Por María Cecilia Bartholin, desde Chile-9 de marzo de 2022

En esta semana el gobierno saliente, al que le quedan tan solo siete días de gobierno, ha puesto suma urgencia a 51 proyectos de ley entre ellos la ratificación del TPP11 por parte del senado.

Esto es un intento más por parte de un gobierno deslegitimado, que en su momento (fines del 2019), le declaro la guerra a su pueblo y que ha violado sistemáticamente los derechos de los ciudadanos a la manifestación pacífica. Recordemos que de ratificarse el TPP11, haría imposible el cambio de constitución que lleva adelante la CC, deja al país en un Status Quo, sin poder cambiar la actual constitución, sin poder llevar adelante un desarrollo industrial en la industria del Cobre, el Litio, etc.

Los grandes cambios que se defendieron por sectores mayoritarios de la población en las calles antes y después del 18 de octubre del 2019 en Chile (educación, salud, jubilación, agua, pesca, etc.), y que son parte de lo que queremos en una nueva constitución, serán fuertemente cuestionadas utilizando el argumento de considerarlas expropiatorias.

Seguiremos siendo un país exportador de materias primas (sin poder agregarles valor), sin la posibilidad de llevar a Chile a un nivel de mayor desarrollo a nivel educacional, de salud, de medio ambiente, respecto del agua, de los derechos de los pueblos originarios, de las minorías olvidadas, como las personas con discapacidad, de los derechos de las mujeres, etc.

Algunos ejemplos de ello son:

• Chile será presionado para cambiar su legislación, sus reglamentaciones e incluso sus políticas públicas, o aprobar determinadas leyes y regulaciones, con el fin de entregar mayores garantías al capital extranjero. Si se resiste podrá ser demandado por los otros países o por las empresas de los otros países en tribunales internacionales y privados. Es una pérdida inaceptable de la soberanía nacional y pone en peligro los cambios que esperamos consagrar en la nueva constitución.

• Chile deberá consultar todo proyecto legislativo, reglamentario o de políticas públicas con gobiernos y empresas extranjeras y tomar en cuenta sus observaciones.

• Nuestro país debiera decidir democrática y soberanamente frente a ello, pero el TPP11 lo impediría al profundizar las garantías y poderes otorgados a las empresas extranjeras que inviertan, se instalen o comercien con Chile. Especialmente, pero no de manera exclusiva, el Capítulo 9 entrega poderes unilaterales a las empresas extranjeras para impedir cualquier proceso de cambio legislativo o reglamentario que ellas consideren que afecta sus ganancias o sea “expropiatorio”.

• Las garantías entregadas por los TLCs ya en vigencia han permitido que, sobre la base de decisiones legislativas o de políticas públicas adoptadas en pandemia, haya desde ya varias transnacionales (entre otros, Ohio National Insurance, por retiro de rentas vitalicias; Met Life, por la misma razón; Groupe Aeropuerto de Paris y Vinci Airports, por normas en Aeropuerto de Pudahuel) que han demandado o anunciado demandas contra el Estado de Chile en el CIADI. El TPP-11 otorga mayores oportunidades y fuerza legal al poder de las transnacionales para bloquear cualquier cambio legislativo o constitucional que responda las demandas de cambios sociales.

Con todo lo anterior debemos movilizarnos y exigir a los senados que están allí para ser la voz de aquellos que los pusieron en el senado para representarlos, no se lleve a votación este nefasto tratado y permitir llevar adelante el cambio de constitución que el pueblo mayoritariamente exigió en las calles. Y que los asesinatos de tantos chilenos y chilenas (aun exigiendo justicia), las violaciones a mujeres por parte de carabineros, la pérdida parcial y total de visión de tantos chilenos, los presos políticos de la revuelta del 18 de octubre, no sean en vano.

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Fuente: www.chilemejorsintlc.cl

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*Foto de portada: change.org

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