Por José Guzman-13 de setiembre de 2022

Héctor Llaitul ha sido monitoreado de manera casi permanente durante más de dos décadas y ha sido detenido en 20 ocasiones.

Vocero de la CAM (Comunidad Arauco Malleco), Héctor Llaitul debe ser una de las personas que lideran el ranking de chilenos con mayor número de conversaciones telefónicas escuchadas por los servicios de inteligencia chilenos. Desde hace al menos 25 años que sus llamadas son interceptadas por Carabineros o la PDI, o por ambas en simultáneo. Así lo indican decenas de informes, archivados por la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar).

Ha militado en la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) desde su fundación en 1997. Hace pocos meses fue acusado de llamar a tomar las armas y desde el principio de este gobierno seudo izquierdista desconfió del discurso que el presidente Gabriel Boric ha ofrecido a todas las organizaciones que protagonizan el conflicto en la denominada Macrozona Sur.

Llaitul sostiene que solo ejecutan sabotajes a la industria forestal y ejercen la autodefensa, y aunque los medios hegemónicos y el poder de la derecha insisten en que esas acciones también han caído ciudadanos ajenos al conflicto, por los que la CAM debería hacerse responsable al día de hoy, los incidentes son por parte de carabineros y las muertes cuentan con comuneros en sus listas. Un ejemplo de esto es el trabajador Ceferino González, quien en julio del año pasado recibió un tiro en el tórax en la balacera desatada a integrantes de la CAM en la que fue asesinado por el estado, su comunero Pablo Marchant (estando de rodillas) por parte de las fuerzas represivas del Estado, tal como se demostró en las pericias.

25 anos de interceptaciones telefonicas 2

El hecho, que tuvo lugar en la zona de Carahue y, según información proporcionada por Carabineros y la Fiscalía, se habría desarrollado durante un enfrentamiento entre encapuchados y la policía, siendo la víctima confundida en primera instancia con el hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

En ese momento, Carabineros declaró que Marchant- también militante de CAM- portaba un fusil M16 entre sus manos y habría hecho el gesto de apuntarles. Asimismo, afirmaron que no llevaban cámara GoPro y que se habían comunicado por radio, alertando que estaban bajo un ataque armado instancia en la que el cabo primero, Hugo Huenchuvil Antil, habría perpetrado el disparo contra el joven de 28 años.

Siendo este el discurso oficial de los medios aliados a la derecha, pero el informe pericial elaborado por el tanatólogo Bernardo Morales indico otra cosa.

El documento establece que “la tipología de las lesiones que provocan la muerte de Marchant Gutiérrez y el análisis y correlación crimino dinámica de las mismas, permiten plantear un mecanismo de ejecución (…) llama la atención la posición de las extremidades inferiores del occiso, las que se encuentran flexionadas a la altura de las rodillas, lo que hace presumir que éstas se encontraban flexionadas al momento de recibir el impacto balístico y en posición de no poder extenderse, lo que ocurriría sólo al encontrarse el cuerpo en posición arrodillado, con la cabeza inclinada hacia abajo”.

Además, señala que el impacto de bala fue “con apoyo del cañón en el punto de entrada del proyectil balístico”, agregando que “esto significaría que el cañón de la escopeta se apoyó en el cráneo -y al considerar la información anterior- Marchant habría estado en posición de genuflexión por el barro que se ve en el pantalón en la zona de las rodillas”.

Una ejecución lisa y llanamente realizada por agentes de seguridad del Estado chileno.

Así se ve reflejada la persecución contra las comunidades, buscaban al hijo de Héctor Llaitul ese nefasto día y asesinaron a otro joven.

En abril de 1988 fue la primera vez que Héctor Llaitul fue detenido por la policía y procesado por la justicia (esa vez fue la justicia naval). Cayó en la cárcel de Quillota, donde fue torturado (según un fallo reciente el Estado deberá indemnizarlo con $12 millones). En esa época era un militante anónimo del FPMR, mientras estudiaba Trabajo Social en la Universidad Católica de Valparaíso.

Pero cuando realmente los policías comenzaron a seguirle la pista fue en febrero de 1997. En esos días, Llaitul alojó en la casa de otro de los fundadores de la CAM, Ramón Llanquileo Pilquimán, en Tirúa. Eso dicen los reportes de la Dipolcar. De ahí en adelante no volvió a salir del radar de la inteligencia policial.

Su nombre y su teléfono, por ejemplo, aparecen en un documento titulado “TELÉFONOS SOLICITADOS A LA FISCALÍA MILITAR PARA MONITOREARLOS”, junto con la información de otras seis personas. En el apartado “OBSERVACIONES”, se señala que “existen antecedentes certeros que le presta ayuda económica y logística al prófugo Tralcal Quidel”. El documento es de 2009.

Otro archivo de la misma índole, llamado “NÚMEROS DE TELÉFONOS PARA SER MONITOREADOS”, identifica a cuatro personas cercanas a Llaitul que serían intervenidas, incluyendo a la entonces pareja del propio dirigente de la CAM y al líder de la Alianza Territorial Mapuche, Mijail Carbone Queipul. También aparece el número del mismo Llaitul. Existe otro archivo que tiene el mismo formato en el que aparece el teléfono de una mujer que –de acuerdo con la información obtenida por Carabineros- tenía nexos con Llaitul y su pareja. Incluso, el informe sostiene que la mujer participó de una conversación privada con la pareja de Llaitul en compañía de Raúl Castro Antipan, informante de la policía. Ninguno de estos documentos tiene fecha.

“Cuenta monitoreo Telefónico N°1”, “Cuenta monitoreo Telefónico N°2”, “Novedades monitoreo telefónico Cautín Malleco” y “Transcripciones marzo 2017” son cuatro archivos de la Dipolcar que contienen transcripciones de conversaciones telefónicas de Llaitul. En ellos se señala que el comunero y otros cinco sujetos de interés de la inteligencia policial estuvieron pinchados desde octubre de 2015 hasta enero de 2016 por la Sipolcar de Cautín, con autorización de la Corte de Apelaciones de Temuco. En la lista también aparece el historiador mapuche Fernando Pairican.

En 30 días la justicia deberá dar un veredicto sobre las acusaciones que le endilgan al vocero de la CAM, mientras la prensa hegemónica al poder revela informes que parecieran guionados por las empresas forestales.

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*Foto de portada: sabes.cl

*Foto 2: mapuexpress.org

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