Casi nueve años pasaron desde la famosa “asonada”, de la que acusaron a ocho personas, cuando al momento del traslado de la jueza Mariana Mota en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en Uruguay, cientos de personas se manifestaron por entender que se trataba de una maniobra para mantener la impunidad sobre los criminales que actuaron en época de la dictadura militar. El cambio de ámbito de la letrada, significaba abandonar un trabajo de profundidad que un juez por primera vez había tomado en sus espaldas: unas cincuenta causas sobre delitos de lesa humanidad cometidos por funcionarios de la dictadura militar en Uruguay pasaban a manos de nadie, cuando a Mota la corrieron del área de investigación. En consecuencia, Eduardo Galeano, Daniel Viglietti y otras tantas personas protestaron a las puertas de la SCJ el 15 de febrero de 2013. Sin embargo, luego de esa manifestación masiva, algunas personas fueron señaladas como responsables, primero de asonada, y luego de atentado especialmente agravado. Casualmente, los tres imputados como autores, fueron tres líderes sociales mediáticamente conocidos, señalados por la justicia como cómplices. Se trata del militante Álvaro Jaume, la dirigente de Plenaria-Memoria y Justicia, Irma Leites y del recientemente fallecido, el extupamaro Jorge Zabalza, quienes fueron condenados como autores, con penas de 24 meses de prisión, mientras que por el delito de “complicidad” condenaron a los hermanos Diego y Eduardo Jaume, y Anibal Varela, reduciendo las penas a un tercio de la condena, es decir a ocho meses de prisión. Y todas las sentencias fueron puestas en suspenso, es decir, que no hay planes en la justicia de que cumplan la pena en prisión.
Eloísa Suárez, una de las abogadas de los imputados, indicó que las sentencias fueron apeladas, y que el Tribunal de Apelaciones, podría tardar un año en dar una resolución.
Si se confirma el fallo de primera instancia, se plantearía un recurso de casación a la Suprema Corte de Justicia, por admisibilidad, que “es una errónea aplicación del derecho o valoración de la prueba”. “No hay una construcción clara entre la responsabilidad que se les imputa y los hechos que ellos hicieron, porque todos protestaron, mucha gente protestó, estaban todos en un ámbito pacífico, y no se entienden los motivos por los cuales se los elige, se los indica a ellos como en el caso de los tres autores y los cómplices”, manifestó Suárez a Antimafia Dos Mil.
El 28 de octubre de 2021, la defensa fue notificada por mail de que los acusados serían condenados por atentado especialmente agravado, con penas de prisión de 24 meses para algunos, y 8 meses para otros. En diciembre del mismo año, la defensa apeló el fallo judicial. Sin embargo, la notificación de la sentencia se realizó formalmente el 18 de marzo. El trámite judicial, según entiende Irma Leites y así lo indicó a Antimafia Dos Mil, fue irregular, ya que se presentó la sentencia meses después de lo que habría correspondido.
En tanto esperan la resolución al recurso interpuesto, la defensa prepara una eventual denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por criminalización de la protesta, un recurso que no fue presentado hasta el momento por los costos elevados que esto implica.
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*Foto de portada: Antimafia Dos Mil