Fabián Cardozo, presidente de APU, nos profundiza sobre la posición contraria del gremio
Por Victoria Camboni-20 de febrero de 2021
Desde Presidencia de la República, en el Uruguay, se está impulsando una Ley de Medios para derogar la que rige actualmente, que es la 19.307. El contenido de esta ley generó una oleada de disconformidad en el seno de diversas organizaciones sociales -periodísticas y no periodísticas- a nivel nacional e internacional. Entre las muchas críticas, la que más predomina es la que se orienta a señalar que la nueva propuesta reduce la democratización de los medios, acrecienta el oligopolio mediático e incluye la pérdida de algunos derechos para los trabajadores de los medios, uno de ellos en particular que es “el derecho a la objeción de conciencia”, consistente en la posibilidad de que los periodistas no acompañen con su firma o nombre o voz, un artículo modificado por su jefe sin su consentimiento. Recabamos la opinion del presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) Fabián Cardozo, cuyas apreciaciones concentran el punto de vista de los profesionales de los medios de comunicación al avecinarse, a nivel parlamentario, un debate que auguramos será áspero, tomando en cuenta el espíritu del proyecto, que se orienta claramente a eliminar toda participación social en la comunicación en nuestro país.
-¿Cuál es la postura de APU frente a esta nueva ley?
“Nosotros tenemos claramente una postura crítica respecto a esta nueva ley que viene a modificar una ley vigente que tenemos, que ha sido una ley que salió desde las organizaciones sociales, desde los trabajadores; una ley que APU impulsó y defendió hace ya algunos años, y que llevó mucho proceso, mucho trabajo tenerla vigente. Durante muchos años el Gobierno, incluso el Gobierno del Frente Amplio no quiso llevarla a cabo. Se discutió un texto, y en algún momento, seguramente alguno recuerde, que el propio presidente Mujica dijo que no quería una ley de Medios, que había que tirarla a la basura. Finalmente, después, sí se impulsó esa ley que tiene un nombre un poco más complejo, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que busca regular muchas cosas de la situación de los medios de comunicación en el Uruguay. Luego esa ley fue obviamente intentada. Se la intentó bajar por parte del sector empresarial. Fue boicoteada, llegó a la Suprema Corte de Justicia incluso buena parte del articulado. La Suprema Corte terminó fallando, diciendo que la ley era vigente, que era legal. Luego por supuesto, la intención, el lobby, la presión del sector empresarial hizo mella en el gobierno actual para que se modificaran algunos aspectos de la Ley vigente. Tenemos una ley que va a ser discutida a fin de año en el Parlamento, que entre otras cosas tiene reducciones en cuanto a derechos para algunos colectivos, y acrecienta el monopolio mediático -más medios en pocas manos-, o sea se van a poder tener más medios. Los grupos empresariales van a poder crecer comprando más medios, incluso se abre la posibilidad de que grupos extranjeros compren medios en Uruguay. Tiene articulados muy curiosos como por ejemplo pérdida de derechos para los trabajadores de los medios, en cuanto, por ejemplo, al hecho de que hay un artículo que nadie puede explicar por qué está, que quita un derecho que los trabajadores tienen, que se llama objeción de conciencia, que es la posibilidad de que los periodistas no acompañen con su firma o nombre o voz, un artículo que fue modificado por su jefe sin su consentimiento. En fin, hay infinidad de cosas que hacen que estemos rechazando el proyecto de Ley, que aún está parado en el Parlamento. Tuvo una discusión el año pasado y se supone que ahora, en marzo, cuando vuelva la actividad legislativa va a volver la discusión y veremos qué pasa”.
-Tú mencionabas la objeción de conciencia, que es un artículo que se estaría eliminando. ¿Cuál sería el alcance en el caso de que esta medida se establezca?
“La objeción de conciencia en realidad es un derecho profesional que tienen los periodistas, que por suerte se ha tenido que aplicar poco, pero se ha aplicado alguna vez. Básicamente es este derecho: si una nota, de la autoría de un periodista, por razones que no vienen al caso, importantes y que tienen que ver con la praxis que un medio pueda tener, por su línea editorial o por intereses de grupos empresariales, un director o un editor de un medio, modifica esa nota y termina teniendo otra intención, otro contexto, otro lineamiento, y el periodista dice "esa no es mi nota", nada obliga a que deba ser firmada o acompañada por su nombre. El periodista puede negarse y decir "eso no es lo que escribí yo, usted lo modificó por su interés, hágase cargo, no es mi nota". De eso se trata. No nos queda claro, en realidad nadie nos ha sabido explicar qué lleva a que el sistema político elimine un derecho de este tipo. Desde el punto de vista profesional, lo único que nos hace pensar es que el sector empresarial haya planteado en algún momento quitar ese derecho a los trabajadores. En realidad no es muy comprensible. Hicimos este planteo ante los legisladores en la Comisión de Industria, que es la que viene tratando el tema, se lo hicimos saber al gobierno también, y hay alguna posibilidad de que el texto tenga modificaciones y el artículo no esté en el proyecto de ley, o sea, no se elimine este derecho. Entendemos que sería un acto de justicia que esto suceda, pero bueno, todavía nos queda esperar cuál va a ser la resolución final de los legisladores”.
-Hay muchos artículos, muchos temas que van a variar en el caso de que esta ley sea aprobada como ser por ejemplo la eliminación de varios organismos de participación ciudadana, que hacen un control y también denuncia, que de alguna forma vigilan también cuáles son las concesiones que se dan, etc. Hay como un corte, una cercenamiento de varios derechos. Es como que se quiere centralizar los medios de comunicación en los directivos y van quedando excluidos una variedad de actores y de opiniones. ¿Cuál es el incentivo de todas estas medidas?
“Hay claramente una reducción de una democratización de los medios para favorecer a los grandes grupos económicos dueños de los medios que obviamente no están de acuerdo con la participación de los trabajadores y de los colectivos sociales, en lo que se pretende impulsar como democratización de los medios de comunicación. Eliminar por ejemplo el consejo asesor que trabaja sobre la Ley de medios implica eliminar la participación de las organizaciones sociales de trabajadores y trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil en, por ejemplo, revisar la concesión que existe para los medios de comunicación en Uruguay. El consejo asesor cumple funciones de asesoramiento, por ejemplo para observar desde ahí, que no se creen gigantescos oligopolios o monopolios. Eso es un tema. Se elimina un consejo asesor que en realidad nunca funcionó pero que sería muy bueno que se aplique. Que observa el funcionamiento de los medios públicos en momentos que la discusión del papel de los medios públicos está presente, sobre qué debe hacer un medio público, qué debe proponer un medio público, cómo se debe regular un medio público y qué tan alejados del poder político tienen que estar quienes dirigen un medio público. Un consejo asesor abierto, como el que estructura la ley vigente, es más que necesario. Sin embargo el gobierno lo elimina y en algún caso, según hemos podido saber, pretende sustituirlo por un grupo de expertos, de asesores elegidos por la administración, lo cual va absolutamente en contra de lo que propone la ley. La ley dice "consejo abierto, organizaciones sociales, Universidad, Parlamento; otra cosa, no un grupo de expertos amigos de la gestión para decir que todo está bien o para acompañar los lineamientos. Ahí hay claramente una mirada tendiente a eliminar toda participación social en la comunicación”.
-Para cerrar, me comentabas que APU ya se ha presentado en el Parlamento. No sé si hicieron alguna declaración puntualmente. Aparte de eso ¿Cuáles son las actuaciones que han tenido frente a esta posibilidad de que la prensa pierda algunos de sus derechos? ¿Están integrando algún tipo de agrupación? ¿Cómo se están moviendo?
“Hay un colectivo en Uruguay que se llama Coalición por una Comunicación Democrática que viene trabajando mucho. Fue el grupo que impulsó la ley, luego el que la defendió, y ahora es un colectivo de organizaciones que lo que busca es defender la ley vigente y cuestionar esta ley que se propone desde el Gobierno. Ahí están muchas organizaciones. APU está al frente, pero está con muchas otras; está la Universidad de la República... no me quiero olvidar de ninguna... Están organizaciones que trabajan por el derecho de las mujeres, están los trabajadores de la cultura; hay varios colectivos sociales que están llevando adelante esta iniciativa. Estamos coordinando con ellos dentro de esta Coalición, también por fuera en nuestra central sindical, con el PIT-CNT, con los trabajadores de Antel,con un papel muy importante, porque esta Ley tiene también varios artículos en ese objetivo que parece tener el Gobierno, que se puede leer como atacar la fortaleza que hoy tiene Antel como empresa estatal de telecomunicaciones, abrir el mercado, abrirlo tanto, que termina favoreciendo a los privados y complicando bastante la viabilidad de Antel como empresa pública. Entonces también los trabajadores de Antel están con esto. En realidad estamos en un gran colectivo. Por ahora enero y febrero quedó el tema bastante congelado porque estamos a la espera de saber cuándo se va a reiniciar el debate en el Parlamento y sobre todo, porque la propia coalición de Gobierno tiene que tener una sola posición sobre esto, y hoy no hay una sola posición. Aquí está uno de los partidos integrantes de la coalición defendiendo a ultranza la Ley, y hay dos de los partidos que están en la coalición que todavía no están convencidos del texto. Veremos. Por supuesto que la oposición del Frente Amplio no apoya este nuevo proyecto de Ley y veremos qué pasa cuando los políticos decidan cuál va a ser el camino a seguir. Obviamente las organizaciones de la sociedad civil tendremos un planteo mancomunado y veremos de qué manera enfrentar esto en el Parlamento. Estamos esperando a ver qué pasa; se supone que ahora en los primeros días de marzo se sabe qué pasa con el proyecto. El proyecto quedó parado en la comisión porque no hay acuerdo, así que por ahora no saldría. Lo van a ver este año y ahí veremos qué pasa”.
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*Foto de portada: Twitter de APU
*Foto 2: www.laizquierdadiario.com / Dr.Luis Lacalle Pou, Presidente de la República
*Foto 3: YouTube / Fabián Cardozo, presidente de APU