades originarias. Si fuera el caso, una vez efectuada la transferencia de terrenos, el conflicto judicial generado se dirimiría en tribunales internacionales donde el estado casi estaría carente de reclamo, ante las leyes que protegen las inversiones extranjeras.

“Hoy, para empresas como Arauco, una salida fácil para evitar responsabilidades jurídicas es enajenar estas tierras a empresas transnacionales”, afirmó la abogada Manuela Royo.

Las comunidades indígenas lo saben, y han rechazado lo que consideran la usurpación de las industrias extractivas en sus territorios ancestrales. Han tomado medidas para expulsar a esas empresas de los territorios. A este explosivo combo se agrega la problemática del lucrativo negocio de la tala ilegal. Esas organizaciones delictivas conviven permanentemente con una coyuntura regional ya de por si compleja.

Por lo tanto, el supuesto remiendo político de Boric viene cargado de una serie de medidas, que, según él, fueron estudiadas para iniciar el proceso de paz en la región. Entre otras cosas se habló de un plan contra el “crimen organizado” con orientación en el robo de madera, y se anunció un trabajo paralelo en seguridad agroalimentaria. Además, van a poner en funcionamiento un sistema de “brigada de televigilancia móvil”, con principal énfasis en el seguimiento de casos judiciales testigo.

“Vengo a dar cuenta de lo que hemos trabajado durante estos ocho meses y también a comunicar obras que marcarán el rumbo durante los meses siguientes en materia social, en seguridad, que tengo claro es de las principales prioridades de la región y, por supuesto, también en materia de diálogo político y reparación”, sentenció Boric, para intentar cerrar un capítulo que hasta ahora sigue inconcluso en la historia trasandina.

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*Foto de portada: flickr.com

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