Por Antonella Mateu Bóveda, desde Paraguay-31 de marzo de 2021
La Fiscalía inició una investigación por la quema de un edificio perteneciente al Partido Colorado ANR, ocurrido el pasado 17 de marzo de 2021 alrededor de las 20 horas, por un grupo de manifestantes indignados luego de una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados en la que ellos rechazaron el pedido de juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez, presentado por los legisladores de la oposición.
Este hecho motivó el repudio de los manifestantes contra los colorados ya que los legisladores de ese partido que son mayoría en la Cámara Baja votaron por el rechazo de dicho pedido, sin importarles que la gran mayoría del pueblo paraguayo estaba exigiendo, con manifestaciones pacíficas constantes desde hacía días, la salida de ambos mandatarios.
Lo llamativo de todo esto es que la sede del Partido Colorado siempre estuvo custodiada con un buen número de efectivos policiales, pero por un instante dejaron libre la puerta de acceso, al arbitrio de los manifestantes o supuestos manifestantes, como invitándoles a entrar y proceder a la quema del edificio, lo que nos lleva pensar y preguntarnos: ¿Fueron realmente los manifestantes los verdaderos responsables del hecho? ¿Fueron grupos vandálicos contratados para tal hecho? ¿Por qué, si minutos antes había hasta un guardia con una escopeta en mano resguardando el local, se permitió el ingreso de las personas o el ataque a dicha sede? Son interrogantes que solo el tiempo y una objetiva e imparcial investigación nos dará la respuesta.
Pero por los nefastos antecedentes en la manera de obrar por parte de la Fiscalía, bajo el mando de la “secretaria de la mafia” Sandra Quiñonez, nos resulta imposible pensar en una Fiscalía imparcial, justa y objetiva.
Posteriormente la Fiscalía actuó rápidamente a raíz de la denuncia presentada por asesores jurídicos de la ANR, abriendo una investigación sobre los supuestos hechos punibles de perturbación a la paz pública, daño a cosa de interés común y otros, lo que derivó a la imputación y orden de detención de los líderes estudiantiles Pedro Areco, Vivian Genes, Luis Trinidad, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero. Todos tienen actualmente una constante participación en las luchas sociales, por lo que el Ministerio Público abrió investigaciones, ya que a la fecha no existe certeza de la participación de los jóvenes. Finalmente, por resolución del Juzgado Penal de Garantías, bajo el ejercicio de la jueza Ilda Benítez, se decretó la prisión preventiva de los imputados, argumentando que los mismos no demostraron suficiente arraigo y que existía peligro de fuga, pese a que la abogada defensora de ellos presentó sòlidos documentos demostrando lo contrario, como el certificado de vida y residencia, certificados de trabajos y constancia de matriculación en universidades, certificándolos como estudiantes de diferentes carreras.
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*Foto de portada: www.abccolor.com