Formaron parte del Supremo Tribunal de Justicia de Formosa durante la dictadura militar
 
Por Antimafia Dos Mil-4 de diciembre de 2021

Los exjueces Bernardo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, serán llevados a juicio oral y público por el Juzgado Federal de Formosa, por haber encubierto los crímenes de lesa humanidad cometidos contra empleados del Poder Judicial de aquella provincia, quienes fueron secuestrados, torturados y desaparecidos dentro de la lógica del terrorismo de Estado, que asoló a la Argentina, durante la etapa militar de la dictadura.

En mayo de 1976, Montoya y Vázquez Rey, junto a Sergio Alfredo Martínez y Juan Fernández Bedoy habían sido nombrados jueces del máximo tribunal provincial, por el interventor golpista, el coronel Juan Carlos Colombo. En un periodo comprendido entre 1976 y 1977, el tribunal emitió varias acordadas, donde fueron suspendidos y cesados los empleados del propio Poder Judicial que habían sido secuestrados por los grupos de tareas. Allí operaron las “patotas” del Área Militar 234, con asiento en el Regimiento de Infantería de Monte 29 (RIM 29), donde funcionó uno de los Centros Clandestinos de Detención (CCD).

La causa se originó en el año 2007, gracias a la denuncia de Adriano Acosta, quien era el jefe de imprenta del Supremo Tribunal de Justicia de Formosa, en aquellos años. Es importante destacar que la causa estuvo cajoneada durante casi 10 años. Hasta el momento, solo 48 de los más de 400 jueces y fiscales que operaron en connivencia con la dictadura, fueron procesados. De los 48, solamente 11 fueron condenados, lo que deja en evidencia el claro blindaje de la corporación judicial.

Acosta fue secuestrado el 5 de agosto de 1976, y al momento de la detención se encontraba en su lugar de trabajo, dentro de Tribunales. Antes de ser llevado, anunció su situación al secretario de los jueces. Primero fue trasladado a la Sección Cuatrerismo de la Unidad Especial de Asuntos Rurales del Ejército, después fue llevado al RIM 29. En estos lugares fue torturado. A los días su situación se lo “blanqueó”, esto significa que el Estado aceptó su existencia y su detención, y fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Pasó tres años por distintas cárceles en las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe, hasta que finalmente fue liberado.

En el operativo de aquel 5 de agosto, también fueron secuestrados Mirta Insfran y Ricardo Borne, quienes estaban casados, Andrés Medina, Ángela Colman y Raquel Lebi. Mirta y Ricardo fueron secuestrados en la calle, mientras viajaban en autobús, ambos fueron torturados, y ella abusada sexualmente. Hasta la fecha continúan desaparecidos. Andrés, también fue torturado brutalmente, luego fue puesto a disposición del PEN, pasó 5 años preso. Ángela estuvo detenida durante un año, y también fue torturada. Raquel Lebi, luego de su secuestro, fue trasladada a la Jefatura de Policía, y después al RIM 29, donde fue torturada y abusada sexualmente. El día anterior dentro de la misma lógica, Elsa Alicia Chagra, quien trabajaba en el Archivo del Supremo Tribunal, fue secuestrada de su vivienda, fue torturada en distintos CCD y terminó su circuito en la cárcel de Devoto. Todos cumplían de alguna manera tareas vinculadas a la actividad sindical.

En el mismo marco, fueron secuestrados los jueces Héctor Tievas y Timoteo Alvarinho, pero su caso se tramita en otra causa, que investiga además el secuestro, tortura y desaparición de otros cinco funcionarios judiciales. Pero es importante tenerlos presentes, para comprender la sistematización de operaciones que atentaban contra aquellos funcionarios del Estado que resistían el avance del terrorismo de Estado.

Fernández Bedoya murió antes de que iniciara la causa. En el caso de Martínez murió este año impune, como consecuencia directa de la dilatación de los tiempos procesales. Ahora, Vázquez Rey y Montoya deberán enfrentar los cargos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de delitos de lesa humanidad. Estando en funciones omitieron deliberadamente constatar la legalidad de las detenciones, así como también las condiciones en las que se encontraban. Esto, teniendo en consideración que conocían las detenciones, y que luego fueron formalizadas al ser puestos a disposición del PEN.

Según la jueza María Belén López Mace, titular de la causa, los exjueces “poseían el imperativo legal y normativo del deber de tutela judicial efectiva de los derechos y garantías de los ciudadanos en general y de las víctimas del presente proceso en particular”. La jueza destaca con particular atención aquellos “aparatos ideológicos del Estado tales como los medios de comunicación, la Iglesia, las entidades educativas, etc”, que contribuyeron al andamiaje del aparato represivo desde sus funciones civiles. Considera que debemos prestar “particular atención de aquellas esferas que, al margen de no revestir tal carácter (el de ser ejecutores de los actos terroristas en sí mismos, ndr), contribuían de igual modo al sustento de tales ‘políticas estatales’ a partir de una actuación -a decir- más sutil pero no por ello, menos influyente en el resultado”.

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*Foto de portada: pagina12.com.ar

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