Para el 10 de junio de 2022 ha quedado la audiencia por la solicitud de sobreseimiento de la causa iniciada por la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich contra el presidente Sebastián Piñera, y además, los ministros de Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y el exgeneral Mario Rozas, todos ellos, por las eventuales violaciones a los derechos humanos en el contexto de la revuelta social de octubre 2019, la que fue acogida por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago (tribunal de primera instancia) de Chile.
Con fecha 29 de abril de 2021 se ingresó una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, patrocinada por el exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED). El texto de la demanda presentada trataba de demostrar que los hechos de violencia policial contra manifestantes entre octubre de 2019 y febrero de 2021 fueron desarrollados de forma sistemática, tal la clave. Pero en lo fundamental, invocaba una acción de la CPI, ya que, a juicio de los denunciantes, los tribunales de justicia y el Ministerio Público “han tenido una demora injustificada”. La Corte podría tardar años solo en declarar la admisibilidad del recurso, por lo que se espera que sea un proceso largo.
El problema es que la CPI para tener injerencia necesita una sentencia de un tribunal chileno en este tema, que certifique la “violación sistemática” de los DDHH. Y la legislación chilena necesita de alguien, una institución independiente especializada y nacional, que investigue si existió esa violación sistemática a los DDHH. No se rige por lo que digan Amnistía Internacional, la comisión Interamericana de los DDHH, ACNUDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y Human Right Watch, todos quienes si certificaron las violaciones a los DDHH como crímenes de “lesa humanidad” que son imprescriptibles, sino por lo que diga el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos).
Por esto, los jóvenes de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), que siempre tienen las cosas más claras que el resto de la población, hace seis meses mantienen una toma permanente a la sede del INDH, exigiendo la renuncia de su actual director, Sergio Micco, quien es un discípulo fiel y servil a Piñera. Micco, quien es incluso repudiado por los empleados del INDH, se ha convertido en un verdadero candado que garantiza la impunidad de Piñera y otros con él, ya que al no reconocer la ”violación sistemática” de los derechos humanos, los tribunales chilenos, no tienen un piso legal para juzgarlo y condenarlo, entonces la CPI se tiene que declarar incompetente.
Por esto hemos considerado muy importante estar apoyando a estos jóvenes en su lucha, junto a muchas instituciones más.
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*Foto de portada: El Desconcierto