El ex presidente Fujimori podría permanecer en la impunidad
A pesar a las advertencias de los organismos que defienden los derechos humanos, el Congreso peruano resolvió aprobar una ley, que deja en la impunidad los delitos cometidos por aquellos represores acusados de lesa humanidad.
La polémica norma que fue aprobada por el parlamento el pasado Jueves, dejaría en estado de prescripción a los crímenes que fueron cometidos antes de julio del 2002.
Ante la inminente aprobación de la ley, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado dos días antes de la votación, remarcando la necesidad de que en Lima se abstengan de dicha norma. Esta nueva intervención del Parlamento se trata de un nuevo intento de desprecio hacia las víctimas y su búsqueda de justicia, además de una flagrante violación al derecho internacional.
Como era de esperarse, esta norma fue promovida e impulsada por sectores de la ultraderecha, como Renovación Popular y algunos referentes cercanos al ex presidente Fujimori , que a fines del año pasado había sido indultado.
La primer mandataria Dina Boluarte, aún no se ha pronunciado sobre el asunto. Su gobierno tiene la potestad de vetar dicha ley, pero no se espera que eso suceda ya que el primer ministro Gustavo Adrianzén cargó contra la CIDH por su negativa a que sea aprobada la norma. Además, el actual gobierno carga con la muerte de 49 personas debido a la represión de manifestantes por el indulto a Fujimori.
Dicha norma fue elevada hacia una segunda instancia en la comisión permanente del Congreso. Las bancadas de derecha aprovecharon el receso parlamentario para concluir con el proceso y llevar la segunda votación hacia la Comisión. De esta manera los impulsores de la ley se aseguran tener una disidencia acotada al momento del debate y de votar la ley.
El texto de la ley que beneficiaría a cientos de represores, establece la prescriptibilidad de los delitos mencionados como crímenes de lesa humanidad y que fueron cometidos antes del primero de julio de 2002, por ser esta fecha en la que el país adhirió al Estatuto de Roma. Esta polémica decisión del legislativo fue enérgicamente cuestionada por organismos y referentes de la justicia nacional e internacional. Solo cabe recordar las matanzas de comunidades campesinas y desapariciones forzadas, violaciones, torturas y cientos de crímenes cometidos en los conflictos armados que sucedieron entre los años 1980 y 2000 y que no podrán ser juzgadas. Un icónico hecho de esos dias, fue por ejemplo el enfrentamiento entre el estado y el grupo terrorista Sendero Luminoso que dejó un tendal de 70 mil muertos.
Desde el Instituto de Defensa Legal, el abogado de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos Carlos Rivera, señala que la comunidad internacional “reconoce desde hace muchísimos años la tipificación de lesa humanidad como una forma de calificar delitos particularmente graves, horrendos, que no pueden ser considerados crímenes comunes y no prescriben, no es cierto que esto exista solo desde 2002 con el Estatuto de Roma. Hay un desarrollo intenso en la jurisprudencia internacional y de la Corte Suprema peruana en ese sentido”.
Por lo pronto, Fujimori seguramente solicitará la anulación del juicio en su contra por el secuestro, tortura y asesinato de seis campesinos en 1991. Según la Fiscalía de la Nación, actualmente existen unos 600 procesos judiciales que quedarían sin efecto bajo la aprobación de esta ley. La catarata de reclamos que se iniciarán de ahora en más, depositará nuevamente a Lima en el centro de la arena, donde de las eternas batallas judiciales serán para detener la impunidad que desde 1995 busca el Fujimorismo y sus aliados.
*Foto de Portada: Sitio Web Congreso del Perú