“Ya no puedo sentirme parte de una asociación que, en sus organismos representativos a nivel nacional, se ha ido caracterizando cada vez más por evaluaciones e intervenciones que parecen ser dictadas por criterios de ‘oportunidad política’ y que a veces terminan por denotar un peligroso ‘colateralismo’ con el poder en detrimento de la debida tutela de colegas que tienen a cargo actividades judiciales especialmente complejas y delicadas”, ha escrito Di Matteo, quien también ha renunciado al rol de miembro de la junta, en una carta dirigida a la junta nacional, a la distrital y a todos los colegas del distrito de Palermo.
En particular, Di Matteo hace referencia en la carta a la actitud de la ANM nacional en relación a la polémica surgida de la investigación de la fiscalía sobre la “negociación” Estado-mafia y expresó su desacuerdo con el sustancial silencio “frente a los inauditos ataques personales” hacia los titulares de la investigación y la sentencia de la Consulta que ha decidido sobre el conflicto de atribuciones propuesto por el Quirinal. “Me ha impactado, una vez más, pero seguramente no me ha sorprendido, la actitud de la ANM. Frente a la gravedad de las acusaciones que (habiendo aceptado el recurso) han sido dirigidas a los magistrados de Palermo sobre la base de un cuadro normativo incierto, o incluso inexistente, y a pesar de estar en presencia de una decisión que parece entrar en conflicto con otros principios constitucionales fundamentales, la ANM no ha considerado necesario emitir ni una sola palabra en defensa del accionar de los magistrados de Palermo, limitándose a estigmatizar gravemente las críticas que el colega Ingroia (a quien además se le ha dejado en excedencia y ya no es más el titular del proceso del cual surgió la cuestión) osó hacer en cuanto a la sentencia”. “Evidentemente, por enésima vez - continúa Di Matteo - en las decisiones de los organismos representativos de la asociación, son las razones de oportunidad política las que han prevalecido sobre el deber de defender y de no aislar aún más a los magistrados que hoy son acusados de haber violado las prerrogativas del más alto cargo del Estado, cuando en cambio (como otros colegas de Milán y Florencia que en el pasado se encontraron en la misma situación) actuaron en el absoluto respeto de la normativa vigente. Y la conclusión es aún más dura: “También en este caso la ANM no ha sabido hacer otra cosa que tomar las distancias de esos magistrados a los que debería tutelar y representar”, contribuyendo así a alimentar la voluntad de los muchos que querrían en un futuro una magistratura cada vez más despavorida y burocratizada y atenta, más que en hacer justicia, en no molestar la acción de los poderosos. Esta no es la Magistratura en la que siempre he creído y en la que seguiré creyendo. “No es ésta la ANM que puede representar realmente los intereses de los magistrados que cotidianamente trabajan movidos exclusivamente por el respeto de los principios de la Constitución a la que todos han jurado fidelidad”. Como ya hemos dicho y escrito en este periódico, una vez más nos encontramos teniendo que constatar, trágicamente, que la historia se repite. Una vez más, hombres de punta en la lucha contra la mafia se encuentran obligados a defenderse pero no del fuego de los enemigos, sino de aquel “amigo” de los colegas y de las instituciones que ellos mismos defienden. Ya ocurrió con Pietro Scaglione, Gaetano Costa, Rocco Chinnici, pasando por el general Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Así, una vez más la política, los cargos más altos de la magistratura y el Estado vuelven a poner en práctica la solapada y así mismo perversa técnica del aislamiento.
Una acción que podría dar vía libre a nuevos sacrificios de vidas. Recuerdo cómo empezó la “muerte lenta” de Giovanni Falcone cuando, en el 1988, el CSM* lo suspendió como consejero instructor cargándose de una parte de la responsabilidad de su muerte.
Señales que hoy se repiten y que amenazan con sobreexponer a los magistrados a la venganza mafiosa. Cosa Nostra está atenta y espera así como esperan aquellos hombres del Estado que en el bienio '92 - '93 negociaron con la mafia y dieron vida a los atentados. Para algunos hicieron falta 17 años para encontrar la memoria y contar fragmentos de verdad. Otros están dispuestos a llevar sus propios secretos a la tumba, esperando que la mafia intervenga antes, desarrollando el trabajo sucio por ellos.
No es fanatismo pensar que también hoy Cosa Nostra, a pesar de que haya padecido golpes duros, pueda alcanzar de nuevo aquella convergencia de intereses con los poderes del Estado. Un nuevo pacto para perpetrar una matanza e impedir el triunfo de la Verdad. La diferencia con el pasado, quizás, es que hoy sería el Estado-mafia, en antítesis con el Estado-Estado (por decirlo con las palabras de Vittorio Teresi) el que sea el primero en solicitar el atentado a los mafiosos.
En el pasado la sociedad civil dio señales de despertarse únicamente después de las muertes de hombres como Falcone, Borsellino y tantos otros mártires de la justicia. Para que su sacrificio no haya sido en vano ahora es necesario intervenir, saliendo a las plazas y apoyando a los verdaderos servidores del Estado. Si hay algo que es seguro es que nosotros haremos todo lo que está a nuestro alcance para evitar que surjan nuevos mártires.
Notas aclaratorias:
* ANM: Asociación Nacional Magistrados
* CSM: Consejo Superior de la Magistratura
* Conflicto de atribuciones: El ex ministro Nicola Mancino es interceptado mientras logra hablar con el propio presidente Giorgio Napolitano pidiéndole que medie ante la fiscalía de Palermo para que rebajen la presión sobre él. El presidente se apega a una ley del 2009 para que sean destruídas. “... Tales conversaciones, añade,.: “... las conversaciones del presidente de la República no pueden ser interceptadas ni siquiera de forma accidental y deben ser destruidas apenas se tenga consciencia de que existen, sin esperar siquiera a que un magistrado las escuche y decida si tienen o no valor”. La fiscalía de Palermo tiene otra opinión. Ante esta divergencia, Napolitano ha decidido elevar a la Corte Constitucional un conflicto de atribuciones.