Articulado en tres frentes: agricultura, turismo y energías renovables; abre la región a inversiones privadas bajo la denominación de destinos agroclimáticos, turísticos y zonas potenciales de bioenergía, desarrollo eólico y recursos hídricos. El plan propone liberar derechos de agua a empresas privadas para embalses y represas. En este apartado, señalan: aún existen en desuso 3.5 millones de litros para ser rematados. El despojo es constante.

Terratenientes, trasnacionales, empresas madereras, mineras, acuícolas, salmoneras, eólicas e hidroeléctricas se disputan el Wallmapu. Entre las madereras, destacan Mininco, perteneciente al grupo Matte; Forestal Arauco del grupo Angelini; Bosques Cautín, y Magasa. Las hidroeléctricas y eólicas suman más de 20, entre otras: la española Endesa, Colbún del grupo Matte; RP Global austriaca; Enacon de inversionistas estadunidenses, brasileños y chilenos. Electro Austral, Conpax y Rankun con socios canadienses. A lo cual se agregan las eólicas Relmu, Endesa, Los Trigales, Piñón Blanco o Ener Renova. A estas debemos adicionar las acuícolas y salmoneras: Novatec, Aquasmol, Aquasur, Captren, Landicach, Los Fiordos, Aqua Chile, Salmones Multiexport, Bío-Bío, Antártida o Invitec Pesquera.

El capitalismo verde se impone con políticas contrainsurgentes, militarizando el Wallmapu. Y con el eslogan de posesionar a la Araucanía como destino turístico internacional, se pretende construir aeropuertos y autopistas. El desastre medioambiental está servido. Contaminación, degradación de las aguas. Al plan Impulso se une la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA) -la que recientemente atacó, golpeó y desalojó a grupo mapuche en toma de la Municipalidad de Curacautín con el consentimiento y aval de Carabineros-, Organización de sesgo paramilitar, que agrupa a la ultraderecha, latifundistas y empresarios. Entre sus dirigentes destacan Gloria Naveillan (diputado UDI), portavoz de los agricultores de Victoria-Malleco; María Angélica Tepper Kolossa, presidenta de la multigremial en la Araucanía; Eduardo Zwanzger Azocar, terrateniente con fuertes vínculos políticos; Cristian Arntz Mac-Evoy, presidente de la sociedad agrícola y ganadera de Osorno; Patricio Wunderlich Arismendi, presidente de la Asociación de Camioneros de Osorno y multigremial del Sur; Rodrigo Lavín Cristoph, presidente de Agro Llanquihue y productores de leche del sur; Juan Ricardo Hollstein Turk, coordinador, en Los Lagos, del partido ultraderechista de José Kast, y para incrédulos, el terrateniente Alan Leisle Cooper, condenado en tiempos de la Unidad Popular por el asesinato del general en jefe del ejército René Schneider en 1970, cuyo objetivo era evitar el acceso de Salvador Allende a la presidencia. Cooper, así opina así de los integrantes de las comunidades mapuche: “los voy a balear a todos si es que llegan acá” “No les tengo ningún miedo”.

La Asociación Paz y Reconciliación en la Araucanía se ha destacado por sus actos de violencia contra los comuneros. El primero de agosto convocó a sus integrantes a desalojar las municipalidades de Curacautín, Ercilla y Victoria, tomadas por comuneros para hacer oír las demandas de los presos políticos, algunos con más de 100 días en huelga de hambre, entre otros, el machi, líder religioso, Celestino Córdova, quien ha suspendido el ayuno, tras un acuerdo.

Bajo el lema de “el que no salta es mapuche”, y la inacción de Carabineros, incendiaron parte de la municipalidad de Curacautín. El ministro del Interior, de la pinochetista UDI, Víctor Pérez Varela, acudió apoyando a los terratenientes y exculpando sus acciones. La constitución pinochetista sólo reconoce un pueblo bajo una nación, el chileno. Cualquier reivindicación sobre territorios, justicia consuetudinaria, flora y fauna dentro del Wallmapu se consideran actos de terrorismo. El Estado chileno, pese a firmar el acuerdo 169 de la OIT, envía tropas, detiene a dirigentes y configura un sistema judicial ad hoc de protección de testigos, cuyas declaraciones inculpen a comuneros. Así se encarcelan lonkos, acusados de quemar automóviles y camiones, prender fuego a plantaciones, robar ganado, etc. En esta lógica, Carabineros montó la operación Huracán para inculpar y detener al dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, y a los hermanos Huenchullán de la comunidad Temucuicui. Vemos todas las semanas, fotos de camiones forestales quemados en su cabina “metálica” y no su carga que es “de madera”, y curiosamente ésta última no se quema, pues no está cubierta por los seguros; como vemos entonces se trata de atentados “muy selectivos”.

Claro, siempre los gobiernos ofrecieron como algo mejor, las becas, los subsidios, pero no los derechos políticos colectivos, como lo aborda el convenio 169 de la OIT firmado por Chile.

Estamos en un proceso constituyente inédito en la historia de Chile. Tenemos la posibilidad de establecer un nuevo pacto social, por vez primera, con la participación democrática de todos. Un proceso para el que hemos conquistado paridad, lista de independientes y escaños reservados para pueblos originarios, factores que elevan el estándar democrático del proceso constituyente.

Los mecanismos que permitirán a los pueblos indígenas, participar en pleno derecho del proceso constituyente a través de sus propios actores políticos no están definidos y es necesario que el Estado avance en su reconocimiento y definiciones de participación.

En este 2020, entre la pandemia y las políticas de etnocidio, el pueblo mapuche sigue combatiendo. Su valentía y dignidad se anclan en la defensa del Wallmapu. Su ejemplo crece y su bandera corona lo alto de la torre humana, símbolo de la rebelión popular, levantada en la Plaza de la Dignidad.

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*Foto de Portada: www.hispantv.com

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