Organizaciones advierten que el nuevo proyecto de ley viola los tratados internacionales

y expone a situaciones de vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes

Por Mikaela Melo y Fátima Amaral-31 de julio de 2021

En el Parlamento uruguayo está en discusión una propuesta de ley de infancias que busca establecer un nuevo régimen de tenencia compartida. El Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA) habían presentado dos Proyectos de Ley sobre esta temática de forma independiente: “Corresponsabilidad en la Crianza” (PN) y “Tenencia Compartida responsable” (CA). Actualmente, se afianzan para unificar textos, ya que ambas propuestas comparten el mismo objetivo.

El Comité de los Derechos del Niño considera que los proyectos fueron planteados de forma engañosa, ya que al escuchar sus nombres parecen propuestas bien intencionadas; pero al revisar sus contenidos se encuentran varios motivos para considerarlos un retroceso en materia de DDHH.

Ambos no contemplan el Art. 6 del Código de la Niñez y Adolescencia, el cual refiere al interés superior de niñas, niños y adolescentes: “consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana”.

La ley actual también contempla el derecho a ser personas oídas, en cambio, estos proyectos lo relativizan, al realizar un juicio de valor sobre los distintos testimonios provenientes de niños, niñas y adolescentes, donde se evaluarán si son consecuencias de voluntad autónoma progresiva o no.

Por otro lado, en su redacción se puede visualizar una regresión al “Código del niño” de 1934, al utilizar la palabra “menor” para referirse a niños, niñas y adolescentes, la cual únicamente degrada y rebaja a esta población a objetos de tenencia y no sujetos de derechos. Es fundamental reconocer que se encuentran en un proceso de crecimiento y desarrollo con su autonomía progresiva-voluntaria para poder gozar y ejercer derechos.

Uno de los temas más alarmantes es la negación a la protección integral de niños, niñas y adolescentes en los casos de denuncia de violencia basada en género, abuso sexual infantil o similares, ya que proponen que no se detenga la tenencia alternada y que se respeten las visitas mientras no exista una sentencia judicial firme de condena, la cual puede tardar meses e incluso años.

Con respecto a lo anterior, el código de la niñez y adolescencia, en su modificación la ley 19.747 establece explícitamente que la exposición de violencia doméstica contra madres u otras personas constituye violencia directa. Y la ley 19.580, de violencia basada en género, establece la suspensión de las visitas por un tiempo determinado.

Actualmente los casos de abuso infantil son difíciles de comprobar y la mayoría provienen del ámbito intrafamiliar. Según estadísticas elaboradas por el Sistema integral de protección a la infancia y adolescencia contra la violencia (SIPIAV) en el año 2020, 9 de cada 10 agresores corresponden a familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia de niñas, niños y adolescentes, identificándose al padre (38% de los casos), seguido de la madre (24%), pareja de la madre (15%), otro familiar (13%).

¿De dónde surgen estas propuestas retrógradas?

De organizaciones conformadas en su mayoría por padres, varones que fueron señalados por una sentencia judicial bajo cargos de abandono, abuso, violencia infantil o de género, entre otros. Estas no se basan en una mayor garantía para los derechos de niños, niñas y adolescentes, se caracterizan por ser salomónicas y adulto céntricas.

La organización Todo por Nuestros Hijos (TPNH) realizó inicialmente la elaboración del proyecto de ley llevado adelante por el Partido Nacional, presentado anteriormente en el año 2016, por el actual presidente Luis Lacalle Pou, quien ejercía como senador.

En sus discursos más recurrentes se identifican como víctimas, rehenes de una tradición cultural que discrimina a los hombres y de las denuncias falsas de ex parejas. Hablan de un ejercicio abusivo de derechos por parte de las mujeres, que alejaría injustamente a miles de niños, niñas y adolescentes de una de las personas progenitoras. La realidad es que no existe análisis de jurisprudencia que pruebe que la justicia actúe sistemáticamente a favor de las madres.

Carlos Ferreira, abogado de TPNH sostiene los datos de una investigación realizada por la organización en donde se afirma que de 40.000 denuncias por violencia doméstica el 97% son falsas. Por otra parte, Andrea Tuana, directora de la ONG “El Paso”, argumenta que los casos de denuncias falsas son realmente excepciones (4%).

Estos proyectos nefastos vienen gestándose hace años y hoy son tomados por los sectores más conservadores. En donde personas como Manini Ríos, quien es cómplice de los delitos de lesa humanidad cometidos en el período de la dictadura uruguaya, es uno de los mayores impulsores. Como también lo es la senadora del% PN, Graciela Bianchi, quien en un debate en Radio Uruguay argumentó: "acá no gobiernan las organizaciones sociales”. Esto plasma una forma de gobernar autoritaria que no delibera democráticamente con el pueblo.

En este contexto, organismos internacionales y nacionales, colectivos y organizaciones sociales realizaron el lanzamiento de la campaña #Unaleyinecesaria que #Dañalainfancia, con el fin de alertar a la sociedad sobre los riesgos que este tipo de proyectos generan en varios aspectos.

El comunicado elaborado por las personas que integran la campaña, que está dirigido a la opinión pública, advierte que "Ambas propuestas violan convenios internacionales que nuestro país ha ratificado y está obligado a cumplir, especialmente en relación a los principios orientadores de la Convención de los Derechos del Niño".

Detengamos el avance de políticas conservadoras y retrógradas que como expresa la campaña únicamente dañan las infancias al pretender anular distintos derechos necesarios para garantizar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

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*Foto de portada: Comité de Derechos del Niño Uruguay

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