Los legisladores del Partido Colorado, Patria Querida y algunos liberales, sin consultar a las organizaciones campesinas, e indígenas y mucho menos escucharlos, decidieron elevar las penas a las ocupaciones, sin tener en cuenta las tierras mal habidas.
Los parlamentarios actuaron representando los intereses de una ínfima minoría de privilegiados -ganaderos, sojeros, latifundistas, empresarios y extranjeros-, muchos de los cuales habían accedido a las tierras de manera ilegal e irregular desde la época de la dictadura de Stroessner. En vez de buscar recuperar las tierras mal habidas, y a través del Estado facilitar el acceso a la propiedad de miles de personas sin tierras, los diputados sancionaron la ley que modifica el artículo 142 del Código Penal, para aplicar penas más altas, hasta 10 años, y convertir en crímenes las ocupaciones de propiedades, protegiendo a los poseedores de inmuebles y grandes propietarios sobre todo, sin contemplar el origen espurio de las tierras y mucho menos las ocupaciones ilegales adjudicadas al Partido Colorado, sobre todo en Asunción.
A pesar de los fuertes cuestionamientos de las organizaciones indígenas, campesinas e incluso políticos, a esta ley, de manera apresurada, unos 49 diputados, entre ellos cinco liberales y los tres del Partido Patria Querida, sancionaron la ley, que incluso ya fue promulgada por el presidente de la República, Mario Abdó Benítez.
Los principales puntos objetados, fueron, lo señalado por el político liberal Emilio Pavón que dijo que “no existen condiciones sociales ni económicas para sustentar la ley, ya que muchos denunciantes no cuentan siquiera con un título”.
Pastor Vera Bejarano, también liberal, expresó que “el proyecto es populista e hipócrita, que no da solución a la problemática de fondo de la distribución desigual de la tierra; no estamos observando la legalidad, de títulos, el informe de tierras mal habidas, siete millones de hectáreas que se otorgaron de manera arbitraria en el tiempo de Stroessner. Vamos a institucionalizar la criminalización de la lucha por la tierra y mandar al campesino a la cárcel sin apoyo del Estado” señalándose además que “la corrupción en relación a las tierras viene de las mismas instituciones”.
Por otro lado, el líder de la bancada del movimiento “Honor Colorado” fundado por Horacio Cartes, Basilio Bachi Núñez, desconociendo totalmente la realidad del injusto acceso a la tierra en el Paraguay, con un discurso más acorde al tiempo de la guerra fría y los gobiernos totalitarios dijo: “Los indígenas son manipulados por sectores de la izquierda”.
Norma Camacho, del PEN (Partido Encuentro Nacional), afirmó: “Fue la clase política la que invadió las tierras y que antes que la propiedad privada, está el derecho a la vida y la dignidad”.
La diputada Kattya González, del PEN, advirtió: “Se quiere imponer un falso debate jurídico, cuando que el objetivo es avanzar hacia el blanqueo de los poderosos. Pues el problema no es la pena, sino la impunidad. Estamos fomentando un estallido social“.
Varios policías y manifestantes fueron heridos en incidente frente al Congreso
Durante una de las recientes sesiones de la Cámara de Diputados, mientras se trataba la nueva ley que modifica el código penal, se registraron varios incidentes en el microcentro de la capital: quema de vehículos y otros desórdenes que dejaron como saldo varios heridos, sobre todo manifestantes, que fueron reprimidos por la policía con balines de goma, utilizándose carros hidrantes.
Incluso, con posterioridad a estos hechos, fue detenido el líder indígena y luchador social, Derlis López Ortiz, quien fue trasladado hasta la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
Este hombre contaba con cuatro órdenes de detención y antecedentes por extorsión, asociación criminal, coacción, invasión de inmueble y amenaza de hechos punibles, informó la policía.
Sin embargo, resulta llamativa su aprehensión, teniendo en cuenta que Derlis López, es un conocido dirigente indígena, que constantemente ha venido participando cada año, en manifestaciones tanto en la capital como en otras zonas del país, en actos culturales, sin que fuera detenido por la policía.
Se puede presumir que su privación de libertad obedece a una forma de reprimir o desalentar la lucha por la tierra de los indígenas, y sobre todo para proteger a los “mafiosos de la tierra”, entre ellos incluso, altas autoridades políticas actuales y empresarios que no pueden justificar con documentos auténticos la legalidad de sus tierras.
Antecedentes de las tierras mal habidas en el Paraguay
En el libro "Informe Final. Tierras Mal Habidas Tomo IV" de la Comisión Verdad y Justicia, recurriendo a fuentes documentales primarias como la de Indert, Dirección General de los Registros Públicos, Procuraduría General de la República, Congreso Nacional y el Poder Judicial; fuentes secundarias como publicaciones bibliográficas y trabajos de investigación de autores e investigadores especializados en el tema, han realizado un trabajo minucioso de recopilar y compilar la situación de las tierras mal habidas en el Paraguay. De acuerdo a la investigación de la CVJ en cuanto a las tierras mal habidas durante la dictadura, tierras mal habidas adjudicadas por el IRA y el IBR, desde 1954 a 1988 totalizan 6.744.005 hectáreas; en cuanto a tierras mal habidas posteriores a la dictadura tenemos, tierras mal habidas adjudicadas por el IBR desde 1989 a 2003, 989.589 has.; total de tierras región occidental (1989-2003) 874.328 has.; total de tierras región oriental (1989-2003) 46.801 has., cantidad de tierras adjudicadas en relación a la totalidad de tierras arables: total de tierras adjudicadas 12.229.594 has., 50.1% del total de tierras arables; total de superficie de Paraguay, 40.675.200 has., total de tierras mal habidas (1954-2003) 7.851.295 has., representando el 19,3% del territorio nacional.
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*Foto de portada: ultimahora.com
*Foto 2: elterritorio.com