En los primeros días de junio se conoció el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), un organismo integrado por laicos, pero dependiente de la Iglesia Católica, en contra del proyecto de una nueva ley de biocombustibles para la Argentina, ya que la actual ley vigente desde 2006 se encuentra bajo prórroga hasta este 12 de julio de 2021. Existe además otro proyecto para prorrogar la ley vigente hasta el 2024.
Se critica por parte de esta organización, así como por otros actores de la economía, que la misma propone bajar el porcentaje de corte, es decir el porcentaje obligatorio de biocombustibles que deben mezclarse con la nafta o el diésel, como forma de disminuir el consumo de petróleo. Además, se dice que esta ley pone en riesgo las fuentes de trabajo generadas por esta industria, así como que establece un "franco retroceso en la política ambiental argentina", y en el cambio "hacia una matriz plenamente sustentable". Esto afectaría el cumplimiento del Acuerdo de París, es decir el cumplimiento de acciones que busquen mitigar la aceleración del cambio climático.
¿En qué marco debe entenderse este pronunciamiento de la CNJP?
Debemos saber que la misión de la Comisión es"estudiar y generar acciones que se propongan un desarrollo humano integral y el cuidado de la creación, conforme el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, para generar políticas públicas, con particular atención a la situación de las personas vulneradas".
Volviendo al nuevo proyecto de ley para los biocombustibles que fuera presentado desde el "oficialismo", entre sus fundamentos encontramos datos y cifras que nos aproximan a una primera idea de esta forma de producción de combustibles:"hoy han pasado casi 15 años de la sanción de aquella ley y es mucho lo que se ha avanzado. De la mano de este marco normativo y de las políticas públicas instrumentadas en consecuencia, nuestro país profundizó el desarrollo de esta nueva fuente de energía. En la actualidad existen unas 54 plantas productoras de biocombustibles distribuídas en 10 provincias. Un crecimiento del 400%. En este mismo período sólo el bioetanol ha sustituido importaciones de nafta por 520 millones de dólares, el biodiesel ha exportado por un valor de 900 millones de dólares y se calcula que entre 2010 y 2020 los biocombustibles en general sustituyeron importaciones por 27 mil millones de dólares. A su vez, en materia de empleo, las plantas productoras de biocombustibles en estas 10 provincias representan unos 65 mil puestos de trabajo".
Para entender la importancia del tema recordemos que el bioetanol es producido por un proceso de fermentación, y es extraído principalmente de la caña de azúcar, la remolacha o el maíz, y se utiliza para sustituto de la gasolina. El biodiesel se obtiene principalmente de aceite de palma o soja, y se mezcla con el diésel.
A su vez debemos saber que existen biocombustibles de primera generación que son los producidos en base a aceites vegetales, principalmente extraídos -y no podemos engañarnos aquí- de la palma y la soja. Y luego están los de segunda generación, que son producidos a partir de los desechos agrícolas, o como en el caso de Uruguay, a partir del aceite de fritura -pero, tampoco nos engañemos- prácticamente no tiene incidencia en lo producido, aunque puede ser una buena forma de evitar la contaminación que su vertido al agua produce.
Hagamos ahora un poco de historia para poder contextualizar. Bajo el argumento de ser fuentes renovables y sustentables de energía, la Unión Europea ha promovido en todo el mundo bajo las Directivas 2009, el uso de biocombustibles. Allí se detallan cuáles podrán ser las distintas materias primas de los biocombustibles, y se hace referencia al concepto de biomasa en una forma muy amplia, nombrando entre otros los desechos industriales o agrarios. A pesar de esto, la verdad es que la soja suministra la materia prima para el 26% del biodiesel y la palma aceitera el 35% del mismo consumido en el mundo. El porcentaje de la soja tenderá a aumentar debido a que hoy en día existen fuertes críticas hacia el monocultivo de la palma aceitera, por las graves consecuencias ambientales y sociales que ha producido en Indonesia. Siendo que el cultivo de soja en países como Argentina y Paraguay cubre el 60% de las tierras cultivadas, debemos preguntarnos necesariamente si bajo esta forma de producción de biocombustibles no estamos contribuyendo a generar un desastre ambiental producido por el monocultivo de soja, y de qué clase de energía renovable y sustentable estamos hablando.
Hemos hablado en artículos anteriores de los daños ambientales nefastos que produce el monocultivo de soja, que necesariamente para ser monocultivo, debe ser transgénico y además conllevar el paquete tecnológico, que incluye el uso de fertilizantes cancerígenos como el glifosato, provocando la contaminación del agua, el aire, y la tierra, la despoblación del campo y la extranjerización de la tierra, así como la concentración de esta producción en pocas manos. No olvidemos que las proveedoras del paquete tecnológico y de las semillas son grandes multinacionales entre las que se cuenta Monsanto, Cargil, Bunge, ADM, Syngenta, etc. Y no es un dato menor que el 90% de la soja argentina tiene como destino China, para producir alimento para ganado.
Si bien en muchos documentos y leyes sobre biocombustibles se dice que se busca que existan pequeñas empresas involucradas en su producción, la verdad es que tanto la producción de la materia prima, que tanto en Argentina como en Uruguay es principalmente la soja, como la producción de los biocombustibles terminan en el caso de Uruguay en manos del Estado, y en caso de la Argentina, en manos de grandes capitales debido a los costos de producción asociados.
Por tanto, parecería ser que desde el punto de vista económico vuelve a repetirse que son los grandes capitales que se apropian de una nueva forma productiva, y por tanto ocurrirá que los intereses financieros y de mercado tendrán más valor que el de las "personas vulneradas", como lo son las personas "fumigadas con agrotóxicos", consecuencia del modelo sojero de producción.
En Argentina "funcionan alrededor de 36 plantas de biodiesel con una capacidad instalada de 4,4 millones tn/año. De esas 36, sólo 12 poseen una capacidad igual o mayor a 100 mil tn/año, 11 de las cuales están ubicadas en el Gran Rosario. Es así como la provincia de Santa Fe ocupa un rol relevante en esta industria, con 18 plantas en su mayoría de gran tamaño que registran el 79% de la capacidad total de producción nacional”, según el sitio Visión Sustentable.
Volviendo al proyecto en cuestión, quienes se oponen al él y también uno de los argumentos esgrimidos por la Comisión Nacional de Justicia y Paz, se encuentra el hecho de que esta forma de producir biocombustibles es sustentable y renovable, y que disminuye la emisión de los gases de efecto invernadero, por tanto, es una forma en la que gran parte de los países del mundo se comprometieron para no contribuir con el peligroso cambio climático mundial.
Sin embargo, existen distintos estudios, entre ellos el conocido como Informe Globiom que fuera encargado por la Comisión Europea a tres consultoras (IIASA, Ecofys y E4Tech), con el objetivo de estudiar el impacto climático de los biocombustibles. El informe concluye que si se toma en consideración todo el ciclo de vida de los biocombustibles, incluyendo las materias primas con que se fabrican, en el caso de la soja supone dos veces más emisiones de gases de efecto invernadero que el diésel fósil, y en el caso de la palma tres veces más. Estos datos surgen cuando los biocombustibles, sobre todo el biodiesel es de primera generación, como en el caso argentino, no tanto cuando vamos a los de segunda generación. El problema es que hasta ahora parece ser que para los únicos que puede garantizarse la cantidad necesaria de materia prima es para los de primera generación. Otra hipótesis podría ser, que las grandes multinacionales que están detrás de los monocultivos, ven otra veta por donde poder aumentar sus ganancias a pesar de que contribuyan a aumentar un desastre ambiental, social, cultural, económico y sanitario sin precedentes a nivel mundial.
En el caso del etanol parecería no existir tanto daño ambiental, mientras que por supuesto, la producción estuviese localizada, y no se abuse de nuevos monocultivos con el fin de proporcionar materia prima para su producción.
Lo cierto es que al día de hoy con todas las tierras cultivadas para la producción de biocombustibles a nivel mundial no llega a cubrirse un 3,4% de la producción de petróleo. Siendo que la producción de cultivos está también dominada por el agronegocio con su paquete tecnológico asociado, y esto ya ha provocado una notable contribución a la producción de gases de efecto invernadero, mientras se sigan produciendo biocombustibles de primera generación, nos estaríamos simplemente engañando en cuando a que estamos tratando de disminuir el cambio climático. Por otro lado 65 mil puestos de trabajo no pueden costar la salud de tantas personas contaminadas con los herbicidas que están detrás de todos los monocultivos, materia prima de los biocombustibles.
Quizás entonces, las críticas encontradas a esta ley responden más bien a cuestiones financieras que nada hacen a la salud y la vida humana, a la búsqueda de energías renovables y sustentables, o a la atenuación del cambio climático.
Esperamos que lleguen hasta la Iglesia las distintas voces y distintos puntos de vista con respecto a esta nueva forma de producción de energía que no parece ser ninguna panacea a nivel mundial.
Quizás sería bueno que la CNJP profundizara el uso de la energía solar, que de por sí es sin duda renovable, y la sustentabilidad viene de la mano de la ciencia, que ya tiene formas de producirla, y de poner en segundo lugar aspectos financieros o económicos o las ganancias de los grandes capitales, frente a la salud humana, y el derecho de todos los pueblos a poseer todas las conquistas de la ciencia por igual.
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*Foto de portada: cnnespanol.cnn.com