Comunidades wichi denunciaron injusticias, por una producción con madera seca de su territorio

Una producción que se contrapone a la tala de árboles que se permite a empresarios

Por Andrés Volpe, desde Argentina-29 de marzo de 2021

Organismos de DDHH se hicieron eco del hecho. Desde la Junta Promotora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de la provincia de Salta, repudiaron los “hechos de violencia institucional por parte de la Policía de Salta hacia miembros de la Comunidad de Misión Carboncito”.

Tras recibir el testimonio de Ceferino Vallejos, desde la organización se afirmó que existieron actos de “persecución, extorsión, violencia institucional y de género hacia las mujeres”. A su vez destacaron la reincidencia de la violencia de la Policía que se ha puesto de manifiesto en reiteradas oportunidades.

“Sumado a este último hecho de violación a los Derechos Humanos, en un contexto de pandemia, persiguiendo a hermanos y hermanas que realizan prácticas de economía comunitaria como medio de subsistencia para familias vulnerables, decomisando la producción de carbón y vehículos que se utiliza como herramienta para transportar dicho producto”, proclamó el documento difundido por APDH.

Recordaron que hay dos vehículos y la producción del carbón que quedaron secuestrados, y en una de las camionetas la existencia del dinero con el que se preveía pagar uno de los rodados.

“Efectivos de la Policía persiguieron al hermano Ceferino, cuando se encontraba conduciendo la camioneta, argumentando que tenían orden de la jueza para detenerlo. Orden que nunca fue exhibida, sino que se lo detuvo de manera arbitraria y violenta. Cuando las mujeres de la Comunidad deciden defenderlo y filmar estos hechos aberrantes, perpetrados por un grupo de efectivos de la policía, cometiendo además actos de violencia física sobre los cuerpos de mujeres hermanas y cuerpos de hermanos”, remarcó dicho comunicado.

Ante esta situación pidieron "justicia por los hechos aberrantes de la policía machista y patriarcal de Salta”, y “la devolución inmediata de los vehículos a los miembros de la comunidad Misión Carboncito”. Finalizaron el comunicado con el lema “¡Basta de persecución y armado de causas a líderes indígenas! ¡A 45 años del Golpe decimos Nunca Más!”.

“Es una injusticia. Acá se usa madera seca. Y nadie se fijó en los camiones que se llevaron el palo santo”. El testimonio que pone en evidencia la disparidad del trato que hay hacia los integrantes de los pueblos originarios con su producción de carbón, y quienes talan árboles en los bosques, y que suelen ser finqueros o empresarios, fue hecha al medio de comunicación Salta 12 por una mujer wichí de Misión Carboncito, ubicado en Embarcación, municipio del departamento San Martín.

La mujer reflexionó sobre el hecho entre el miércoles y jueves pasado cuando la Policía de Padre Lozano (localidad de paso entre Misión Carboncito y Embarcación), quiso detener por la fuerza al cacique de la comunidad y presidente de la Asociación Nueva Integridad, Ceferino Vallejo.

La contravención (dado que según explicaron desde la misma fiscalía, no constituye un delito penal), fue el traslado de carbón sin el remito, un papel que otorga la Secretaría de Ambiente de la provincia, para dar un viso de legalidad a la producción de carbón. La actividad ayuda a la economía regional de las comunidades originarias de la zona en un momento en donde abunda la desocupación.

Ceferino junto a su hermano, Gavino Vallejo, iban el miércoles de viaje a Embarcación para pagar el saldo adeudado de la compra de una camioneta. Llevaban además un tráiler con 50 bolsas de carbón. Fue entonces que la Policía de Padre Lozano los interceptó, cuestionando sobre los papeles de la camioneta y directamente secuestrarles el vehículo.

La denuncia de ellos es que debajo de uno de los asientos quedaron 130 mil pesos. Además, su accionar estaba enmarcado en un acta de julio de 2020, firmada por policías de Padre Lozano, y que indica la posibilidad de las comunidades de la zona de producir carbón. Pero para el Ministerio Público Fiscal (MPF), ahora (a 9 meses de su firma), el acta no se enmarca en la legalidad.

Tras lo sucedido, al día siguiente se citó a la comisaría al vendedor de la camioneta, Patricio Alarcón, habitante de Embarcación, para que presente pagarés, documentación, título y todo papel que tenga que ver con la compra-venta del vehículo a Gavino.

"Como me faltaba documentación que tenía Vallejo, me fui a buscar a Carboncito eso y de paso cargué 37 bolsas de carbón”, declaró públicamente Alarcón. Al volver presentó todos los papeles, el remito de las bolsas de carbón, y lo dejaron ir, pero bajo la condición de que no se pare en ninguna parte hasta llegar a Embarcación.

A unos 500 metros de la comisaría, cuando se aprestaba a salir de Padre Lozano, vio ingresar al pueblo a Ceferino con su familia “en otra camioneta”, explicó. Siguiendo las órdenes policiales no se detuvo. “Pero llamé por teléfono a Ceferino para explicarle por qué”.

De manera Inesperada, antes de llegar a la salida del pueblo fue interceptado por un automóvil Corsa blanco con cuatro uniformados, que le indicaron que iban a secuestrar el carbón y su camioneta porque era ilegal llevar esa mercadería. Entonces custodiado por la policía, Alarcón, fue obligado a volver a la comisaría. Fue entonces que se presentó Ceferino con su familia, e impidieron el paso de la camioneta de Alarcón (quien era el que manejaba), para que no la secuestren, por entender que se trataba de una injusticia más.

Alarcón, al ver a los Vallejo cortando el paso, frenó “y un policía me dijo que les pase por encima”. “Yo le dije que no iba a hacer eso. Entonces me pidió que dé marcha atrás para ingresar por otra parte”, afirmó. Fue entonces que se generó un forcejeo de Ceferino con cinco policías que intentaron detenerlo sin orden alguna, y motivó la intervención de su hija y su mujer en defensa de su pariente.

“Hay un policía que anda mostrando una filmación diciendo que yo me quise ir y no es así”, exclamó Alarcón, al explicar que la marcha atrás fue por indicación de los uniformados.

Al llegar al destacamento lo hicieron bajar del vehículo, le dijeron que tome sus pertenencias, y sin bajar las bolsas de carbón cerraron la camioneta. “Les pedí el papel de decomiso y no me quisieron dar nada. Entonces saqué fotos al acta porque quedaban como diez renglones en blanco y no sé qué puedan hacer ellos”, aclaró Alarcón, al sospechar del presunto mal accionar policial al momento de explicar su accionar. En el caso de Vallejo, aseguró, “no le dieron acta ni nada del secuestro del vehículo".

Tanto Vallejo como Alarcón señalaron que el oficial a cargo de estos procedimientos es un uniformado de apellido Arévalo. “Ayer Arévalo pidió licencia, entonces no va a estar tampoco para aclarar el tema”, afirmó el comprador del carbón.

Contó que anteriormente le sucedió algo similar por trasladar la mercadería, pero entonces no le secuestraron el vehículo, aunque si le hicieron pagar una multa.

“Esto para nosotros es como una burla”, analizó la mujer wichí, de quien se resguarda identidad por la observable persecución policial, quien testimonió, que hay quienes talan árboles de territorios de pueblos originarios y hacen pasar los rollos con las guías que da el ministerio de Medio Ambiente de la provincia, como oriundas de un lugar distinto (y en el que se autoriza la explotación forestal). Recordó que un finquero de la zona realizó esta maniobra “y había cantidad de palo santo y eso pasaba por cerca de la Policía y nunca pasó eso”, en referencia a lo vivido por los Vallejo y a Alarcón.

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*Foto de portada: www.pagina12.com

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