Por Fiamma Fretes, desde Paraguay-28 de julio de 2021

El Paraguay reconoce la existencia de 19 pueblos indígenas distribuidos en todo el territorio nacional. Según el tercer Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012, 117.150 personas indígenas viven en el país. Cabe destacar que el censo no incluye, pero sí lo menciona, al pueblo “Ayoreo” que vive en un aislamiento voluntario.

A pesar de que nuestro país votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ratificó el Convenio 169 de la OIT, hasta la actualidad se siguen violando sus derechos transgrediendo todas las leyes que los protegen, ya que las instituciones encargadas de velar por ellos son manipuladas por los dueños de empresas multinacionales y de empresarios paraguayos que alquilan sus tierras para el monocultivo de soja, maíz, trigo, etc. Por otra parte, los indígenas resultan un blanco fácil ya que no ofrecen resistencia física ni legal. Además, no poseen el capital financiero para sobrellevar cualquier acción judicial o constitucional.

Entonces, los antiguos territorios ancestrales indígenas se convirtieron en enormes extensiones de cultivo de poderosos agroindustriales, a quienes jamás les importó los derechos humanos de los pueblos indígenas.

El Estado no promueve, interpreta o aplica la Declaración, ni el Convenio en suficiente medida. Además, hace caso omiso a los artículos 62, 63, 64, y 65 de la Constitución Nacional y del Estatuto de INDI (Instituto Paraguayo del Indígena). Por tal motivo se puede citar los desalojos ocurridos en los últimos meses: jueves 13 de mayo, fueron desalojadas 85 familias del pueblo Ava Guaraní en la Comunidad Cerrito del distrito de Minga Pora, ubicada al Norte del departamento Alto Paraná. En dicho lugar llegaron policías, militares y funcionarios del Ministerio Público (entidad que tiene la obligación de promover acción penal para defender los derechos de comunidades indígenas) con una orden judicial de desalojo por invasión de inmueble, arrojaron gases lacrimógenos ya que las familias se resistieron a abandonar su hogar; martes 1 de junio, en el dpto. de San Pedro fueron desalojadas 80 familias de la comunidad Yvy Pora, perteneciente también al pueblo Ava Guaraní, ubicadas en el distrito de Santa Rosa del Aguaray. Así mismo el jueves 9 de junio en la comunidad Acaraymi distrito de Hernandarias atropellaron a 150 familias con armas de fuego; jueves 16 de junio, las familias de la comunidad Ka´a Poty 1 (Ava Guarani), ubicadas en el distrito de Ytakyry, fueron violentados en sus derechos con una orden de desalojo que promovió una ex fiscal de Ciudad del Este (capital de Alto Paraná), quien afirma tener un título de propiedad de 7 hectarias en el territorio de esta comunidad; miércoles 7 de julio, en el distrito de Ytakyry, otras familias ubicadas de la comunidad Ka´avusu (Ava Guarani) son desalojadas de su hábitat por conflictos de tierra similares a los casos anteriores. El mismo día fueron desalojados familias de la comunidad Cristo Rey en Yvyrarovana, departamento de Canindeyu; domingo 11 de julio, varios civiles armados atacaron por tercera vez en el año al pueblo Pai Tavytera y desalojaron a 15 familias de sus tierras ancestrales en el departamento de Amambay, ubicado al noreste del país, frontera con Brasil.

Desalojo violento a comunidades indígenas en Paraguay 2

Es importante mencionar que la mayoría de estas comunidades desalojadas van a acampar en la Plaza de Armas, ubicada frente a la Catedral de Asunción, y otros lugares de la capital. Viven en pésimas condiciones, teniendo que aguantar hambre, frío y la inoperancia por parte del Gobierno.

Los desalojos no son una situación nueva, pasan casi todos los días en las diferentes comunidades indígenas de toda América latina. Y es algo que se repite desde 1492, con la llegada de Colón. Con el paso del tiempo surgen nuevas leyes que les otorgan nuevas tierras o los reubican en asentamientos cada vez más lejanos y reducidos. Pero estas leyes parecen solo adornar los discursos políticos de quienes pretenden usar las problemáticas de los pueblos originarios para posicionarse mejor. Pero en la realidad no se respetan. Y los desalojos de sus tierras son cada vez más violentos.

Las tierras pertenecen ancestralmente a las comunidades originarias. Y son reconocidas en el convenio 169 de la OIT. Pero son allanadas a pedido de empresarios que quieren expandir sus negocios a costa de la destrucción del suelo. Y en complicidad con la mano blanda del Estado. Y de la justicia que no está ciega, pero que parece siempre mirar para otro lado: el del capital extranjero o nacional.

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*Fotos de Comunidad Ka’a Poty

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