La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), apoyó a los jueces que están siendo investigados por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por realizar publicaciones en redes sociales, y cuestionó las críticas al sistema judicial, que entiende como algo que afecta "la solidez del sistema judicial uruguayo".
Mediante un comunicado, AMU informó que está trabajando en un documento sobre buenas prácticas y el uso de plataformas digitales y redes sociales por parte de funcionarios judiciales. También brindarán talleres apuntados al relacionamiento de jueces con los medios de comunicación.
Además, mostraron preocupación por los "crecientes ataques al funcionamiento de la Justicia", y que esto pasa "mediante el uso de casos puntuales que aún están siendo investigados", lo que afecta "a la solidez del sistema judicial uruguayo".
El documento acompaña a "los más de 500 jueces que día a día ejercen sus tareas comprometidos con los valores de imparcialidad e independencia, aplicando la normativa nacional e internacional, fundamentales para el buen funcionamiento del sistema judicial".
Dos casos salieron a la prensa en las últimas semanas, donde funcionarias judiciales se expresaban más allá de sus cargos, en redes sociales. La jueza de paz de Treinta y Tres, Florencia Ferreyra, fue sumariada y separada del cargo luego de realizar publicaciones en su cuenta de Instagram. "¿No te gustan las decisiones del presidente? Nadie te preguntó. Jodete y arrancá pal juzgado", expresó públicamente. Asimismo, compartió una frase que se hizo popular desde que el exministro del Interior Jorge Larrañaga (fallecido en 2021): "Hay orden de no aflojar". La sanción se desató a partir de una investigación realizada a Ferreyra por malos tratos a funcionarios.
Ada Sire, jueza de 6° turno especializada en familia, está siendo investigada por una publicación en su cuenta personal de Tik Tok, donde representó conversaciones de corte machista. "Del título 'las hijas de los otros porque la mía es una santa' llega, 'uy, la violaron, debe ser la culpa de ella'. Pero existen otros títulos también, como 'esa mina está histérica, debe estar menstruando', 'qué mal cogida está esa mina, por Dios', o 'qué se le va a hacer, es varón'", manifestó. Allí también invitó a dejar de "elaborar construcciones teóricas a partir de seguimientos patriarcales".
Otro caso investigado es el de la jueza Carla Gómez, que desempeña funciones en Tacuarembó en el juzgado penal de 5° turno, por maltratos e irregularidades. Puntualmente, se la investiga por utilizar un patrullero para simular la detención de una compañera del juzgado donde trabaja para hacer una broma, y por modificar una sentencia que ya estaba publicada en el sistema del Poder Judicial.
Si bien no existen normativas que regulen el uso de redes sociales por parte de funcionarios judiciales, desde 2016 circula una guía que repartió la SCJ y que fue elaborada por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, con recomendaciones de uso. Algunas de las pautas proponen evitar "cualquier contenido que no pueda ser expuesto públicamente", siendo imparciales, y manteniendo una "responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional y prudencia".
"La integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura", advierte el documento.
Otro de los puntos señala que "no puede embanderarse en posturas políticas partidarias ni, en general, exteriorizar posiciones que lo muestren susceptible de verse influido por grupos o personas por fuera de la objetiva fuerza de convicción que encuentre en las argumentaciones vertidas en un debate judicial".
Uno de los investigadores de los jueces es el Colegio de Abogados del Uruguay, que días atrás expresó que los funcionarios del Poder Judicial deben evitar "cualquier desvío o violación" de los principios de "independencia, imparcialidad, transparencia y rectitud".
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*Foto de portada: AMU