El Proyecto ya se encuentra en la Cámara de diputados
La iniciativa ya había sido anunciada por la polémica ministra de seguridad Patricia Bullrich. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona también se había pronunciado, sobre el posible nuevo régimen que ya tiene cientos de detractores. Las promesas de campaña del gobierno de Javier Milei, desde este lunes siguen avanzando, y los niños y adolescentes no dejan de ser los nuevos perseguidos por las políticas de estado, que están intentando llevar adelante.
El proyecto de ley punitivista contra los jóvenes bajo el nombre de “Régimen Penal Juvenil”, ya ingresó a la Cámara de Diputados cuya clara intención es bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años, para poder ser sometido a un proceso legal cuyas penas pueden llegar hasta los 20 años de prisión en “establecimientos especiales” de las instalaciones penitenciarias.
Según los especialistas en derecho de las infancias, dicho régimen contradice la Convención de los Derechos del Niño además de ir en contra de toda la doctrina internacional.
El fundamento de los funcionarios de Milei tiene asidero en la estadística que ubica a los delitos cometidos por jóvenes en el centro de la atención, además de una situación de inseguridad creciente. Hacia fines del mes de junio el proyecto fue presentado por el gobierno tomando estos argumentos como bandera: “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, dijo la ministra Bullrich. Por otro lado, el ministro Cúneo Libarona apuntó: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”.
En una contundente desmentida, la abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, Claudia Cesaroni, criticó la postura del gobierno afirmando que: "En la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo 86 víctimas de homicidios dolosos y 131 victimarios. De ese total de victimarios, solo uno fue menor de 16 años y 6 seis tenían 16 o 17. En la Provincia hubo 924.492 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), y 645 homicidios dolosos. En el sistema penal juvenil, hubo 22.018 IPP, poco más del 2 por ciento del total, y 61 homicidios dolosos cometidos por adolescentes de 16 o 17 años, es decir, menos del 10 por ciento del total de homicidios", afirmó.
Los detalles del proyecto
Increíblemente, en cuanto a contemplar la libertad condicional, se establecería la medida de una factible búsqueda de trabajo por parte de los imputados, algo por supuesto ilegal ya que los afectados son menores de edad.
El proyecto propone un máximo de penas de hasta veinte años con la posibilidad de aplicar “medidas alternativas” desde el cumplimiento de dos tercios de la condena, de igual manera dicho régimen se aplicaría para penas menores. Por otro lado el sistema contempla la privación de la libertad en establecimientos separados y administrados por personal “idóneo”.
Y para cerrar el combo, también solicitan poder investigar a menores de 13 años, aunque afirman que incluso los menores de esa edad son “no imputables”. A estos efectos se especifica que el juez de la causa "de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas".
"En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social", afirman en detalle en el proyecto.
*Foto de Portada: Radio Nacional AM 870 Facebook