Peritajes de extracciones telefónicas de las personas que participaron en la estructura criminal detrás del feminicidio de la defensora hondureña Berta Cáceres, implicaron a altos funcionarios, la elite de Honduras, la seguridad del Estado y el Poder Judicial, en una larga campaña de desprestigio, difamación, criminalización contra ella y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que culminó, obviamente, en el crimen de la activista.
Este proceso dio inicio el día 6 de abril de 2021, después de más de tres años de retrasos, y es el segundo juicio que se da a más de cinco años de su asesinato. En el primero se condenó a siete hombres. Esto fue el 30 de noviembre de 2018: al exjefe de seguridad de DESA y exteniente del ejército entrenado por los Estados Unidos Douglas Geovanny Bustillo; al exsargento de fuerzas especiales Henry Hernández; al oficial de fuerzas especiales entrenado por los Estados Unidos, Mariano Díaz Chávez; Óscar Torres; al gerente ambiental de DESA Sergio Ramón Rodríguez Orellana; Edwin Rapalo; y a Edilson Duarte Meza.
Fue unánime la decisión del Tribunal Penal Nacional, el cual concluyó que el grupo condenado actuó como sicariato contratado por ejecutivos de la compañía DESA, debido a pérdidas financieras resultantes de la labor en defensa de las tierras ancestrales del pueblo, a la lucha contra la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y la constante denuncia de la militarización estadounidense en el territorio Lenca, que encabezaba Berta en la región.
David Castillo, co-autor del crimen contra Berta
Castillo fue presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), titular del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la familia Atala Zablah, ingeniero graduado en la Academia Militar West Point de Estados Unidos, subteniente de Inteligencia Militar en las Fuerzas Armadas de Honduras y coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y está vinculado como coautor, en el asesinato de la lideresa lenca.
En este proceso quedó revelada la participación de David Castillo en acciones de persecución, seguimiento y ataques contra Berta Cáceres, acciones que finalizaron en su homicidio. Castillo funcionó como intermediario entre la estructura inferior (sicarios) y la estructura superior, en la que se encuentran miembros de la familia Atala, una de las más ricas y poderosas de Honduras.
En los mensajes encontrados en el grupo "Seguridad PHAZ" en el que estaban David Castillo, Daniel Atala Midence (gerente financiero de DESA), Pedro Atala, José Eduardo Atala, Sergio Rodríguez y más empleados de la empresa DESA, queda evidenciada la persecución y criminalización a la que se enfrentó Cáceres por parte de los miembros de la empresa.
"Hagamos uso de todas nuestras influencias fiscales y penales para enjuiciar estas acciones delincuenciales y vandálicas de personas específicas y de la organización", escribían en el grupo de WhatsApp.
Las conversaciones reveladas también demostraron la coordinación de Pedro Atala con el ministro de Seguridad en el que este le aseguraba que el caso sería considerado como un crimen pasional, además de las discusiones en el grupo “Seguridad PHAZ" de estrategias de comunicación para desvincular a la empresa y sus miembros del crimen.
El Estado es responsable
El Estado de Honduras también es responsable del delito contra Berta dado que el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad se reunió en diversas ocasiones con ella para el cumplimiento de la Medida Cautelar de Emergencia otorgada por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) por su situación de extrema vulnerabilidad, lo cual fue completamente ignorado por el organismo y el Gobierno de Honduras, que no aplicaron plenamente estas medidas, lo cual la misma Cáceres llego a denunciar.
Asesinatos por defender los derechos humanos y el medio ambiente
Al día de hoy, el contexto hondureño sigue siendo muy complicado, ya que es uno de los países más peligrosos de la región para ejercer la defensa de derechos humanos. Tan solo en 2020, se registraron 20 asesinatos de personas defensoras que se mantienen impunes.
Es por esto que cobra vital relevancia este juicio oral y público, representando un momento histórico en el camino hacia la justicia, liderado incansablemente por COPINH, la familia de Cáceres y las comunidades lencas.
Sabemos que la importancia de este hito no es solo para la causa de Berta Cáceres, sino para toda la sociedad hondureña y latinoamericana, pero al mismo tiempo sostenemos que este proceso en sí mismo no representa justicia porque los autores intelectuales del crimen permanecen impunes (esperemos por no mucho tiempo más) y las comunidades Lencas y el Copinh continúan enfrentando las violentas políticas de un Estado extractivista, que se agudizó más tras el golpe de Estado en el año 2009, orquestado por los Estados Unidos.
Esperamos que este proceso visibilice la responsabilidad de David Castillo como parte de la estructura delictiva del asesinato y devele los vínculos de los autores intelectuales responsables por la planificación y financiamiento del crimen.
Asimismo, queremos mencionar nuestra profunda preocupación por los múltiples ataques a los que han sido sujetos la familia de Berta y el Copinh en el marco del pedido de justicia, por lo que exigimos que se garantice su seguridad, vida e integridad, especialmente durante el desarrollo de la etapa oral y pública del juicio, y su seguimiento, por la exposición que esta implica.
También han sido víctimas de hostigamiento, pero por parte de la policía, las integrantes del Campamento Viva Berta, que está instalado a las afueras de la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa desde el inicio del juicio, el cual empezó a ser de forma permanente a partir del 11 de mayo. Han visto en muchas oportunidades como los integrantes de las fuerzas desde sus patrullas toman fotografías y hacen filmaciones de las participantes del campamento, lo cual es una clara forma de vulneración al derecho a la protesta.
Reconocemos que la lucha de Berta Cáceres representa la resistencia de los pueblos que han enfrentado despojo, criminalización y violaciones a sus derechos en un contexto de extractivismo atroz en Honduras, y en toda la región Latinoamericana. Su caso expone las violencias patriarcales que enfrentan las defensoras de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el continente, y evidencia la situación específica de riesgo que las mujeres enfrentan cuando desarrollan esta labor.
Este juicio oral y público debe permitirnos entender la forma en que operan las estructuras criminales que atentan contra quienes defienden derechos, contra los pueblos indígenas y las mujeres en toda la región.
Sabemos que lograr la justicia para Berta Cáceres es lograr la justicia para todos los pueblos, y que la voz de ella vive en todas las personas que defendemos el medio ambiente y que luchamos, como decían algunos pueblos originarios en estas latitudes, por alcanzar una tierra sin mal.
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*Foto de portada: Misión de Observación de la Causa Berta Cáceres