Por ser el Día Internacional de los Derechos Humanos -el pasado 10 de diciembre- se realizó en el Paraguay una movilización nacional por la reforma agraria, contra los desalojos y la criminalización de la lucha por el acceso a la tierra. Participaron diversas organizaciones, especialmente integrantes de la Federación Nacional Campesina, partidos y movimientos de izquierda, organizaciones estudiantiles, obreras, y jóvenes del Moviento Cultural Internacional Our Voice (Nuestra Voz). Todos los manifestantes se congregaron en la plaza Italia, donde hubo un debate y discursos, sobre todo de dirigentes de organizaciones campesinas, exigiendo la derogación de la ley Zavala-Riera, aprobada recientemente, y que posibilitó una seguidilla de desalojos violentos en los últimos días, donde las víctimas fueron sobre todo comunidades indígenas y campesinas.
Desde tempranas horas de la tarde, los diversos colectivos se congregaron en la plaza Italia, donde no estuvieron ausentes las representaciones artísticas; donde se cuestionó a las multinacionales como Monsanto y al agronegocio, que ha contaminado la mayor parte del campo, expulsando de sus tierras ancestrales a indígenas como a campesinos, privilegiando el gobierno a los terratenientes extranjeros y a las multinacionales, estimulándose el incremento de la pobreza, la discriminación y la marginación de amplios sectores del campo.
Hay que recordar que en los últimos días se realizaron varios desalojos en el país, como el del Asentamiento 29 de Junio de San Vicente Pancholo, San Pedro, donde campesinos fueron expulsados de las tierras en las que viven hace 13 años. Tras replegarse un poco por las más de 10 mil hectáreas de la propiedad, volvieron a tomar la zona y recuperaron las tierras, que en estos momentos están siendo custodiadas por la policía nacional. Por otro lado, hace días la Comunidad indígena Cerrito de Arroyo Guazú, del distrito de Minga Pora, fue expulsada por segunda vez de sus tierras ancestrales, según se denunció, sin existir orden judicial. El desalojo afectó a unas 87 familias del pueblo Avá Guaraní, que fueron sacadas de la propiedad.
Ambos desalojos fueron duramente criticados, y responsabilizaron al Gobierno de Mario Abdo Benítez por parte de la Iglesia Católica, como también de senadores opositores y organizaciones civiles. Ambos procedimientos se registraron con posterioridad a la promulgación de la ley conocida como Zavala-Riera, que criminaliza las ocupaciones de tierras de parte de campesinos e indígenas, elevando las penas, en caso de denuncias penales por invasión de inmuebles.
“Desalojos nunca más”
Se marchó desde la plaza Italia por el centro de Asunción hasta la plaza de la Democracia, donde los diversos manifestantes gritaban consignas como “Desalojos nunca más “.
Los oradores principales condenaron la persecución de los campesinos e indígenas de parte del Gobierno, como del Ministerio Público, que los expulsa de sus propias tierras, y en caso de los sin tierra, que ocupan sobre todo tierras mal habidas, criminalizando la pobreza.
Jóvenes del Movimiento Cultural Internacional Our Voice, también se sumaron a la movilización en apoyo a los sectores más marginados y discriminados del país, alzando su voz de repudio contra las arbitrariedades y persecuciones que sufren, sobre todo los campesinos e indígenas, que son constantemente amedrentados por de parte de la fuerza pública, sobre todo por policías, y militares en algunos casos.
No podemos olvidar que en el Paraguay, como lo sostenía el historiador Carlos Pastore en su libro “La lucha por la tierra en el Paraguay”, la mayor preocupación ha sido -y sigue siendo- la mala distribución de la propiedad territorial. Y esta mala distribución de las tierras empezó con la aplicación de las leyes de venta de tierras y yerbales, del fisco de 1883 y de las leyes y decretos complementarios.
Pastore afirmó: “Los efectos económicos de la aplicación de las citadas leyes se tradujeron en hechos que significaron para la nación, la pérdida del contralor de las fuentes de producción de riquezas, para las poblaciones de la campaña, la pérdida de los campos comunales y de los bosques reservados para uso común por ley del 1 de junio de 1880; para la mayoría de los industriales madereros y yerbateros nacionales, la liquidación de sus empresas como consecuencia de la venta de los bosques y yerbatales del Estado a organizaciones capitalistas extranjeras que completaron el dominio del desarrollo de estas industrias al asegurar la posesión de las fuentes de la materia prima; para los pequeños y medianos productores de ganados, no ligados con lazos políticos, amistosos o familiares con los miembros de los círculos gobernantes de entonces, la falta de praderas para sus ganados; para los agricultores y simples ocupantes tierras del fisco, la perdida de las tierras donde se encontraban ubicadas sus chacras y hogares y para numerosos pequeños propietarios de tierras que aún no habían podido obtener los documentos supletorios que probaran sus derechos, la enajenación a terceros de esas mismas tierras, sobre las cuales acumularon una posesión varias veces centenaria, a través de sucesivos y remotos antepasados“.
El escritor, periodista y pensador español Rafael Barret, quien llegó al Paraguay en 1904, con su pluma pudo describir con maestría las situaciones más injustas en la que vivían miles de paraguayos, especialmente los campesinos que trabajaban en un régimen de explotación en los yerbales del Alto Paraná, los expulsados de sus tierras.
Barret supo descubrir y denunciar desde su visión de pensador independiente y audaz, que la sociedad paraguaya padecía de una enfermedad terrible: la injusticia, que apareja consigo la gran desigualdad social.
En la sociedad paraguaya, a pesar de que hayan transcurrido más de 30 años desde la caída de la dictadura y más de 100 años del fenómeno descrito por Barret, la estructura económica y social ha cambiado muy poco. Al contrario; si en el pasado existía una oligarquía terrateniente nacional que aliada al capital extranjero monopolizaba y acaparaba todos los medios de producción, formando parte del poder político y económico dominante, hoy en día existe una economía asentada sobre las riquezas mal habidas, el lavado de dinero, y todos los recursos económicos producidos por las mafias que aliadas al capitalismo salvaje están condicionando nuestras libertades, el orden público, la democracia y por ende, al estado paraguayo, que de una narcocracia se está proyectando peligrosamente a convertirse en un Estado-mafia.
Precisamente, para evitar que nos convirtamos en un Estado-mafia, urgen decisiones radicales de parte de los gobiernos de turno, ya que solo a través de políticas públicas (serias y científicas, para el combate a las mafias y al sistema criminal) se podrá acabar con la pobreza, la gran desigualdad que padece la población, y las tierras mal habidas.
Solo así, todos los paraguayos podremos vivir alguna vez en un auténtico Estado social de derecho, tal como lo garantiza la Carta Magna.
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*Foto de portada: Twitter / Carlos Filizzola