Por Andrés Volpe-14 de abril de 2021
Los estériles resultados del llamado “proceso de paz” hasta ahora solo siguen la lógica del crimen organizado en el Cauca, que se constituye como un lugar estratégico para las rutas del narcotráfico por su salida al océano Pacífico, donde confluyen los cultivos de la hoja de coca, marihuana, la minería ilegal y las disputas por las tierras.
Es una de las regiones que más ha padecido los enfrentamientos armados y atentados, y los desplazamientos masivos de personas son moneda corriente. Hasta el 20% de los habitantes del Cauca, unas 235.000 personas, según estadísticas del Gobierno, han sido víctimas del conflicto armado. Ya pasaron cuatro años del acuerdo de paz, y parece que nada cambió. Grupos armados se disputan el archipiélago constantemente, y dentro de estos grupos hay tres facciones de la ex FARC. También cabe mencionar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Clan del Golfo, una banda narcotraficante que se desprendió de grupos paramilitares.
Hace un par de semanas, el Cauca fue testigo del estallido de un coche bomba frente a la alcaldía de Corinto, un municipio enclavado en las montañas de esa convulsa región. El atentado, no dejó muertos, pero sí decenas de heridos, y ha encendido las alarmas. Tras la firma de la paz, la violencia no da tregua en varios territorios y hasta se ha recrudecido. La explosión de un coche bomba, en esta parte del país, no puede ser tomado como hecho aislado.
A este atentado se suman los enfrentamientos entre facciones y el ELN que han provocado unos 2.000 desplazados en el municipio de Argelia. Allí, más de 6.000 civiles padecen el uso de artefactos explosivos convencionales y no convencionales por parte de las facciones en lucha, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, encargada de velar por los derechos humanos.
Otro hecho marcó los conflictos esos días. El secuestro y posterior asesinato de un funcionario de la Fiscalía por parte de la “Dagoberto Ramos” cuando viajaba por la carretera que une Santander de Quilichao con Corinto. Todo en un corto periodo de tiempo.
“Aquí sabemos que los que están detrás de ese atentado son los bandidos de la “Dagoberto Ramos”. A ellos solamente les queda un camino: se someten o los vamos a enfrentar con contundencia”, aseguró el presidente Iván Duque al visitar Corinto.
El Gobierno, no utilizó ninguna estrategia nueva, solo procuró establecer un consejo de seguridad, anunciar el despliegue de 2.000 uniformados adicionales a los 8.000 que ya están en el departamento y ofrecer recompensas por los cabecillas.
Casi como una diatriba contra los habitantes de la zona, los ministros de Defensa, Diego Molano, e Interior, Daniel Palacios, recorrieron los municipios más afectados y aseguraron que van a reforzar operaciones de desminado y erradicación de cultivos ilícitos, así como también asegurar el retorno de las familias desplazadas.
“Es muy raro que haya tanta presencia de las Fuerzas Armadas en el Cauca y no sean capaces de controlar a las estructuras criminales, que tanta inteligencia militar no dé con los responsables, que no prevengan el accionar de los grupos armados y siempre lleguen tarde”, exclamó el senador y líder indígena caucano Feliciano Valencia, quien además fue blanco de un atentado a finales del año pasado. Y agregó: “El Gobierno no atiende las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo, para prevenir las acciones criminales, y el Ejército no hace presencia permanente en el territorio. Es esto lo que provoca la crisis humanitaria”.
En lo que va del año el Cauca también ha ocupado el primer lugar (cuatro asesinatos) en el sistemático martirio de líderes sociales a lo largo y ancho del país desde la firma de los acuerdos. El saldo fue de 14 muertos en lo que va de 2021, de acuerdo con Indepaz, una ONG dedicada a temas de conflicto armado.
“La única manera de transformar estas condiciones es con transformaciones impulsadas por el Estado en pleno. Con políticas de largo plazo y no con proyectos circunstanciales; con decisiones sostenibles y sustentables, y no con extinguidores de fuego que más temprano que tarde acaban su carga”, expresó el exdefensor del Pueblo Carlos Negret. En el Cauca hay un conflicto social, económico y cultural históricamente no resuelto, remarcó Negret: “Durante decenas de años el Estado y el establecimiento han tenido una relación con las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas mediada por la desconfianza. Una desconfianza que tiene raíces ancestrales, que distancia y se ha construido bajo prejuicios y preconceptos que son las condiciones esenciales de la estigmatización”.
Esas mismas condiciones que hacen a la marginación de la población, son las mismas que aceleran como caldo de cultivo las injerencias del “desorden organizado” en este páramo abandonado por la justicia social.
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*Foto de portada: www.elpais.com