Lunes 22 Abril 2024

"Les prometo que vamos a resolver este problema; estas personas van a ser tratadas decentemente"

Los cuatro años de gobierno de Bolsonaro dejaron a las comunidades originarias de Brasil sumergida en una crisis humanitaria. La minería ilegal es el principal inconveniente al que las comunidades se enfrentan, que está destruyendo la selva y contaminando los ríos de la reserva Yanomami, vitales para la supervivencia de este pueblo. Según organizaciones ecologistas, más de 20.000 mineros informales, principalmente buscadores de oro, actúan en esa reserva.

"Nos vamos a tomar muy en serio eso de acabar con la minería ilegal y aunque se tenga autorización para operar, se puede hacerlo sin destruir el bosque y el agua", sentenció Lula en el diario Página/12.

El Gobierno declaró la noche del pasado viernes 20 el estado de emergencia sanitaria de importancia nacional en la reserva indígena Yanomami, la más grande de Brasil con casi 10 millones de hectáreas. Por su parte, la ministra de Salud, Nísia Trindade, montará un centro de operaciones de emergencias en salud pública para planear, organizar, coordinar y controlar las medidas que se tome.

Durante la visita de Lula a la reserva, el primer mandatario brasilero afirmo haber visto niños muy delgados y desnutridos debido a la poca atención medica recibida en los últimos años. Esto deriva en desnutrición infantil y malaria, ocasionando muertes evitables. Ante esta situación, Lula prometió enviar más médicos a la reserva indígena.

Clima de desconfianza político en Brasil

El 8 de enero pasado, Brasil vivió un asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema por parte de sectores de las fuerzas armadas. Como consecuencia, el sábado 21 de enero Lula destituyó al comandante del Ejército de Brasil, Julio César de Arruda, a menos de un mes de haber asumido el cargo en los últimos instantes del gobierno de Bolsonaro. Sucedió luego de una reunión donde Lula afirma que el comandante no demostró disposición en tomar medidas inmediatas para aplacar sus dudas sobre la actuación de algunos sectores militares en la intentona golpista.

Días atrás, el presidente afirmó a los periodistas brasileros que muchos militares y policías fueron conniventes con el intento de golpe y que estaba convencido de que alguien desde adentro del palacio presidencial "facilitó" la entrada de los radicales de derecha. También criticó a las agencias de inteligencia del Ejército, de la Policía y de la Marina por no avisarle que bolsonaristas se estaban organizando para el asalto de Brasilia. El sustituto de Arruda será el general Tomás Miguel Ribeiro, firme defensor del orden democrático.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Brasil ordenó la prisión preventiva por tiempo indefinido a 942 de los 1.406 seguidores del expresidente Jair Bolsonaro detenidos por los actos golpistas del 8 de enero.

"Las conductas fueron ilícitas y graves, con la intención de, por medio de violencia y grave amenaza, impedir el ejercicio de los poderes constitucionales constituidos", dijo el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo del caso. Además, indicó que los implicados entran a prisión preventiva por participar en actos de terrorismo y destrucción de predios públicos y responderán por los delitos de asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado y amenaza, persecución e incitación al crimen.

Las acciones de Lula parecen ser coherentes contra quienes atentan el orden público del país, pero sin dejar de lado a las comunidades originarias, que son golpeadas por las multinacionales que les quitan de forma legal o ilegal las tierras y contaminan el medio ambiente de cual viven.

Foto: Twitter @lulaoficial

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