De los nuevos ataques contra la magistratura al acto de fuerza contra Scarpinato
No, no alcanzaron las cosas "desagradables" de la Justicia o las normas vergonzosas "anti-Gandhi", a golpe de decretos y leyes. Este gobierno, fascista y amigo de los mafiosos, revela cada vez más su rostro autoritario. El último caso es el de los 12 migrantes, procedentes de Bangladesh y Egipto, encerrados en Gjader (Albania), a donde habían llegado para ser sometidos al examen acelerado de sus solicitudes de asilo porque procedían de países de origen que el gobierno considera seguros y luego devueltos a Italia por decisión del tribunal de Roma sobre la base de una sentencia europea.
En pocos días hemos sido testigos de una auténtica campaña de desprestigio contra toda la magistratura.
La primera ministra Giorgia Meloni aplica un "corta y pega" de un correo electrónico enviado por el fiscal adjunto de Casación, Marco Patarnello, publicado en el boletín de la ANM (Asociación Nacional de Magistrados) tras la decisión del tribunal de Roma sobre la permanencia de los inmigrantes en los centros albaneses, para luego decir: "Es un peligro, hay que remediarlo".
El jefe de bancada de Forza Italia en el Senado, Maurizio Gasparri, quien, invocando la intervención del Jefe de Estado y del CSM (Consejo Superior de la Magistratura), habla de "togas rojas" que "violan las leyes y los principios constitucionales". El dirigente de Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, hace lo mismo: "Las togas rojas no detendrán nuestras reformas".
Luego vienen el ministro de Justicia, Carlo Nordio ("Si el poder judicial se desborda, debemos intervenir") y su subsecretario Andrea Delmastro, que, en el diario La Stampa, definió a los jueces como "ayatolás". El viceprimer ministro Matteo Salvini, procesado en Palermo por el caso Open Arms, habla de "persecución judicial", arremete contra los fiscales e intimida a los jueces que deberán juzgarlo.
Después, el presidente del Senado, Ignazio La Russa, un conocido "matón" fascista, lanza flechas y ataques proponiendo una reforma de la Constitución para regular las relaciones entre magistrados y políticos.
Estos son los tantos "matones estatales" que, con arrogancia y prepotencia se sientan en los escaños de nuestro Parlamento.
Una soberbia propia de quienes creen que pueden hacer lo que quieren y que se extiende por todos los ámbitos institucionales.
Sucede también en la Comisión Parlamentaria Antimafia, presidida por Chiara Colosimo, donde se desarrolla lo que definimos como "el teatro del absurdo".
Para continuar sin contratiempos su investigación sobre la masacre de via d'Amelio, ahondando en la única pista procesal del interés de Paolo Borsellino, esto es, la investigación "Mafia y Licitaciones", se lanzó una vergonzosa campaña contra el ex fiscal general de Palermo, hoy senador del Movimiento Cinco Estrellas, Roberto Scarpinato.
Se trata del supuesto "arreglo" con Gioacchino Natoli, antes de que este último fuera a declarar a la Comisión Antimafia.
El periódico La Verità, que fue el primero en revelar la existencia de intercepciones telefónicas en relación con los dos exmagistrados, insiste hoy con el tema, de manera críptica, dando a entender que estaba al tanto del contenido de esas conversaciones.
Un hecho absolutamente anómalo si tenemos en cuenta que el mismo, transmitido a la Comisión Antimafia por la Fiscalía de Caltanissetta, debería estar protegido por el secreto.
Al menos eso es lo que había garantizado la propia Colosimo después de decidir, en el despacho de la presidencia, ponerlos a disposición de los miembros de la Comisión.
No a Scarpinato, sin embargo.
Y no solo eso. En primer lugar, se rechazó la solicitud de devolver a la Fiscalía de Caltanissetta los documentos transmitidos y solicitar a dicha Fiscalía "que disponga una nueva transmisión de las intercepciones antes mencionadas a la Comisión sólo después de la presentación de los documentos conforme al art. 415 bis de CPP (Código Procesal Penal) o en cualquier caso después de que el juez de instrucción haya agotado la selección de escuchas telefónicas pertinentes para las investigaciones". Después de eso, Colosimo quiere avanzar proponiendo una ley sobre conflictos de intereses.
Luego, según dijeron algunas agencias, la presidenta de la Comisión Antimafia decidió continuar con el proceso para modificar la ley y establecer la obligación de que los miembros de la Comisión Antimafia se abstengan en casos de conflicto de intereses.
Todo con una premisa. La propuesta de la centroderecha sólo será retirada si de la oposición llega un texto mejorado de la ley que propuso, que vaya exactamente en la dirección esperada durante la reunión en la oficina de la presidencia.
Del estilo "se hace como digo y punto".
La razón por la que quieren sacar a Scarpinato de la Comisión Antimafia la explicó el propio exfiscal de Palermo en la entrevista con Massimo Giletti, durante el programa El Estado de las Cosas: "Quieren sacarme de la Comisión Antimafia por esto: soy uno de los pocos magistrados que nunca aceptó que las masacres de Capaci y via D'Amelio, así como los atentados de Roma, Florencia y Milán de 1993 fueran perpetrados únicamente por la mafia. Algunos colegas y yo hemos llevado a cabo investigaciones que demuestran que detrás de esas masacres hubo hombres poderosos de la política, la masonería y la derecha subversiva".
Es evidente que este Gobierno no puede aceptar presencias incómodas.
Quizás el conflicto de intereses podría afectar a la propia Colosimo, que frecuentaba a Luigi Ciavardini, responsable no sólo de la masacre de Bolonia sino también del asesinato del magistrado Mario Amato.
Este es sólo uno de los hechos conocidos de los miembros de nuestras instituciones.
Se sabe que entre las figuras de referencia de la actual Premier se encuentra un "protagonista del neofascismo" como Pino Rauti, fundador del Centro de Estudios Nuevo Orden y padre de Isabella Rauti, subsecretaria del Ministerio de Defensa.
Se sabe también que en una visión del revisionismo en el Parlamento se organizó una conferencia dedicada al general Gianadelio Maletti, jefe del departamento de contraespionaje del SID en los años 1970, condenado a una pena firme de 18 meses por complicidad con los responsables por la masacre de Piazza Fontana (otra masacre neofascista).
En el gobierno está Forza Italia, el partido fundado por Silvio Berlusconi, que le pagaba a la mafia, y por Marcello Dell'Utri, condenado a siete años por concurso externo en asociación mafiosa.
Berlusconi está muerto. Y hoy su hija Marina habla de política. En su intervención durante la inauguración de la nueva librería Mondadori en la Galería Alberto Sordi de Roma, no sólo expresa una "opinión positiva" sobre el gobierno Meloni, sino que ataca a "ciertos jueces" que, según ella, "no son enemigos de mi padre o de Giorgia Meloni, sino de todo el país".
Quiso la casualidad que en la inauguración también estuviera presente el antiguo brazo derecho de papá Silvio, Dell'Utri, que dijo lo suyo: "Estoy de acuerdo con las palabras de Marina Berlusconi. Hay algunos jueces, no es que sean todos, son pocos. ¿Han regresado las 'túnicas rojas'? ¿Por qué se fueron?". Y no tiene dudas sobre el trabajo de Giorgia Meloni: "Es muy buena".
Todo es normal en un país sin memoria.
Pero en las sentencias del exsenador hay palabras que pesan como piedras.
Dell'Utri fue el garante "decisivo" del acuerdo entre Berlusconi y Cosa Nostra con un papel "importante para ambas partes: la asociación mafiosa, que recibió un canal constante de enriquecimiento significativo; el empresario Berlusconi, interesado en preservar su ámbito de seguridad personal y económica".
Hoy a la política le gustaría eliminar estos hechos. Así es posible aceptar que el propio Dell'Utri, en una entrevista muy reciente, haya vuelto a hablar de Vittorio Mangano, reiterando el concepto de que según su modo de ver fue un héroe por no haber hablado nunca de él y de su querido amigo Silvio, presentándolo como un gran hombre. La verdad, sin embargo, es muy diferente. Y los "matones del Estado" lo saben bien.
*Diseño gráfico de Portada: Paolo Bassani