Conmemoramos dos años del 18 de octubre de 2019, momento en que miles de personas exigieron dignidad e igualdad, rompieron el silencio y se manifestaron por cambios profundos en nuestra convivencia. Se movilizaron gran cantidad de personas en distintos puntos previamente convocados a lo largo del país. Algunos hablan de 10.000 personas y otros de 1.000.000 en Santiago, sin contar con el resto del país.
La reacción de las autoridades fue la represión violenta y la criminalización de las protestas, como siempre, las que en este período de 2 años, han generado las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia. Se contabilizan más de 60 asesinados, 8.500 víctimas de violencia institucional, 460 personas con daño ocular, cientos de testimonios de torturas y vejámenes sexuales y miles de personas privadas de libertad por ejercer el derecho a la protesta. A la fecha, menos de un 1% de las denuncias que pudieron entrar al sistema penal tienen una formalización. De las 3.000 querellas emitidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sólo cuatro derivaron en sentencias definitivas condenatorias.
No podemos olvidar los enormes daños causados para muchos/as ciudadanos de este país, especialmente jóvenes. No han sido pocos los y las estudiantes que fueron vulnerados por el legítimo derecho a la manifestación, con casos emblemáticos como los de Gustavo Gatica y recientemente, de Denisse Cortés, que perdió la vida como defensora de los Derechos Humanos, en medio de la indolencia y desprotección del Estado.
Es inaceptable que se imponga la impunidad, alentada por la inacción del Estado, la estigmatización de las víctimas y la prescripción de las causas. Ante esto, creemos en la necesidad de crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del estallido, que busque dar garantías de no repetición. Esta debe ser una política pública integral, que incluya la identificación y sanción de las responsabilidades de las autoridades y los altos mandos en estos hechos, y el apoyo a la persecución internacional de eventuales delitos de lesa humanidad.
La nueva Constitución debería reconocer también los derechos específicos de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, como actores esenciales en este proceso, y sujetos de especial protección por parte del Estado.
Reiteramos el apoyo a una Ley de Indulto General para los y las presos de la revuelta. El daño causado por el uso discriminatorio y desproporcionado de la ley de seguridad interior del Estado y de la prisión preventiva ha causado daños irreparables en ellos y sus familias, perturba gravemente la convivencia nacional, y no nos permite avanzar hacia una justicia que resuelva la raíz de los conflictos que enfrentamos.
Esperamos que esta fecha sea una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad democrática y avanzar en la promoción de una cultura de los Derechos Humanos. Renovamos nuestro compromiso con la dignidad de todos y todas.
Al final de todo esto, nos quedamos con las refrescantes reflexiones del joven Anthony Alexis Araya pesquisadas en Twitter:
¿Como has visto la lucha ahora, luego de la instalación de la Convención? "No le he tomado mucha atención, pero considero que es la misma mierda que ha pasado toda la vida. Pienso que va a ser lo mismo de siempre”.
¿Y vas a votar por algún candidato? "No me gusta votar, son los mismos de siempre y el sistema sigue igual. Boric es un vendido, Sichel es un Piñera más y Kast, es full, derecha. Si creo que hasta salió hablando de mí en la tele".
¿Te sientes decepcionado? “Hace rato. Hay gente que reclama más por el 10% (retiros de fondos de las pensiones de las Administradoras de Fondos de pensiones), que por los presos políticos. Dijeron que la nueva constitución no se iba a desarrollar mientras hubiera presos políticos. ¿Y qué pasó? Puras mentiras”.
Y las contundentes palabras de Víctor Chanfreau, vocero de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios): “Hoy tenemos más claro que nunca que la única forma de lograr transformaciones es en las calles y con el pueblo de protagonista. No son instituciones, empresarios ni políticos quienes decidirán nuestro futuro. Este proceso histórico le pertenece al pueblo”.
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*Foto de portada: Twitter de Galería CiMA / Plaza de la Dignidad, Chile
*Foto 2: Twitter / Anthony Alexis Araya, joven de 16 años que en octubre de 2020 fue empujado por Carabineros hacia el lecho del río Mapocho en Santiago de Chile