Antes de que nos pongamos nerviosos, pensando que la integridad territorial de la Patagonia está comprometida, merecemos considerar que gran parte de las tierras argentinas no están en peligro, nadie nos va a robar las tierras, porque ya dejaron de ser soberanas hace tiempo, y los culpables no son precisamente los pueblos originarios, por lo tanto, la discusión debería pasar hacia otro plano.
Según datos citados en la obra 'Mal desarrollo' (La Argentina del extractivismo y el despojo): En la edición de enero de 2004, de la revista National Geographic, se definió a la Patagonia como un “espacio abierto a la ocupación internacional” (aunque se les olvidó mencionar que las tierras ya estaban habitadas). A esta afirmación, añadieron, que cuenta con una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, más una potencialidad en términos de hidrocarburos, minerales y recursos energéticos, todavía no del todo conocida.
Luego de la devaluación de 2002, se abarató mucho el costo de la tierra en otras monedas, con lo cual, la Patagonia se convirtió rápidamente en una inversión atractiva, una suerte de “joya” para los magnates extranjeros. A partir de ese momento el escenario de la Patagonia es más o menos el siguiente: Benetton controla un millón de hectáreas, el grupo Tompkings, 150 mil hectáreas; Joe Lewis (con el lago Escondido incluido), 18 mil hectáreas en Chubut; Ted Turner, 55 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego; Ward Lay, el magnate de las papas fritas, 80 mil hectáreas. Y se estima que el 10 por ciento del territorio argentino está en manos de propietarios extranjeros (la Federación Agraria Argentina, llegó a hablar de 27 millones de hectáreas).
A fuerza de poder legislativo, la Ley 26.737 aprobada en 2011, limitó al 15 por ciento del territorio nacional la venta a empresas o particulares extranjeros. Además, restringió a mil hectáreas la superficie de los terrenos que pueden ser adquiridos desde afuera. Aunque fue presentada como un límite contra el apropiamiento externo de territorios, esta ley, en los hechos terminó, de cierta manera, “legitimando” o “legalizando” el acaparamiento ya existente.
Sacar de contexto y dejar por el camino a la historia, es una chicana que se usa comúnmente para deslegitimar los reclamos ancestrales, algo compartido por una prensa “a la carta”. Tal es así, que gran parte del sur argentino está en manos de los magnates, pero resulta que el problema son los “terroristas mapuche”.
Sacarse de encima ese discurso recalcitrante conlleva un camino muy cuesta arriba, un desafío cultural sin precedentes. Una “campaña” que no se despega del tiempo y marca su continuidad.
A partir de 1878, buena parte de la población patagónica agonizaba para darle lugar a una pequeña porción más acomodada. El sello de sangre y sable que proponía Julio Roca para construir una república “a medida”, sigue perpetuando su derrotero.
Es ineludible, que en este trayecto histórico hagamos referencia a la reforma constitucional de 1994 que reconoció los derechos de los pueblos originarios. Desde las bancas del Congreso hacia los medios, en medio del camino, parece que los pueblos volvieron a perder parte de sus garantías constitucionales.
De vuelta a la “campaña”
Resulta necesario referirnos al año 2017, cuando Mauricio Macri era presidente y Patricia Bullrich ministra de Seguridad. Aquel Gobierno en alianza con el grupo Clarín promovió casi una “guerra santa” contra los Mapuches. Apeló a una receta básica de las derechas tradicionales: la construcción de un enemigo interno. La RAM o Resistencia Ancestral Mapuche y Facundo Jones Huala, pasaron a ser enemigos públicos. Conductores de un ejército cuyo objetivo era “robarles” el territorio a todos los argentinos. La RAM contaba con el apoyo de la guerrilla kurda, del IRA irlandés, de la FARC colombianas. Esto, hay que aclararlo, no es una joda, quedó registrado en el historial de programas populares de los medios argentinos.
Bullrich, pasó de burdas palabras, a la represión. Promoviendo operaciones armadas contra las comunidades mapuches movilizadas. El más renombrado operativo fue cometido durante una negra madrugada en la provincia de Chubut, en la ruta nacional 40. Un ejército de gendarmes, descargó su furia contra quienes cortaban esa ruta. No les bastó que los manifestantes se corrieran a un costado y emprendieron una cacería. En esa circunstancia murió Santiago Maldonado. Y además, y en esa misma región, hubo una fuerte represión con el saldo de heridos entre miembros de la Lof. Muy cerca de ese conflicto, en las inmediaciones del lago Mascardi, días después del fatídico 1ero de agosto de 2017, era asesinado Rafael Nahuel por integrantes de otra fuerza federal comandada por Patricia Bullrich: el grupo Albatros de la Prefectura. Rafael Nahuel formaba parte de un acampe en la ladera de una montaña. En el contingente que ocupaba la zona, también había familias. Los dos homicidios hasta hoy, siguen impunes.
El “terrorismo mediático” de Jorge Lanata
Hoy, luego de la oscura noche de las políticas macristas contra los pueblos “libres” del sur, reaparecen en primera plana de medios nacionales, imágenes de Facundo Jones Huala y la amenaza del presunto ejército irregular mapuche. En este momento, la “campaña” se lleva a cabo en un escenario político diferente.
La “violencia mediática” de Jorge Lanata nuevamente entró en escena contra el pueblo mapuche, y por lo visto, no reconoce límites.
El colectivo de comunicadoras indígenas de la productora Telesisa repudió la cobertura del conflicto. Consideran que el “comunicador” realiza “periodismo terrorista” en sus informes televisivos, además de considerar, que no abordó componentes históricos.
El programa Periodismo para Todos (PPT) de Canal 13 fue criticado ampliamente. Se trata de la emisión del informe emitido hace escasos días y que se tituló: “indios al ataque”.
La comunicadora Laki Quispe señaló que la violencia mediática es una acción simbólica; y puntualizó que en el caso del programa de Lanata se efectúa mediante expresiones tales como “mapuches reclaman la mitad de Argentina”. Y además advirtió que esos enunciados se potencian porque “son acompañados de imágenes de incendios en los cuales se realiza una adjudicación de modo implícito de esos actos a toda la comunidad mapuche”.
La periodista remarcó que “estas prácticas periodísticas son manipulaciones que violentan, al reforzar estereotipos de sujetos catalogándolos como alguien criminal”.
Además, destacó que los contenidos emitidos en Canal 13 “presentan como un ser amenazante al pueblo mapuche quien se encuentra luchando en la recuperación de su territorio ancestral”. En este sentido, manifestó que “se efectúa una estigmatización al colocar una etiqueta de 'mapuche terrorista' a los pueblos originarios del sur”.
Laki Quispe afirma que Jorge Lanata rotula al pueblo mapuche como el “enemigo interno”. Agregó, por otro lado, dijo que Lanata “como buen representante de las corporaciones y de los gobiernos neoliberales, hace periodismo terrorista puesto que opera en función de intereses empresariales”, advirtió.
El negocio de demonizar a los pueblos originarios
Desde hace poco más de un mes, la ruta 6 que atraviesa la Cuesta del Ternero, en la provincia de Río Negro, está bloqueada por la policía provincial y un grupo especial de esa fuerza para impedir la llegada de alimentos y abrigo a la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu. Una denuncia penal que no tuvo acusados derivó en un violento allanamiento. Indignantemente. Y hasta ahora, todos los habeas corpus y recursos judiciales fueron rechazados. La judicialización, y los allanamientos ilegales promovidos por el estado, lejos de lograr una salida empeoran la conflictividad, y son moneda corriente.
El origen de la causa contra la comunidad y el empresario que la impulsa, grafican la problemática de fondo. El hombre se llama Rolando Rocco y no es titular de las tierras, que son fiscales, sino que recibió una concesión de 2.550 hectáreas, como supuesto ocupante y a cambio de nada, el 10 de mayo de 2011.
Según testimonios, Rocco se dedica a desmontar el bosque nativo y a plantar pinos, pero jamás vivió ahí. El monocultivo de pino se está expandiendo por la cordillera y, ante un proceso de sequía, se convirtió en el principal combustible de incendios que azotan a la Patagonia y que determinaron que el año pasado 300 familias perdieran sus viviendas.
Tras el cerco a esta comunidad, se sucedieron tres incendios en la zona: en un centro de informes turísticos sin inaugurar, en el Bolsón, en un galpón de Vialidad Nacional en Bariloche, y por último en el Club Andino Piltiquitrón, también en el Bolsón. Por el segundo, hubo una supuesta reivindicación del Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu. En el tercero aparecieron, en forma grotesca, unos panfletos contra la gobernadora y el intendente, junto a bidones de combustible. Nadie se atribuyó nada, e incluso la comunidad Quemquemtreu explicitó ser ajena. No está claro, el origen en ningún caso. El fantasma de la eventualidad de terceros, no ha sido descartada, pero obviamente, habrá que probarlo.
La historia de las causas judiciales por hechos similares adjudicados a la RAM muestra nulas imputaciones. Hay al menos dos fallos donde queda claro que ni siquiera se pudo probar la existencia de esa organización. Un fallo del juez Gustavo Villanueva de 2019, en Neuquén. Otro, bastante anterior, de 2015, firmado por el juez Martín Zacchino, que rechazó aplicar la ley antiterrorista en Chubut.
Los tres incendios recientes fueron excusa de la gobernadora rionegrina Arabela Carreras, para presentar una denuncia por terrorismo, y hacer escalar el tema a nivel nacional.
Arabela Carreras, que es apoyada por la prensa nacional hegemónica y gran parte de la local “exigió” al presidente Alberto Fernández que envíe fuerzas federales “en resguardo de los argentinos y argentinas que elegimos vivir en paz, respetando las leyes y las instituciones”.
Aduciendo sin pruebas a la amenaza terrorista, la mandataria se desliga de responsabilidades de su provincia, una de las más morosas en implementar la ley nacional que obliga al relevamiento y resguardo de las comunidades en su territorio.
La réplica del gobierno nacional fue ambigua. Envió refuerzos de gendarmes a Río Negro desde La Pampa, pero aclarando que las fuerzas “deben respetar derechos”, no militarizar la situación, coadyuvar a la paz provincial y a que dentro de esa comunidad se busquen instancias de diálogo. Por lo tanto, no quedó muy claro si existen diferencias con las estrategias puestas en práctica por Roca y Macri-Bullrich.
La postura de Berni, Pichetto y Espert
El interés empresario que pretende desacreditar los reclamos territoriales se evidenció por el llamado “Consenso Bariloche”, que nuclea a cámaras empresariales, de turismo y entidades varias, todos defensores de la propiedad privada junto a la política de derecha, se montaron a la escalada de violencia simbólica y material con impronta racista contra las comunidades, recurriendo también al término "terrorismo" y haciendo que se multiplique en medios de comunicación. El resultado es un gran montaje, como si no hubiera otra cosa que no fuera la "violencia mapuche".
En medio de la difusión de noticias racistas, Miguel Angel Pichetto, homenajeó a Julio Argentino Roca (que por si todavía no se dieron cuenta, es el artífice de la “Campaña” del Desierto contra los pueblos precolombinos) en el cementerio de la Recoleta, y se despachó contra las comunidades originarias.
El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, en su papel de fuego amigo del gobierno, calificó como terroristas los actos vandálicos y vomitó un decadente humor. Bromeó sobre quienes quieren cambiar la bandera argentina ante la pasividad del oficialismo nacional.
En tanto, el candidato a diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, bautizó simbólicamente en Bahía Blanca, como "Julio Argentino Roca" al parque ecológico que se llamaba “Campaña del Desierto” y por el cual el municipio había hecho una consulta popular para renombrarlo.
El economista, acompañado por otros candidatos de su partido, mandó un fuerte mensaje al presidente Alberto Fernández: "Señor presidente, imite a este estadista (por Roca) y salve al sur argentino de cómo está siendo colonizado por delincuentes de la RAM, escudados bajo el falso nombre de mapuches. De mapuches no tienen nada, son delincuentes que arrían la bandera argentina e izan la mapuche, ensuciando el nombre mapuche", dijo Espert.
"Son delincuentes que requieren la intervención de las fuerzas federales y si es necesario, como la ley lo permite, que decrete el estado de sitio perimetral donde estos delincuentes incendian casas, hoteles y clubes”, agregó ante los medios.
¿Porque criminalizan a las comunidades?
Según Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en declaraciones al periódico pagina12 dijo: "Quieren desalojar a los pueblos originarios porque van por la tierra".
El Senado aprobó la prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial que suspende los desalojos de las comunidades, pero para que sea ley falta su tratamiento y sanción en la Cámara baja. La funcionaria adjudicó el regreso del discurso racista y discriminatorio hacia los pueblos originarios a un intento de hacer caer esa norma, por razones políticas y económicas en plena campaña electoral.
Esta, apunta Odarda, es “una disputa de modelo de país, uno que va hacia mayores grados de igualdad y otro que vuelve atrás en la historia para justificar delitos de lesa humanidad y genocidios como los que se cometieron en Rincón Bomba, en Napalpí, en la mal llamada Conquista del Desierto”.
Ante la consulta de si, en Rio Negro, se siguen negando a cumplir los relevamientos de las comunidades, Odarda comenta que “hay más de 100 comunidades que los están esperando desde hace años. Enviamos tres pedidos y no hemos recibido respuesta. Además, jamás entregaron un título comunitario indígena como han hecho otras legislaturas, lo cual atenta contra la propia Constitución provincial”.
La denuncia contra Lewis
Odarda describe la situación del acaparamiento que llevó a cabo el magnate: “Lewis se dio el gusto de cerrar totalmente el acceso al Lago Escondido, con la anuencia del gobierno de Río Negro, que debió haberlo abierto hace 10 años. Construyeron un gran vallado con cámaras de seguridad en un camino público, violando una sentencia a favor de los ciudadanos para abrirlo. Este empresario inglés tiene un aeropuerto enorme en zona de frontera, y a dos horas de las Islas Malvinas, que no sabemos qué hace, porque no tiene radares. El gobierno de Río Negro tampoco habla de eso, criminaliza los reclamos sociales, pero a los poderosos les permite hacer lo que se les antoja, violando la ley. Peleamos desde hace 16 años por esa apertura, la justicia nos dio la razón, pero, en lugar de abrir el camino, lo vallaron y pusieron cámaras”.
“Asociar al pueblo indígena con la violencia, cuando ni siquiera se cumplen las políticas públicas que existen, como la ley 26.160, es muy injusto”, apunta la funcionaria.
Magdalena Odarda, disparó firmemente contra el gobierno provincial, fiel representante a estas alturas, del patoterismo de turno. Y vedando todo motivo a réplica señaló:
“Primero cumplamos la ley y después acusemos, pero con pruebas”.
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*Foto de portada: antimafiadosmil.com / José Guzmán
*Foto 2 : latinta.com
*Foto 3: pagina12.com.ar / Leandro Teysseire