Paulatinamente se va incrementando la violencia social en todo el territorio ecuatoriano, y Guillermo Lasso, su presidente, es el motivo de los generalizados descontentos, que se traducen en manifestaciones violentamente reprimidas por las fuerzas policiales y militares. Las protestas se deben a sus recientes medidas económicas y de orden social, que desataron -ya desde hace nueve días- un marcado descontento, primero en los sectores indígenas, y desde hace menos de 48 horas en los sectores estudiantiles y la población asalariada en general. El saldo inicial de esta violencia social, al cierre de nuestra edición, es de dos personas muertas y varios heridos de diversa entidad -se calcula más de un centenar- avizorándose que todos estos incidentes se irán agravando con el correr de las horas. Los manifestantes reclaman, primordialmente al gobierno, la baja inmediata de los combustibles, entre otros requerimientos.
Las primeras informaciones que llegan a las redacciones de diarios y noticieros de televisión, y radios, es que miles de indígenas optaron por bloquear las calles de la capital ecuatoriana, y en la ocasión las autoridades policiales -con sus unidades de elite y de choque- optaron por arrojar sobre las muchedumbres, y a discreción, gases lacrimógenos. Hacen parte también de las medidas represivas elementos militares, en el entendido que desde el comando de las Fuerzas Armadas se prometió, a la ciudadanía y al gobierno, una defensa férrea de la democracia, por considerar que todos desenfrenos populares en calles y plazas, en Quito y en otras ciudades del interior constituyen una grave amenaza para las instituciones.
Además de la rebaja de los combustibles se exige a Lazzo que igualmente reduzca los precios de los productos de primera necesidad, y según trascendió, en medio de los disturbios el presidente ecuatoriano habría aceptado entrar en una ronda de negociaciones con los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (NOCAIE).
Organismos de Derechos Humanos, que se encuentran monitoreando expresamente todos los disturbios, dieron a conocer que cerca de 90 manifestantes fueron detenidos, de una masa de manifestantes cercana a los cinco mil, bajo la consigna :“Bajen las armas, somos pueblos de paz”, especialmente dirigida a los policías apostados y en acción de represión en las calles, en el marco de un estado de excepción que rige por orden gubernamental, en seis de las 24 provincias, incluida Pichincha y la capital, Quito.
Los enfrentamientos más duros, y que causó el mayor número de heridos, se registraron en las inmediaciones de la Universidad Salesiana y la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) ésta última literalmente copada por las fuerzas policiales.
Voceros de la Fiscalía denunciaron públicamente y a los medios de prensa internacionales que daban cobertura de los hechos, que su sede central fue atacada por manifestantes, al tiempo que integrantes de la CONAIE alegaron que quienes cometieron actos vandálicos y de violencia en la sede fiscal no pertenecen a las casi 50 organizaciones indígenas que hacen parte de las intensas movilizaciones.
En paralelo a estos graves incidentes, en el Ecuador se lleva adelante un paro nacional, por tiempo indeterminado, siendo la plataforma de lucha, una serie de puntos del siguiente tenor: bajar los precios elevados de los productos de primera necesidad; desacuerdo por la ausencia de créditos para promover la producción; y el reclamo de una mayor atención al sector agricultor.
Las agencias internacionales divulgaron algunas de las expresiones de Tito Zamora, un indígena de la Aldea de Sigchos en Cotopaxi, en la que pone de relieve uno de principales argumentos de la lucha social: “A nosotros los pequeños agricultores nos han subido bastantísimo las cosas -insumos y abonos- y todos nuestros productos no suben nada”.
En otro orden, la directora Para América de Amnistía Internacional, Erika Fabiana Rosas, se dirigió al presidente Lasso, en términos de dvertencia indicándole que la “represión policial de las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019", oportunidad en que organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional “documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad”.
Guevara Rosas pidió además al presidente de Ecuador a “cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen a la protesta pacífica” solicitando que se haga pública la información sobre personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra. Y agregó: “El presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia”.
Voceros autorizados de la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador han dicho que se registró la “detención de 79 personas, que unas 55 personas fueron heridas y hubo unos 39 episodios de violaciones de derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza, como así también detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil”
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*Foto de portada: captura de pantalla de YouTube