Alberto Fernández, el presidente de la República Argentina demandó a la exministra de seguridad Patricia Bullrich por difamación y exigirá un pago de 100 millones de pesos.
La demanda surge luego del fracaso en la reunión de conciliación que tuvieron los dos políticos, con posterioridad a que la exministra denunciara, mediáticamente, que había irregularidades en la negociación entre el gobierno argentino y el laboratorio norteamericano Pfizer por las gestiones por la vacuna contra el Covid.
Bullrich durante un “show” televisivo declaró: “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente (Alberto Fernández) no lo ignoraba”. Por supuesto que no solo no presento evidencias de lo que decía, sino que tampoco presentó una demanda judicial sobre las supuestas irregularidades. Penosa la actuación de los conductores del programa que no exigieron las pruebas, al igual que tantos otros medios que se hicieron eco del vacío.
Prácticamente, de manera inmediata, el propio laboratorio difundió un comunicado oficial desmintiendo los dichos de Bullrich: “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna Covid-19”.
En paralelo a la denuncia presidencial, desde el Ministerio de Salud que dirigía Ginés González García, se presentó una denuncia penal contra Patricia Bullrich por sus acusaciones.
A través de su abogado, Gregorio Dalbon, el presidente de la Nación declaró que las retribuciones conseguidas serán donadas al Instituto Malbrán, el cual se dedica a la investigación científica de patologías. Además, se “pedirá se lea la sentencia en aquellos canales que se hicieron eco de las declaraciones de Bullrich sobre que el Gobierno nacional intentó colocar un intermediario en la negociación con Pfizer para obtener un retorno y que esto no le era ajeno al presidente”.
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*Foto de portada: www.elagoradigital.com