Piñera lanza un programa de identificación sin apoyo de las organizaciones de DDHH

Por Antimafia Dos Mil-14 de enero de 2022

El gobierno de Sebastián Piñera, pronto a concluir, pondrá en marcha un proyecto que pretende restituir las identidades de unas 700 personas, que se encontrarían tanto en el extranjero como dentro del territorio chileno, las cuales fueron secuestradas y apropiadas siendo infantes durante la era pinochetista.

Durante la etapa militar de la dictadura fascista en Chile, gobernada por el tirano Augusto Pinochet, aproximadamente 2100 niñas y niños fueron separados de sus familias, mayoritariamente pobres, para luego ser dadas en adopción de manera ilegal. Muchas de estas infancias fueron entregadas en el extranjero, en particular en Suecia. En aquel país el periódico Dagens Nyheter, realizó una serie de investigaciones donde se pudo constatar que las apropiaciones fueron “desarrolladas a partir del uso del poder cívico-militar, que regulaba el cuidado de la infancia e inhabilitaba judicialmente a madres solteras y familias para ejercer el cuidado de sus hijos o hijas”.

El proyecto del gobierno saliente, a través del Ministerio de Justicia, pretende asignarle la potestad a un banco internacional de datos. Esto significaría que una empresa privada sería responsable de crear un banco de ADN, que sirva para cotejar las identidades de los infantes, hoy adultos, apropiados.

Desde la organización por los derechos humanos, HIJOS y Madres del Silencio (HMS), presentaron un fuerte reclamo ya que consideran que el gobierno faltó a su palabra de promover un banco de huellas y de ADN nacional. Además, este proyecto excluyó a las numerosas organizaciones civiles que desde hace años vienen trabajando en esta ardua y compleja tarea. HMS, con un presupuesto auto gestionado y prácticamente nula colaboración estatal, hasta el momento, ha logrado reunir a 260 familias en Chile, que habían sido víctimas de la dictadura pinochetista y de la apropiación de sus infantes.

Según narraron desde la ONG al periódico Página/12: “El banco internacional de ADN no es un ente estatal, es propiedad de empresas internacionales y no da garantías a las familias del tratamiento de sus datos, pues son test personales donde se supone que son evaluados por cada persona. Acá no se sabe quién va a manejar esos datos y garantizar su privacidad”. Siendo que desde el Ministerio de Justicia se habían comprometido a concretar un banco nacional de datos. “Lamentamos que después de manera unilateral ellos hayan considerado que el banco no funcionó”, afirmó el diputado por el Partido Comunista, Boris Barrera, quien estuvo a cargo de la ‘Comisión Investigadora de Adopciones Ilegales’.

Otro de los importantes reclamos que surgen desde HMS, es que el Estado privilegió con fondos públicos el trabajo de la organización ‘Nos Buscamos’, la cual es acusada por organizaciones suecas por presionar a los familiares y a las víctimas para someterse compulsivamente a los estudios, violando sus derechos.

“Nosotros no queremos que las ONGs, fundaciones o ningún tipo de organización se haga cargo de esta banca de huellas genéticas (…) esto lo corresponde al Estado no a particulares”, refirió Sol Rodríguez, presidente de HMS.

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*Foto de portada: elmostrador.cl

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