Proyecto de ley de Seguridad y "Terrorismo callejero": medidas contra protestas violentas, crece el temor a una política del miedo
"El plan del gobierno nos aleja del Estado de Derecho y reduce la responsabilidad de quienes pueden ejercer la fuerza". Estas fueron las palabras que el exmagistrado Roberto Settembre (en la foto) pronunció hace unos días, al hablar ante los micrófonos del Fatto Quotidiano, para comentar la última tendencia emprendida por el gobierno, que quiere implementar un escudo penal a favor de las fuerzas del orden. En la práctica, se trata de una medida para garantizar la protección de los agentes en caso de que se vean involucrados en delitos durante su servicio. Al respecto, el exmagistrado Settembre, figura clave en la sentencia del caso Bolzaneto durante el G8 en Génova, expresó su total disenso: "En Italia -explicó- hay alrededor de 300 mil personas que visten el uniforme y que pueden usar un arma por razones de servicio. Yo tengo fe en las fuerzas del orden, puedo creer que la gran mayoría de ellas están bien entrenadas y bien evaluadas. Pero siempre puede haber quienes se sientan inclinados a utilizar el poder y la fuerza a su disposición de forma desproporcionada. Y la única manera de mantener seguros a los ciudadanos es la responsabilidad. Quien realiza una acción, incluso de uniforme, debe ser responsable de ella". Por lo tanto, para el exmagistrado, el "escudo penal" no sólo corre el riesgo de consumir esta responsabilidad, sino que también podría fomentar un clima de mayor inseguridad por parte de los ciudadanos ante las fuerzas del orden.
El objetivo declarado del Ministerio de Justicia y del Palacio Chigi parece ser el de evitar que los agentes, a pesar de existir pruebas claras a su favor, sean inscriptos en el registro de sospechosos, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva, como la suspensión del servicio y la posible pérdida de salario. El empuje en esta dirección habrían sido sobre todo los últimos acontecimientos, como el del mariscal Luciano Masini, investigado por exceso en la defensa propia tras una intervención en la que mató a un agresor que había herido a cuatro personas. O los recientes enfrentamientos ocurridos en las calles de Roma y Bolonia, durante los cuales varios manifestantes protestaron por el caso de Ramy Elgaml, el joven de 19 años fallecido el 24 de noviembre en un accidente ocurrido durante una persecución de los carabineros. La primera ministra Giorgia Meloni, criticando los episodios de violencia, explicó que "una tragedia no puede utilizarse para legitimar la violencia". En concreto, la idea desarrollada bajo la supervisión del subsecretario de la Presidencia del Consejo, Alfredo Mantovano, a petición de la primera ministra Meloni y apoyada por Fratelli d’Italia, prevé dos intervenciones principales. La primera es la modificación del procedimiento de inscripción en el registro de sospechosos, que sólo sería posible si surgieran pruebas claras y ya no como un procedimiento automático. La segunda se refiere a la transferencia de competencias de las fiscalías ordinarias al procurador de las Cortes de Apelación, con la esperanza de que estas últimas adopten una actitud menos severa frente a los agentes.
Por otra parte, la iniciativa se enmarca en un contexto mucho más amplio, que concierne al proyecto de ley de Seguridad, que está en discusión en el Senado. Esto incluye otras medidas para proteger a las fuerzas del orden, como penas más severas por resistirse a los funcionarios públicos, la introducción de un delito específico para las lesiones sufridas por los agentes y la compra de cámaras corporales para mejorar la transparencia de las operaciones. A ello hay que agregar la asistencia jurídica gratuita a los agentes implicados en procedimientos penales relacionados con su servicio, junto con la idea propuesta por Fratelli d’Italia que quiere introducir un nuevo tipo de delito: el "terrorismo callejero", diseñado para combatir de forma aún más dura las manifestaciones que pueden acabar en violencia.
Junto a la polémica que desató esta última medida del Gobierno, también se ha encendido el debate político. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, habló de "protecciones adicionales importantes para el complicado trabajo de las fuerzas del orden". Mientras tanto, según informó la agencia de noticias ANSA, el ex ministro de Trabajo y miembro del Partido Democrático, Andrea Orlando, habló de "ensayos generales para un estado policial". Volviendo a las declaraciones realizadas a Il Fatto Quotidiano por Roberto Settembre, el exmagistrado precisó que, tras los acontecimientos del G8 en Génova, el abuso de poder ha dejado cicatrices profundas en el país, que hacen aún más difícil reconstruir un clima de confianza. El "escudo penal" no haría más que agravar aún más la situación, acabando por sustituir la confianza por el miedo. Y las señales ya están ahí. "Veo que a menudo nos alejamos del Estado de Derecho", explicó Settembre. Lo mismo ocurrió en el caso del iraní Abedini, donde el ministro de Justicia Carlo Nordio decidió el destino del ingeniero incluso antes de que la justicia se pronunciara. Además del debilitamiento del Estado de Derecho y del principio de responsabilidad -añadió el exmagistrado- "me preocupa mucho la falta de persecución penal obligatoria".
*Foto de Portada: © Imagoeconomica