El acceso al consumo de agua potable es quizás uno de los problemas más urgentes que padecemos en nuestra población humana. Más de 1.000 millones de personas no tienen agua potable. Y, sin embargo, intereses económicos la desvían del alcance de millones de personas, haciendo cada vez más exclusivo su consumo, y, por lo tanto, el derecho a la vida.
En Uruguay, el acceso al agua potable está protegido por la Constitución, la máxima ordenanza de leyes de una nación. Pero ni siquiera estas normativas, que nos rigen como país, son respetadas.
El pasado 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Ambiente. En Uruguay, una de las concentraciones más importantes se realizó en la Explanada de la Universidad de la República. La Coordinación por el agua, que nuclea a decenas de colectivos de todo el país, convocó a una jornada para alertar sobre el avance de la planta de celulosa UPM, de las empresas forestales, sobre los transgénicos, y en especial, sobre la próxima puesta en marcha del Proyecto Neptuno.
La alarma está puesta sobre este proyecto gestionado por un consorcio de cuatro empresas privadas -Saceem, Fast, Berkes y Ciemsa-, que pretende construir una planta potabilizadora de agua, tomando como fuente el Río de la Plata a la altura de Arazatí, en el departamento de San José. Y las preocupaciones en torno al tema son varias.
Our Voice estuvo presente
La manifestación, en el centro de Montevideo, estuvo atravesada por varias intervenciones artísticas, que denunciaron el daño que los intereses empresariales, en connivencia con el Estado, hacen a cosas tan básicas y esenciales como los alimentos o el agua. El ingeniero agrónomo Daniel Pena, junto a otros compañeros, recrearon un almuerzo, donde dos personas se alimentaban de frutas literalmente bañadas en agrotóxicos, y bebían el agua escurrida de las aplicaciones a los cultivos, denunciando que esta es la realidad de la alimentación en Uruguay.
Por su parte, el Movimiento Cultural Our Voice realizó una performance, donde tres personajes interpretaban el juego que hace la política y el clan empresarial, para repartirse los derechos y el consumo del agua, mientras el pueblo, encadenado y seco, yace junto a la Constitución, imposibilitado de tomar acciones frente a este hecho. Una clara muestra de la venta del agua en Uruguay, y de cómo la política hace su jugada a espaldas de las necesidades del pueblo.
Finalmente, integrantes de varios colectivos y personas en nombre propio, participaron de una asamblea donde se discutieron estos temas, y se buscó ampliar el conocimiento y el debate sobre las acciones a tomar, para enfrentar estos avances avasallantes e inconsultos contra la ciudadanía.
Postura de FFOSE
Al día siguiente, el presidente de FFOSE, Federico Kreimerman, en conferencia de prensa desde la sede del PIT-CNT, dijo: “Lo primero que tenemos que hacer es alertar a la población, que hoy hay sobre la mesa, a través del proyecto Neptuno, la posibilidad de volver a privatizar el agua potable". Y adelantó: "La forma de financiar ese proyecto que cuesta unos 300 millones de dólares, sea a través de un contrato a treinta años con un privado, que operaría la planta y que la OSE le compraría el agua potable para luego distribuirla a los usuarios. Estamos hablando de que la OSE pagaría por cada metro cubículo de agua que le compraría, y además le asegura un canon por disponibilidad, es decir, por tener el agua potable ahí pronta".
Según explicó Kreimerman, se trata de un contrato por treinta años, que incluye dos años de construcción y el pago anual de un canon de 12 millones de dólares extra sobre el costo de la venta del agua, lo que "es mucho más caro para el Estado uruguayo". Y dijo que la gestión "tiene que ser en manos de la OSE por trabajadores de la OSE, sobre todo para controlar el agua".
También manifestó su preocupación, porque la privatización del agua "violenta el artículo 47 de la Constitución, en el que claramente la voluntad popular marcó que el agua fuera estatal y pública".
El dirigente sindical cuestionó el rol del Estado, y las decisiones políticas a la hora de distribuir los ingresos. Y enfatizó: "Los trabajadores de OSE no vamos a permitir que se privatice el agua potable".
Luego, dialogó con Antimafia sobre el modelo productivo y su afectación al agua potable que se utiliza para el consumo humano. "Hoy el sistema de Montevideo se abastece desde la cuenca del río Santa Lucía, que muchas veces tenemos obviamente problemas de contaminación de la cuenca producto de lo que se vierte, sobre todo por el modelo productivo que tenemos en el país, el modelo del agronegocio que vierten a la cuenca cosas que después encarecen la potabilización del agua o complican la capacidad. Pero ahí ya hay que tener una política nacional de cuidado del recurso hídrico que son cosas que deberían tenerse siempre, más allá de esta discusión".
Consultado sobre si entiende que sea posible que, haciendo un cambio en esa matriz productiva, tengamos agua suficiente para consumo, contestó: "Hay dos cosas: en el corto plazo hay que regular lo que se vierte en los recursos acuáticos, y en el largo plazo muchos queremos un país diferente, no vinculado al agronegocio y no exportador de materias primas nomás, que es lo que está de fondo acá".
También aseguró que este punto es parte de la plataforma de lucha del sindicato de OSE, que regula y distribuye el agua a todo el país, y plantea su "férrea oposición" a la privatización del agua. Y mientras ciudadanos de todas partes de Uruguay se manifiestan con preocupación por estos hechos, en el Estado, se cuecen habas.
Discurso privatizador de Luis Lacalle Pou
El Gobierno de la coalición uruguaya, liderado por Luis Lacalle Pou, plantado en su discurso privatizador, viene realizando gestiones en consecuencia a sus palabras. Privatizó el puerto de Montevideo (le llaman concesión pero en los hechos es lo mismo), algunos servicios fundamentales de la estatal ANCAP, ciertos sectores de ASSE (la salud pública del país), y algunas áreas del Ministerio de Ganadería (MGAP), entre otros organismos públicos. Y en ese afán de privatizarlo todo, respetando el mandato familiar y partidista que data de 1993 cuando entró en vigencia la Ley de Empresas Públicas -propuesta y promulgada por el padre del actual mandatario cuando era presidente-, dio un paso más, cruzando la línea de la legalidad impuesta por la Constitución de la República, que declara al agua como un derecho esencial para la vida, y prohíbe de forma determinante su privatización.
Si será grave el asunto del agua, que en diciembre de 2020 se supo que había comenzado a cotizar por primera vez en la bolsa de valores, en el mercado de materias primas, y esto es justamente debido a la escasez y al creciente interés comercial en este recurso. Algo absurdo, grotesco, antinatural y totalmente cruel, porque el derecho a la vida no puede medirse con la vara de la oferta y la demanda.
Gestión de EEUU en la seguridad del agua
Lo que llama particularmente la atención, es que en los últimos días el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, emitió un comunicado en su página web oficial, donde informó que la vicepresidenta Kamala Harris "lanzó el Plan de Acción de la Casa Blanca sobre Seguridad Hídrica Global", lo que se describió como "un esfuerzo histórico de todo el Gobierno". El texto explica que "el plan cubre el espectro completo de los problemas mundiales del agua", y dice sin pudor lo que todos tememos: "Promueve el liderazgo de los Estados Unidos en la seguridad del agua".
"El acceso seguro y sostenible al agua potable es un elemento esencial de la seguridad nacional, y el Departamento de Estado está trabajando junto con nuestros socios y aliados para facilitar la cooperación en materia de agua y el compromiso con la gestión del agua en nuestra programación de desarrollo y esfuerzos diplomáticos", continúa.
Y cierra: "Como dijo la vicepresidenta, la escasez de agua es un problema global y el Departamento de Estado, junto con nuestros socios, trabajará para ayudar a lograr una solución global".
Cuando el país del norte quiere ayudar al mundo, es porque entiende que hay un peligro para su nación de perder el control. Y en este caso, el peligro para Norteamérica es no controlar el agua y perder un recurso que se está transformando en uno de los negocios más enfermizos y absurdos de toda la historia.
El agua es una de las bases de la vida, y si se convierte en un bien negociable, una gran parte de la humanidad, más aún de la que muere ahora de hambre, va a morir. Y los responsables serán no solo los empresarios, no solo los gobernantes, no solo los organismos financieros internacionales, no solo el crimen organizado que intente lucrar con el agua, sino también y sobre todo la población mundial que tiene acceso al agua y no hace nada siquiera en pequeños gestos, para impedir esta barbarie.
La indiferencia, en este caso, es la traición más grande que le podemos hacer a los que sufren por la falta de agua.
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*Foto de portada y restantes: Antimafia Dos Mil